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Existen momentos en la vida pública en los que todos los factores y las voluntades parecen coincidir en el tiempo para alcanzar los acuerdos necesarios que permiten un cambio cualitativo en la gestión gubernamental y por ende, en la relación entre el Estado y los ciudadanos: tal es el momento respecto a la integración de un Sistema Nacional Anticorrupción.
Es innegable que la problemática que nuestro país enfrenta en la materia es resultado de un proceso en el que la totalidad de la sociedad, por acción, por omisión o por permisividad, ha participado. Uno de los elementos condicionantes de ello ha sido sacrificar la institucionalidad y el respeto a la ley a la satisfacción inmediata de las necesidades; el esfuerzo para alcanzar metas a recurrir a la línea de menor resistencia, y la anteposición sistemática de los intereses personales a los de la colectividad. En ese sentido, podemos caracterizarnos como una sociedad egoísta.
Los efectos destructivos de la corrupción no son necesariamente visibles en el corto plazo; sin embargo, se convierten en costos diferidos que se acumulan y generan situaciones gravosas para todos.
Precisamente, el surgimiento de un enfoque que no se limita a soluciones parciales o estéticas, sino que busca, a través de la participación de diferentes instituciones del Estado, coordinar sus acciones en distintos flancos y obtener resultados y medidas complementarios y que se apoyen mutuamente, representa una herramienta, hasta ahora inédita en nuestro país, para atacar el fenómeno de la corrupción, desalentar su permanencia y ofrecer nuevas vías de participación a la sociedad, para que ésta no sea una simple espectadora, sino que asuma la responsabilidad que le corresponde y actúe en consecuencia.
Esta iniciativa nace con buenos augurios, representados por la adhesión prácticamente total que ha despertado entre las distintas fuerzas políticas, organizaciones no gubernamentales, analistas, académicos y generadores de opinión; sin embargo, esto solamente constituye la base sobre la que será necesario echar los cimientos del Sistema, es decir, la legislación secundaria que lo hará operativo y definirá las competencias, responsabilidades y esquemas de coordinación para las instituciones que lo integran.
Esta etapa es particularmente delicada y requerirá que todos los actores involucrados sigan paso a paso el proceso legislativo, sea a nivel local o federal, para que ofrezcan una contribución útil a este proceso. Es un buen momento para que a través de una efectiva labor legislativa, se logre cerrar brechas, integrar preceptos nuevos y desechar asuntos ya trascendidos de la normativa que rige la transparencia y la rendición de cuentas en nuestro país.
El proceso que arrancó oficialmente el día de ayer con la promulgación de la reforma constitucional correspondiente, ya no puede ni debe detenerse. Considero un privilegio para todos los involucrados el poder participar en una iniciativa en la que están puestas tantas expectativas, que puede traer beneficios sustanciales para la vida del ciudadano común y que representa una faceta del Estado y sus instituciones que es necesario consolidar. Hay que dar motivos para que la sociedad sienta que el Estado le pertenece y que puede confiar en la honestidad, el profesionalismo y la empatía de sus integrantes.
Auditor superior de la Federación
