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La lógica del programa económico presentado para el 2017 nuevamente tiene como objetivo alcanzar un equilibrio contable, atrás han quedado las ambiciosas metas para generar mayor crecimiento económico.
El compromiso con las calificadoras ha pesado más que los requerimientos de un país en donde la pobreza avanza. La precarización de la ocupación y el empleo producen marginación social que solo se puede enfrentar con crecimiento.
Para el quinto año de gobierno se ha hecho evidente que no se podrá cumplir con la expectativa planteada en el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo.
Todo ello ha quedado atrás. En los dos sexenios previos la economía tampoco pudo superar la inercia del bajo desempeño productivo, el argumento fue que no se tenían los cambios estructurales que, en teoría, México requería para impulsar su economía.
Hoy tampoco se vería la luz al final del túnel, ello a pesar de la aprobación de las reformas estructurales, de contar con ingresos excedentes y de haber aumentado la recaudación tributaria.
Para el penúltimo año de gobierno se plantea que México no crecerá el 5% prometido al inicio de la administración, el presupuesto se hizo con solo 2.5%. En el mejor de los escenarios el país caminará a la mitad del ritmo que se planteaba cuando se hizo la planeación económica del sexenio.
En esta ocasión la meta central del presupuesto es mandar una señal de que el gobierno de México mantiene un manejo responsable de sus finanzas y para ello instrumenta una operación financiera de reducción al gasto denominado como programable.
No obstante la austeridad será selectiva. Se recorta en áreas estratégicas para el crecimiento y desarrollo económico y social del país. Pemex, Educación, Salud, Comunicaciones y Transportes, Agricultura, Conacyt, y Medio Ambiente son algunos de los ramos que cargarán con el sacrificio.
Además debe citarse que el Estado mexicano no actúa en la misma dirección. En tanto el Poder Ejecutivo plantea recudir las erogaciones destinadas a la mejora de las condiciones sociales, económicas y de gobernabilidad del país, los otros dos poderes requieren más dinero. Austeridad selectiva.
Algo similar se tienen en los compromisos con el pago de la deuda. Las erogaciones de la parte no programable seguirán creciendo en los años por venir. ¿Qué significa esto? La prioridad es enviar un mensaje de que el país no se endeudará pero que si pagará los crecientes intereses de la deuda ya contraída y de los pasivos contingentes. El presupuesto presentado es claro el costo financiero de 2016 se ha estimado en 462,872.5 millones de pesos, una cifra que pasará a 568,697.6 millones para el año que entra, alrededor del 2.8% del PIB. El costo financiero ya representa una súper secretaría de estado, que supera lo asignado a la SEP y Sedesol juntas.
Lo delicado de esto es que parte de ello se logrará sacrificando inversión y gasto de orientación social: el superávit primario de 0.4% como proporción del PIB (73.8 mil millones de pesos) se orientará al aumento del costo financiero antes mencionado. Más que todo el presupuesto del Estado de México y la Ciudad de México.
Por tanto, al igual que en la década de los años 80, 1995 y 2009, México hará un ajuste fiscal para reducir la necesidad de requerimientos financieros en función de disminuir su gasto público, centrándolo en la inversión y el desarrollo social del país.
El recorte presupuestal de casi 240 mil millones anunciado llega en un momento en donde la economía se desacelera y con supuestos que corren el riesgo de no cumplirse. El tipo de cambio se encuentra un peso por arriba de lo estimado, pero más delicado que eso es la salida de capitales que hay de tras de ello. La estabilidad macroeconómica para el 2017 no depende de quedar bien con las calificadoras, es necesario que se logre en función de mayor crecimiento productivo de México.
Director del Instituto para el Desarrollo
Industrial y el Crecimiento Económico
