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Mientras el presidente Peña Nieto presentaba el informe triunfalista del primer trienio de su administración, su homónimo en Guatemala, el presidente Otto Pérez Molina, renunciaba al cargo después de que el Congreso de su país, en un hecho sin precedente, le retiró el fuero para permitir la actuación del Poder Judicial.
La corrupción hace de nuevo noche de gala en los gobiernos latinoamericanos. El presidente Pérez Molina, cuya bandera de campaña fue terminar con la corrupción, enfrenta una orden de captura por asociación ilícita, cohecho pasivo y defraudación aduanera. Su ex vicepresidenta, Roxana Baldetti, está en prisión desde mayo por cargos similares y hay cuarenta funcionarios más investigados por el mismo caso.
Muy a tono con el signo de los tiempos, se acusa al presidente de asociación delictuosa —eufemismo jurídico del crimen organizado— por ser parte de una organización que mediante sobornos evitaba el pago de derechos de importación.
¿Que un presidente deba renunciar al cargo por acusaciones de corrupción es buena o mala noticia? Para el presidente, sus allegados y cómplices, pésima noticia. También lo es para la imagen política del país, pues confirma las sospechas y acusaciones por actos de corrupción. Es una buena noticia para quienes consideran que el Estado de derecho y el bien común deben predominar sobre los intereses particulares de quienes llegan al poder, y que ni la corrupción ni la impunidad de los gobernantes son una fatalidad.
Pero para llegar al momento actual tuvieron que suceder muchas cosas. Primero, la existencia de un actor imparcial, en este caso la Comisión Internacional en Contra de la Impunidad en Guatemala (CICIG), organismo de Naciones Unidas, a donde llegaron las denuncias e iniciaron las investigaciones. Segundo, la existencia de un juez que encontró sustento en las denuncias, armó el caso y actuó en consecuencia. La investigación implicó, entre otras cosas, la revisión de ocho mil escuchas y cinco mil correos electrónicos. Ya iniciada la bola de nieve, el Congreso, por apego a la ley o por conveniencia política, retiró el fuero al presidente. Se requerían sólo 105 de los 158 votos y sin embargo la votación fue de 132 a favor y uno en contra. Algo inusitado.
Los ciudadanos contribuyeron también a la causa, con recurrentes manifestaciones en la capital y en otros sitios del país. Incluso la Iglesia Católica, a través del arzobispo de Guatemala, se unió a los denunciantes y solicitó la dimisión del presidente. Pero el proceso jamás hubiera avanzado sin la actuación de un juez independiente y de legisladores que asumieran su parte. La división de poderes, uno de los pilares de los regímenes democráticos, fue decisiva. Ser juez y parte en los casos de corrupción dista de ser lo más recomendable. La cicatrización política de este caso no será fácil, pero mucho menos dañina que mantener el tumor canceroso dentro del organismo.
El juez Miguel Ángel Gálvez, sin duda una de las figuras claves en este proceso, concluyó la audiencia de la vicepresidenta con una frase contundente: “Desde una persona que hace la limpieza, hasta el presidente, son cargos que se deben realizar con honestidad”.
Un apunte para México en esta historia. La mayor parte de los delitos del crimen organizado en Guatemala están vinculados con México. Tráfico de drogas, tráfico y trata de personas, tráfico de especies, lavado de dinero, son delitos que cruzan la frontera común cotidianamente, con participación y complicidad de ciudadanos y autoridades de ambos lados. Ni estamos exentos ni somos ajenos a lo que sucede en Guatemala.
Director de Grupo Coppan SC.
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