La primera quincena de septiembre siempre marca curso en materia política y económica en México, debido a tres eventos prefijados: inicio de periodo ordinario de sesiones en el Congreso, rendición del Informe de Gobierno del Presidente de la República y presentación del Paquete Económico, con las directrices fiscales y presupuestarias de la Federación. En esta ocasión, en el cuarto año del sexenio y ante los desafíos que enfrenta la nación, es particularmente importante hacer bien y de fondo el obligado corte de caja anual.
Esto implica realizar un balance objetivo de la situación del país y definir los retos y acciones a seguir. En esta oportunidad nos concentramos en la agenda legislativa, donde tendrán que decidirse asuntos de relevancia estratégica.
En lo referente al Paquete Económico para 2017, resulta fundamental que dé señales claras de congruencia ante un panorama complicado.
En materia tributaria, es oportuno evaluar ajustes para incentivar la actividad económica, la inversión y el mercado interno. Un área de oportunidad destacada es la simplificación, que facilite la operación de más empresas y fortalezca la economía formal. No es momento de aumentar la carga impositiva.
Por el lado del gasto, la clave está en la racionalización. Es preciso asegurar un superávit primario suficiente, que frene el crecimiento de la deuda; bajar el déficit público a 3% del PIB no es suficiente. Se necesita abonar a la estabilidad macroeconómica y a la confianza de los agentes económicos, propiciando condiciones de crecimiento y creación de empleos.
Es fundamental también preservar la inflación en niveles menores a 3%, para mantener el consumo y el poder adquisitivo de las familias.
Por otra parte, hay diversas reformas pendientes de gran relevancia, especialmente en lo que atañe al Estado de derecho y a las instituciones de la gobernabilidad democrática.
Este periodo ordinario de sesiones es el de la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción. De entrada, toca al Congreso la decisión final sobre nombramientos de quienes encabezarán los órganos estratégicos para su desarrollo y funcionamiento. Deberán hacer esto partiendo de un imperativo: no a las cuotas partidistas o a las imposiciones en los titulares de la Fiscalía Anticorrupción, la Secretaría de la Función Pública y las instancias reservadas para los ciudadanos.
Asimismo, en la agenda están leyes secundarias pendientes sobre transparencia y la reforma sobre mando policiaco, que implica enmiendas constitucionales para incorporar el esquema de mando mixto. El cumplimiento de la ley, el combate a la delincuencia y la impunidad siguen siendo un urgente reto.
A revisión está el paquete de iniciativas presidenciales sobre justicia cotidiana: siete de ellas son reformas constitucionales y cuatro a leyes secundarias.
Ante este amplio y ambicioso conjunto de reformas es preciso abrir el debate a todos los sectores involucrados y a los ciudadanos en general. Se requiere de tiempo y espacios para el análisis, la consulta, la deliberación y la participación.
Hay otros temas muy importantes en materia social y económica en la agenda, como la Ley de la Unidad de Medida y Actualización, prevista en los transitorios de la reforma constitucional, la Ley General de Aguas, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados y la Ley de Adquisiciones. Se trata de legislaciones con grandes implicaciones para la inversión y la actividad productiva, por lo que urge consolidarlas y que entren en vigor.
Finalmente, no podemos dejar del lado el frente educativo, en el cual se ha puesto en cuestionamiento la trascendente reforma de 2012, aprobada por el Constituyente. En este caso es fundamental que los legisladores respondan a la nación y no al chantaje de un grupo. Se trata de poner el bien común y a la nación por encima de los intereses parciales. Ese es un requisito para ésta y toda reforma y acción desde el Estado. Esas son las señales que se requieren y que los mexicanos debemos exigir y construir juntos.
Presidente del Consejo Coordinador Empresarial
@jpcastanon
