El ejercicio de la fiscalización superior supone que una entidad tenga a su cargo la revisión de la gestión de todos aquellos entes que hagan uso de recursos públicos. Pero, si el ente auditor es también receptor de fondos presupuestales, es legítimo hacer la pregunta respecto a la manera en que éste rinde cuentas de su actuación.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF), como cualquier organización gubernamental, debe hacer transparente, tanto el uso que hace de los dineros públicos, como su desempeño y acciones. Si bien la normativa aplicable tiene previstos mecanismos específicos para que la ASF rinda cuentas, un elemento central es que esta institución se sujete a revisiones formales por parte de organismos de probada reputación y solvencia técnica, lo que constituye una buena práctica reconocida a nivel internacional.
El pasado 10 de octubre, la OCDE presentó el Estudio sobre Gobernanza Pública del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF) en el que se plantean las fortalezas y debilidades de la fiscalización en México, que incluye el ámbito estatal.
La parte central del reporte que recibimos la constituye las recomendaciones preliminares, ya que dicha información será uno de los insumos principales para que la ASF comience a diseñar una estrategia de transición para afrontar los importantes retos que impone el nuevo marco normativo, y que incorpora las disposiciones para luchar contra la corrupción.
La OCDE resaltó la necesidad de fortalecer la autonomía y capacidades de gestión de los órganos fiscalizadores locales, así como establecer mejores mecanismos de coordinación, evitar duplicidades y traslapes en el desarrollo de las actividades de auditoría, ampliar la cobertura de la fiscalización, generar estrategias de fortalecimiento institucional y de creación de capacidades, mismos que están siendo atendidos puntualmente en el contexto de los trabajos del SNF.
En lo concerniente al tema de la autonomía e independencia de las entidades de fiscalización superior locales, el Estudio deja de manifiesto que ambos constituyen una condición indispensable para asegurar que la auditoría gubernamental contribuya a alcanzar los objetivos del SNF. Estos factores deben de ir acompañados por prácticas de máxima publicidad de los informes de auditoría, presupuestos suficientes y la homologación de las capacidades técnicas del personal que labora en estas instituciones respecto a las de la ASF.
Adicionalmente, tres elementos del estudio resultan de especial trascendencia: (1) la adaptación de nuestra metodología de planeación y programación conducente a conservar una visión técnica, neutral y objetiva; (2) la relevancia de aprovechar el vínculo entre la ASF y el Sistema Nacional de Transparencia (SNT) para incentivar la adopción de innovaciones en materia de datos abiertos, entre otras, y (3) la salvaguarda de la posición estratégica que la ASF ocupa como ente fiscalizador, es decir, el producto principal de la institución es y seguirá siendo la ejecución de auditorías.
Tener en claro estas nociones es clave para lograr un equilibrio entre las visiones que acotan el valor de las fiscalización superior a la mera imposición de sanciones, y las que, en cambio, proponen concebir a la auditoría gubernamental como una herramienta que favorece la gobernanza del sector público en su conjunto.
Este ejercicio es muestra del proceso de rendición de cuentas con el que está comprometida la ASF y representa un valor añadido en tanto que la experiencia de los países que colaboraron con la OCDE —Alemania, Brasil, Estados Unidos y los Países Bajos— avalan la confiabilidad y validez de las recomendaciones realizadas.
Auditor superior de la Federación
