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La primera obligación de todo Estado es garantizar la seguridad, en el más amplio sentido de la expresión, de todos sus habitantes. Seguridad en sus personas, en su patrimonio, en sus derechos. Esta es la justificación más clara del porqué hay una entidad que nos obliga a pagar impuestos y nos obliga a obedecer las leyes que son impuestas a todos los gobernados por igual. Es preferible vivir con ciertas obligaciones que vivir en la anarquía e incertidumbre que genera la ley de la selva, del grupo de personas que tenga más manifestantes para inmovilizar y bloquear al mismo tiempo fronteras, vías ferroviarias, accesos a los aeropuertos, carreteras o centros comerciales.
Cedemos libertad y obediencia a cambio de recibir seguridad, orden y certeza por medio de leyes e instituciones que han reservado el monopolio del uso legítimo de la fuerza a las autoridades competentes, con el único fin de hacer valer las reglas de organización, integración y preservación de una sociedad políticamente organizada, en un determinado territorio.
Cuando un poder fáctico busca romper este acuerdo fundamental, el Estado debe de actuar de inmediato para restablecer el orden y los términos pactados inicialmente en el contrato social. De otra manera, se debilita el Estado y con ello su gobierno, para hacer valer la ley que cuida y protege al interés público. Es claro que sin Estado no hay gobierno posible y tampoco el ejercicio de libertades para cada uno de sus integrantes. Se acaba la democracia y reina la demagogia y la anarquía política. La fuerza bruta.
Es el caso en que la CNTE se ha convertido en el poder fáctico que ha decidido desafiar hasta sus últimas consecuencias a la entidad jurídica y política llamada Estado mexicano, para hacer sentir su fuerza en el territorio en donde debería de gobernar y actuar únicamente la autoridad legítimamente electa por medio del voto popular.
En el centro de la discusión se encuentra la reforma educativa, que la CNTE rechaza y no acepta porque afecta sus intereses particulares. De esta forma, es como ha solicitado directamente al gobierno federal que se derogue, abrogue o suspenda dicha reforma. De no ser el caso, ya anunciaron, con la anuencia y presencia de su líder gremial, que no van a reiniciar el nuevo ciclo escolar 2016-2017, que dará inicio el día 22 de agosto. Esta nueva amenaza se suma a otras acciones que han anunciado que llevarán a cabo en breve, como son el reinicio de nuevos bloqueos en diversas vías de comunicación vitales para diversas comunidades del país.
¿Qué tanto se puede ceder y que tanto se puede negociar frente a un grupo radical que hace caso omiso de lo que pueda resolver la SCJN? De lo que la representación política del Estado ha resuelto por medio de un proceso de reforma constitucional, en donde se expresó una mayoría de las dos terceras partes del Congreso federal y la mayoría de las legislaturas estatales. Creo que no mucho, porque la ley es clara sobre los alcances que tiene la nueva normatividad en materia educativa y que, en algunos rubros, ya se ha resuelto su constitucionalidad frente a las pretensiones de los profesores disidentes.
Decía, y creo que con razón, John Locke que el primer principio de la tolerancia se da sobre la base de la reciprocidad. Se puede ser tolerante hasta en tanto son tolerantes con nosotros y más aún cuando está de por medio la protección de derechos fundamentales, como es el derecho a la educación de nuevas generaciones de niñas y niños, que podrían tener mejores momentos en el futuro, como producto de una buena formación educativa.
En los próximos días vamos a ser testigos del desenlace de la lucha que inició la CNTE contra el Estado. Contra todos nosotros y contra el futuro del país.
Académico por la UNAM
