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Nuestra casi centenaria Constitución previó, desde su texto original, el proceso legislativo con la intervención de dos poderes: el Ejecutivo en la iniciativa, promulgación y publicación; y el Legislativo también en la iniciativa y en la discusión.
El artículo 72 incluyó, desde 1917, un texto que se mantuvo sin aplicación en varios de sus incisos porque durante prácticamente todo el siglo XX, las iniciativas del Presidente fueron aprobadas por ambas cámaras sin mayores contratiempos y las iniciativas que tuvieron su origen en el Legislativo fueron escasas.
Cuando se dio la alternancia, en el discurso de toma de posesión, Vicente Fox señaló que iba a haber un cambio en las relaciones entre los poderes y acuñó la frase “El Presidente propone y el Legislativo dispone”; sin embargo, en el sexenio hubo varios desencuentros que concluyeron en un veto.
El veto, que implica regresar la iniciativa aprobada con observaciones, fue ejercido por primera vez en 2001 con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. En total fueron 16 durante el sexenio de Fox. Las observaciones al artículo 222 de la Ley de Salud fueron desechadas por el Congreso por una mayoría calificada por lo que constituyó un veto superado.
Durante el sexenio de Felipe Calderón fueron devueltas con observaciones 9 iniciativas. Dos fueron vetos superados: sociedades mercantiles y un fondo para contingencias ambientales.
Así comenzó a transcurrir un nuevo esquema de normalidad democrática con controles y equilibrios entre los poderes.
En agosto de 2011, se publicó una reforma constitucional para evitar el veto de bolsillo, llamado así porque sin formular observaciones expresas, la iniciativa aprobada, simplemente no se publica, se guarda. Aunque no hay registros de esto respecto de leyes federales, se estableció expresamente que después de transcurrido el plazo para formular observaciones, el Ejecutivo tiene 10 días para promulgar y publicar y si no lo hace, el presidente de la Cámara de origen ordenará su publicación sin que se requiera refrendo.
El lunes pasado concluyeron los trabajos de la LXII Legislatura y el saldo en el primer trienio de Peña Nieto es de cero vetos. La razón puede encontrarse en el denominado Pacto por México, espacio de concertación con los partidos políticos que se reflejó en las labores del Congreso.
En otros países, el veto también es parte del ejercicio democrático. En Estados Unidos de América todos los presidentes desde 1881 a la fecha, vetaron alguna ley aprobada por el Congreso. Llama la atención el número de vetos de Franklin D. Roosvelt, que presentó 635 en su periodo presidencial, que abarcó de 1933 a 1945. Esto muestra que las relaciones entre el Ejecutivo y Legislativo fueron particularmente difíciles en los años de la Guerra.
De los presidentes recientes, es Ronald Reagan el que suma el mayor número de vetos, con 78, de los cuales nueve fueron superados. George Bush padre presentó 44, Clinton 37, George W. Bush 12 y Barack Obama lleva 4.
Si hacemos el parangón con países latinoamericanos, encontramos que Argentina y Brasil diferencian entre los vetos parciales y totales. En la historia reciente, ha sido Menem, sumando sus dos periodos de gobierno, el que acumula el mayor número de vetos: 109 en el primer periodo y 86 en el segundo. Néstor Kirchner emitió 38 de 600 leyes aprobadas y Cristina Kirchner lleva 18 de los cuales sólo 2 son vetos totales de 303 leyes aprobadas.
Por otro lado, los números de Lula son 357 y los de Dilma Rouseff 221.
Los vetos reflejan las relaciones tersas o tensas entre el Ejecutivo y el Legislativo y permiten observar el funcionamiento real de pesos y contrapesos.
Esta semana, la LXIII Legislatura comenzó a escribir su propia historia. Habrá que estar atentos.
Directora de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
