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El primer trimestre del año ha sido uno de los más complicados que hemos enfrentado como país: no sólo por un ciclo económico complicado y que aparentemente nos afectaría de manera importante –aunque ya distintos organismos han informado que subestimaron el crecimiento previsto del país- así como la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos.
Dado que las crisis son oportunidades, sin duda, este periodo implicó para México un profundo ejercicio de determinar qué haría ante un nuevo escenario económico y comercial, y la respuesta compartida entre los principales sectores económicos fue “productividad”.
Un elemento básico para alcanzar una mejor productividad es justamente la reforma emprendida en el ámbito laboral, que busca brindar herramientasa trabajadores y empleadores para consolidar una mejor relación con beneficio a ambas partes; mejores prácticas de transparencia y vigilancia sancionadora, equidad e inclusión laboral, y sobre todo, la definición de reglas claras para el apoyo sindical a los trabajadores.
Sin duda, el siguiente gran reto serán los procesos de mediación, para poder brindar una respuesta pronta a los más de 303 mil expendientes en espera de resolución, de acuerdo con datos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.
Quizá entre los principales retos que enfrentamos en esta nueva realidad para la justicia laboral es la modernización de los procesos de solución de conflictos, fortalecer el cambio cultural y la profesionalización del sector.
Aunque será hasta el mes de febrero del próximo año cuando los órganos jurisprudenciales encargados de vigilar y resolver controversias de este ámbito se adapten a este cambio para la implementación de la justicia cotidiana, las instituciones deben redoblar esfuerzos por mejorar sus prácticas internas.
Entre los principales cambios constitucionales destaca la transformación de las Juntas Federales, Especiales y Locales de Conciliación y Arbitraje en tribunales laborales independientes, que plantean una nueva visión que erradica prácticas irregulares, dando certeza a la inversión y generando confianza en los inversionistas.
Dicho dictamen constituye un paso adelante en la consolidación del Estado de Derecho en México, pues ahora, los trabajadores respaldados por la justicia laboral, cuentan con el compromiso y transparencia de las autoridades y organizaciones sindicales para velar por su bienestar y protección.
La transformación de esta nueva cultura laboral fortalece el Estado de Derecho y propicia un marco legal en beneficio de relaciones laborales más sanas, que son la base para detonar inversiones, generar empleos dignos con salarios competitivos y ubicar a México a la vanguardia ante un nuevo orden global.
Senador de la República y Secretario General de la CTM en el Estado de Coahuila.
