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Hace unos días Escobar firmó su renuncia a la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana y explicó que su separación es con el objetivo de “facilitar el adecuado curso de las investigaciones”. Por cierto, quisiéramos saber ¿cuál habrá sido la intención de la FEPADE en hacer esto público sabiendo que es ilegal? Ya veremos si es inocente o no, una vez que se investiguen las irregularidades.
Pero lo central es que esta renuncia significa una nueva oportunidad para la prevención del delito. En principio, porque más allá de la designación del nuevo titular de la Subsecretaría (esperamos que ahora sí Osorio y el Presidente tengan el tino de nombrar a alguien con las capacidades necesarias), representa la oportunidad de que la prevención del delito tenga la importancia que merece para que los mexicanos vivamos más seguros.
A últimas fechas la prevención del delito se había vuelto un botín político, día con día veíamos cómo las acciones del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia se desvirtuaban y operaban más con fines electorales. Según me han dicho, esta Subsecretaría quedó desmantelada y como suele ocurrir: los servidores públicos con experiencia fueron relegados. En consecuencia muchos programas dejaron de operar, entre ellos las mesas de diálogo con la sociedad.
Ya es momento de tomar en serio la prevención del delito en México. Empecemos por la rendición de cuentas de los recursos públicos que han sido invertidos y de los resultados. No podemos seguir con programas que no ofrecen resultados, por lo que debemos aprender del pasado, de la evidencia de lo que funciona y lo que no, así como también de las experiencias internacionales en las que se han implementado programas exitosos.
Por otra parte, esta renuncia representa la oportunidad de que debatamos abiertamente el andamiaje institucional que es responsable de la prevención. No olvidemos que cada servidor público nos cuesta mucho y hoy hay estructuras para prevenir el delito por varios lados, por cierto desarticuladas. Actualmente convergen 9 dependencias del gobierno federal que tienen funciones específicas en la materia. Además, al interior de Segob se creó la Comisión Intersecretarial y la Subsecretaría, estas dos coexisten con el Centro Nacional de Prevención del Delito en el SESNSP.
Como podemos ver hay diferentes instituciones que ostentan coordinar la política pública de prevención del delito, siendo que la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia establece que el CNSP es “la máxima instancia para la coordinación y definición de la política de prevención” y refiere que el SESNSP apoyado por el Centro Nacional de Prevención del Delito es el que “coordina e implementa la política de prevención social de la violencia y la delincuencia”. ¿Será que es necesario modificar la ley? Como sea, es imprescindible que se reestructuren las instituciones y se adecuen los canales de comunicación entre las dependencias que convergen, para que las cosas funcionen y para que la política de prevención realmente sirva a los ciudadanos.
Finalmente, quiero señalar que esta renuncia nos ha mostrado, una vez más, que las cosas caen por su propio peso, que aunque Escobar trató de resistir el rechazo de organizaciones, y en repetidas ocasiones enfatizó que pese a las críticas no renunciaría, sólo bastaron 2 meses y medio para ver materializada su separación al cargo.
Ahora nos toca seguir trabajando para rectificar el rumbo de la prevención del delito en México. Es imprescindible que las organizaciones que nos vinculamos para dar seguimiento a este tema, no quitemos el dedo del renglón. Así lo haremos.
Presidenta de Causa en Común.
@MaElenaMorera
