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La década de los años setenta fue testigo de la ruptura entre el gobierno y el sector privado, un desencuentro generado por la visión divergente sobre el manejo de la economía y del sistema político.
La elevada intervención del Estado en el sistema productivo, el creciente e insostenible gasto de gobierno así como un déficit público crónico, generador de un fuerte endeudamiento externo, fueron algunos de los elementos que causaron la discrepancia.
El manejo corporativo del presupuesto público, propulsor del populismo, inhibió el uso transparente del mismo. La ineficacia y corrupción fueron una consecuencia, un resultado indeseable que desvirtuó la orientación de la gestión pública y que además generó un endeudamiento histórico. Un saldo que la sociedad mexicana sigue pagando.
Durante el gobierno de Luis Echeverría se rompió con la disciplina fiscal y el manejo prudente de la economía. Como resultado se tuvo un desequilibrio de las cuentas externas de México que fue acompañado por una fuerte devaluación del tipo de cambio. Esto terminó con lustros de estabilidad financiera acompañada de crecimiento vigoroso.
La degradación de la salud económica fue precedida por las fricciones entre los sectores público y privado. Los empresarios tenían claro que el exceso del gasto público sería insostenible y que provocaría una crisis mayúscula. El tiempo les dio la razón.
Cuatro décadas después México vuelve a dar varios pasos atrás en la búsqueda del consenso social que se requiere para propiciar mayor crecimiento y bienestar social.
Un problema de fondo es que la denominada como “clase política” no entiende la contribución del sector privado al desarrollo de México. Se ha impuesto un falso paradigma que divide a la sociedad y el cual diluye un hecho: el sector privado genera el 81% del valor agregado de la economía y más del 90% del empleo total. No se puede entender el progreso del país sin la inversión privada. Un problema adicional es que el propio sector privado no ha combatido a la falsa etiqueta que en ocasiones se le ha adjudicado.
Lamentablemente la inercia de la visión citada marcó el inicio de la actual administración. El Pacto por México es el primer ejemplo. El acuerdo se dio entre los tres principales partidos políticos de ese momento, se excluyó al sector privado en la elaboración de la arquitectura de las reformas, a pesar de que la mayoría incidirían sobre su desempeño.
El segundo desencuentro llegó con la reforma fiscal, un aumento de impuestos que frenó el consumo y la inversión fue el costo que hogares y empresas debieron pagar para transferir mayores recursos a un gobierno necesitado de dinero. Esto último ha sido recurrente en los últimos 40 años. La creación del IVA, su aumento, la aparición del IETU, el incremento de impuestos especiales, o a la nómina, resumen la historia del sacrificio de hogares y empresas a cambio de aumentar los ingresos públicos.
El tercer problema surgió con la aprobación de la Ley de Transición Energética. Se ha endosado una factura adicional a la industria por no consumir energías “limpias”. Lo que no se menciona es que los requisitos mínimos de consumo son inalcanzables porque México no produce, en cantidad suficiente, ese tipo energía.
La cuarta disputa llegó con el aumento discrecional del precio del gas natural. En un momento en donde su tendencia internacional es a la baja un cambio en la formulación del precio doméstico lo eleva. Esto representa un paso atrás respecto a lo que buscaba la Reforma Energética.
La quinta discrepancia arribó con la conocida como Ley 3 de 3. El sistema político no entendió que México debe avanzar en la lucha contra la corrupción que se genera desde la gestión pública. Por el contrario, la nueva ley pretende castigar a la sociedad por su atrevimiento de pedir mayor honestidad.
En un momento en donde el peso pierde fuerza frente al dólar, la industria pierde vigor, el gasto público cae y el endeudamiento de gobierno aumenta, se debe evitar cometer el mismo error de los años setenta. Ya conocemos el posible resultado, algo que puede exacerbarse por las turbulencias financieras y económicas externas que se avecinan.
Director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico
