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Han pasado casi siete años desde que México enfrentó su última recesión, la segunda más grandes desde 1932, solamente superada por la registrada en 1995.
En ese entonces se vivieron tres etapas que deben recordarse, la primera de negación. Ante la eventualidad, que varios analistas veíamos como certeza, de que nuestro país sería afectado por la crisis financiera de Estados Unidos la respuesta oficial fue de minimizar el problema.
El tiempo y la elevada dependencia respecto a la evolución de la economía norteamericana terminaron por mostrar que México perdió un tiempo valioso para instrumentar medidas de política económica que no solo atenuaran los efectos de la crisis financiera, sino que además le dieran un nuevo rumbo a una economía que no había logrado alcanzar un ritmo de crecimiento vigoroso y sostenido.
Una vez que la crisis había abatido a todo el sistema productivo vino la etapa de adjudicar responsabilidades. La frase “la crisis que vino de fuera” deja todo en claro, desde la óptica oficial la culpa era atribuible a Estados Unidos y a la mala regulación internacional de los derivados financieros. Bajo la lógica de este argumento había poco que hacer.
Finalmente se tuvo a las medidas para enfrentar a la recesión. Recortes a la inversión pública, aumento y creación de impuestos y el regreso del déficit público fueron parte de la estrategia que se implementó para mitigar la turbulencia económica y financiera.
La austeridad fue la receta aplicada a una economía enferma. Una opción similar a la de otras ocasiones: la recesión de los años ochenta, la crisis de 1995 y el estancamiento económico vivido entre el 2001 y el 2003 fueron otros momentos en la historia reciente del país en donde se aplicó austeridad fiscal para enfrentar restricciones económicas.
El resultado final es ampliamente conocido. Hoy México vuelve a ese viejo camino: austeridad fiscal para controlar un nuevo evento de endeudamiento público. ¿Serán distintos los resultados a los registrados en los últimos 35 años?
En 2009 el Congreso de la Unión intentó hacer algunas aportaciones a través de su foro “México ante la crisis”. La mayor parte de sus reflexiones no tuvieron incidencia para enfrentar la recesión. ¿Cuál será el papel del Poder Legislativo en esta ocasión?
Será complicado que pueda hacer grandes modificaciones al Paquete Económico presentado por el Poder Ejecutivo, no cuenta con un centro especializado para hacer propuestas profundas en materia presupuestal, su nivel de análisis es limitado.
Esto último es delicado cuando hay posturas que presionan por hacer ajustes más drásticos al presupuesto pero cuando no se hace la reflexión de que es momento de modificar los fundamentos del modelo económico.
Después de 30 años es evidente que México requiere de un nuevo sistema productivo. El bajo contenido nacional de las exportaciones y de la propia producción orientada al mercado interno muestran que abrir la economía para exportar importaciones y consumir bienes baratos de otros países tiene un aspecto negativo que no solo ha depredado al empleo y a la inversión nacional, también ha mermado la recaudación tributaria del gobierno.
De igual forma se debería tener más claridad en que el gasto de gobierno no sirve para solucionar el problema de pobreza ocasionado por el bajo crecimiento económico y la precariedad en que viven las empresas mexicanas. La probabilidad de que las pequeñas empresas quiebren en sus dos primeros años es superior al 40%, con esa cifra no se puede superar el bajo crecimiento ni la marginación social.
Esperar a que las reformas estructurales den resultados podría ser otro error, dichos cambios no pueden eliminar las limitantes de innovación y bajo valor agregado que tiene la mayor parte del sistema productivo.
El país no cuenta con una estrategia de política económica para las empresas que sufrirán los efectos de la austeridad fiscal. Sin un programa emergente el crecimiento de México podría ser su menor al estimado oficialmente en el 2017.
Director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico
