Los trabajos de la Asamblea que redactará y aprobará la Constitución de la Ciudad de México, iniciados el pasado 15 de septiembre, abren un proceso realmente trascendente, que merece la mayor atención no sólo de los capitalinos, sino de la nación entera. Lamentablemente esto no sucedió en el proceso que nos ha llevado hasta aquí, desde la reforma constitucional del 2015, que dio a lo que fuera el Distrito Federal su autonomía como estado.
Recordemos la abstención de casi 72% en los comicios del 5 de junio pasado para elegir al grueso de los asambleístas. Esto tiene que cambiar: se requiere de una participación ciudadana mucho más consciente y activa, porque hay temas fundamentales de por medio.
No podemos menospreciar todo lo que implica un proceso de esta magnitud. Son muchas las propuestas polémicas o que requieren de la mayor consideración y análisis, por todos los efectos, directos o colaterales, que pueden tener. Esto incluye tanto posturas partidistas como algunos planteamientos contenidos en la iniciativa del Gobierno de la Ciudad.
Resulta muy sensible que se legisle en asuntos de gran controversia, como el consumo de drogas y derechos ambiguos como el de "resistencia civil" o al ambulantaje, sin tomar en cuenta la opinión de la ciudadanía, de especialistas y de los sectores. Lo mismo aplica para ideas loables, pero inviables para llevarse a la práctica en un horizonte cercano, como el acceso gratuito a internet, o diversas disposiciones en el ámbito laboral, que se proponen sin tomar en cuenta a trabajadores, empleadores y a la legislación federal.
La propuesta de un Tribunal constitucional local podría rebasar competencias de instancias nacionales e internacionales, mientras que disposiciones como la revocación de mandato o la consulta a pueblos y comunidades ameritan una amplia discusión de ventajas y riesgos.
Ante todos estos retos, lo primero es marcar una serie de principios y lineamientos generales que deben seguirse en el proceso constituyente.
Como toda Constitución de un Estado, la de la Ciudad de México debe establecer los ejes de la organización política para la convivencia social y garantizar los derechos humanos y ciudadanos, pero sin sobrerregular y constreñir la vida pública y su evolución, menos aún la de los individuos y las organizaciones de carácter privado.
Una Constitución no debe consignar aspiraciones, agendas y programas de grupos y partidos políticos. No puede ser reflejo de un balance de fuerzas coyuntural ni de ideologías particulares. Menos aún ante una realidad política, económica y social tan compleja y plural como la de la capital.
En general, es fundamental que haya un balance entre derechos y obligaciones, sin establecer sólo una lista de "buenos deseos" o disposiciones incumplibles y demagógicas, tanto presupuestalmente como en la misma práctica.
Tampoco se puede construir desde cero. Al tratarse de un ordenamiento local, la Constitución de la Ciudad de México no sólo tiene que supeditarse a la Constitución de la República, sino a toda legislación y jurisprudencia de alcance federal y a los tratados internacionales suscritos por México. De no ser así, podría generar innumerables litigios y controversias que acabarán siendo resueltas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Temas que generan polémica y división en la sociedad, deben dejarse para la discusión en lo particular en las legislaciones que correspondan, además de asegurar la debida consulta con los sectores involucrados e inclusive, en ciertos casos, mecanismos de democracia directa.
Por otra parte, necesariamente debe tomarse en cuenta la condición especial de asiento de los poderes federales, que fue la razón de la concepción previa como Distrito Federal. Por encima de su autonomía, debe salvaguardar las instituciones nacionales y las instalaciones estratégicas que alberga. Lo contrario sería fuente de ingobernabilidad para la nación.
La Asamblea Constituyente de la Ciudad de México es un paso trascendental y de enormes implicaciones. A todos nos incumbe que sus decisiones sean viables, adecuadas y pertinentes para las necesidades de una megalópolis tan compleja. Que haya congruencia con los preceptos y requerimientos básicos del bien común, la democracia y el federalismo que rige a nuestra República. Es necesario entrar al debate.
Presidente del Consejo Coordinador Empresarial
@jpcastanon
