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Se han sucedido estos días numerosas declaraciones e invitaciones al debate público sobre la legalización del consumo lúdico y recreativo de la mariguana. Muchas de ellas son parciales y otras contradictorias; algunas francamente aberrantes, como aquellas que suponen la conversión de narcotraficantes en empresarios. Lo importante es la tendencia hacia la búsqueda de soluciones alternativas a problemas que no hemos resuelto y que se han agravado en el seguimiento de estrategias cada vez más inoperantes y que se originan en decisiones tomadas hace cuarenta años a escala mundial.
Lo propio de los procesos democráticos es la libre discusión de las ideas y la evolución de las normas y políticas públicas obsoletas. En este caso las decisiones impuestas son parte de un sistema de dominación global, aunque en las metrópolis se admitan excepciones que se niegan a las periferias. La trama descomunal de intereses económicos involucrados frena la experimentación inteligente e inhibe el ejercicio soberano de las atribuciones de las comunidades y de las naciones.
Adquiere singular relevancia que la Suprema Corte de Justicia decidiera programar —en vísperas de la selección de dos nuevos ministros— el debate sobre la legalización del cannabis, propuesta del ministro Arturo Zaldívar. Se trata de resolver un amparo interpuesto por la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Tolerante y Responsable en relación a artículos varios de la Ley General de Salud, que de ser votado favorablemente por tres de los cinco ministros que integran la Primera Sala, declararía constitucionales el derecho al autoconsumo y producción de mariguana para fines personales, entre otros efectos.
Con independencia de lo que ocurra el próximo miércoles, la discusión se ha vuelto a instalar en la conciencia pública. Se han retomado estudios de agencias internacionales, así como las experiencias locales implementadas en distintos países y provincias. La aportación de opiniones informadas podría contribuir a la articulación de una nueva estrategia, sin olvidar ninguno de sus componentes esenciales: la salud pública, la seguridad, los flujos financieros para el crimen organizado, el armamentismo e incluso la formalidad en el empleo.
Cuando la OEA trazó, en mayo de 2013, algunos escenarios para atajar el problema, afirmó que no se trataba de defender una postura unilateral, sino de “utilizar estudios serios y tomar decisiones correctas para obtener mejores soluciones”. El informe se inclinó, sin embargo, a la despenalización del consumo que debe ser considerada dentro de cualquier estrategia.
Quedó claro que “el problema encarado por la vía policial y la represión sigue estancado, mientras que parece ignorarse que la drogadicción es una enfermedad y como tal hay que tratarla”. Si bien la OEA se pronuncia por esos cambios legislativos, no establece una relación proporcional entre la legalización y el abatimiento a la criminalidad, ya que los cárteles han diversificado sus actividades productivas. Se requiere un conjunto de políticas coordinadas que, sin atentar el derecho de autodeterminación personal, combatan las adicciones, desmantelen las complicidades asociadas al crimen e incrementen la capacidad del Estado para prestar servicios públicos.
La modificación del actual esquema jurídico obligaría a la toma de decisiones institucionales en los más diversos campos. No se trataría de una medida aislada, sino de un detonador de reformas de gran alcance. Recordemos que durante el sexenio del general Cárdenas hubo un corto periodo donde el Estado monopolizó la venta de enervantes en dispensarios públicos, que dosificaba diversas drogas a los “viciosos”, como eran llamados en esa época, con el objeto de obtener resultados paulatinos y a largo plazo. El gobierno estaba convencido, además, que mediante la legalización de las drogas y su administración por parte del Estado se lograría erradicar el poder de los narcotraficantes y disminuir su consumo y tráfico ilegal.
Difícilmente podríamos avanzar en esa dirección mientras el gobierno norteamericano no modifique su actitud a pesar de las reservas por la violación generalizada de los derechos humanos. Mientras tanto apelarán a instrumentos y acuerdos internacionales, reforzarán las coerciones bilaterales y aumentarán la oferta de recursos, que mantienen al norte de la frontera la principal fuente de consumo y al sur la mayor parte de los muertos. ¿Por qué no relanzamos la convocatoria para una nueva Convención Mundial sobre la materia? Para eso también sirve la política exterior.
Comisionado para la reforma política del Distrito Federal
