Finalmente fue regulado en una ley reglamentaria del artículo sexto constitucional, el derecho de réplica, el cual permite a toda persona solicitar ante cualquier medio de comunicación, sea impreso o electrónico, la publicación de aclaraciones de determinada información que haya sido difundida de manera inexacta o falsa, y cuya propagación haya causado un agravio político, económico, en el honor, vida privada y/o en la imagen de los afectados.
Celebro que el Poder Legislativo, haya decidido aprobar una materia que estaba pendiente en nuestro sistema legal, para fortalecer el derecho fundamental a la libertad de expresión, a la libertad de información y en especial, a la dignidad de las personas cuando éstas son afectadas por información inexacta o de plano falsa o calumniosa.
Como todo ejercicio legislativo, hay quienes piensan que quedó a deber esta nueva ley, sin embargo les recuerdo que en muchas ocasiones, ha sido por aproximaciones graduales y sucesivas, la forma como se han construido leyes e instituciones que han dado resultados positivos. La agenda de temas electorales así como los de transparencia y acceso a la información son un buen ejemplo de ello. Por lo que ser pesimista antes de que veamos cómo es que funciona o no una nueva ley, es anticipar vísperas y sobre todo, especular negativamente sobre un nuevo momento legal, que incluso puede ser complementado asertivamente, con los códigos de autorregulación ética de cada medio.
Es importante recordar, que en temas de libertad de expresión e información, en muchas ocasiones son en realidad los códigos deontológicos, también llamados de autorregulación, los principales instrumentos con los que los colegas periodistas han encontrado la manera apropiada de equilibrar derechos de las audiencias, con derechos de expresión y responsabilidad profesional. Comento sobre los periodistas y no los legisladores, porque en algunos sistemas políticos democráticos, sería impensable crear algún tipo de normas que regularan, en lo más mínimo, el ejercicio a la libertad de expresión e información. Al menos esta es la ruta que han seguido en lo general los medios de comunicación en las democracias más consolidadas del mundo, y los resultados están a la vista, porque son medios que tienen credibilidad y confianza, porque cumplen con sus deberes y reglas que se han autoimpuesto, para garantizar una práctica profesional seria y rigurosa.
Desde mi perspectiva, creo que el Congreso legisló una nueva base normativa que establece, además de derechos, obligaciones y sanciones, incentivos para una mejor práctica profesional del periodismo, que requiere ser libre e independiente, para señalar con toda contundencia los excesos y abusos del poder.
Sea como sea y a diferencia de lo que teníamos previamente, al día de hoy se cuenta con una legislación que precisa los alcances de un derecho individual para defenderse de la mentira y un derecho colectivo, porque se garantiza que el derecho a informar a la sociedad sea objetivo, imparcial y oportuno. De esta manera tenemos nuevas bases con nuevos estímulos, para que el ejercicio periodístico cumpla con su función esencial: Ser contrapeso del poder, buscando la verdad, para decir la verdad objetiva de los hechos y sucesos que tienen alto impacto en el interés público y en la democracia que es de todos y sirve a todos.
Académico en la UNAM
