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Sin duda, la reforma educativa es uno de los temas de la agenda pública que más controversias, confusión y polarización ha generado a últimas fechas, entre diversos sectores de la población. Al menos ha creado un ambiente de zozobra en algunas entidades, por no decir que en ciertos casos hay claros signos de ingobernabilidad, por las presiones que ejerce particularmente la CNTE, al cerrar vías de tránsito indispensables para el libre desarrollo de las actividades que lleva acabo la población en general.
Claramente es una mezcla de chantaje y provocación, para buscar el mayor beneficio posible ante sus demandas que, en muchos casos, son imposibles de cumplir porque son ilegales. El amparo que otorgó recientemente un juez federal a Mexicanos Primero es una muestra de los excesos en que se puede incurrir al margen de lo que la Constitución señala, para garantizar el debido ejercicio de responsabilidades y competencias en el rubro educativo. Buen precedente para que en el futuro nadie pueda negociar al margen de la ley.
Lo más grave es la restricción de libertades que tiene la sociedad, para llevar su vida de una manera pacífica y ordenada, sin que el Estado pueda garantizar el derecho de las personas a ejercer sus derechos elementales para la sana convivencia social. Oaxaca, Chiapas, Guerrero y en menor medida Michoacán, son ejemplos que hablan por sí mismos. A pesar de estas acciones, hemos visto como, en el oportunismo, hay actores políticos que ofrecen su apoyo a la CNTE, porque supuestamente están defendiendo sus derechos laborales, que más bien son cálculos electorales a futuro.
La manzana de la discordia es la reforma educativa que fue aprobada con un gran consenso por la mayoría de los partidos en el Congreso. Se trata de una reforma en donde el Estado busca recuperar y ejercer a plenitud la rectoría institucional de la educación, ante lo cual la CNTE, ha manifestado su total rechazo, sencillamente porque se han afectado los intereses y ganancias que le producía el anterior modelo institucional, en donde se constituyó de facto en autoridad competente, sin tener las facultades, ni las competencias de ley.
Es lamentable que en el fondo de la discusión la educación es lo de menos. Ha sido la justificación con la que se quieren presentar ante la sociedad, para hacer valer sus demandas simuladas. Fundamentalmente, quieren recuperar el derecho a cogobernar a la par del Estado, y para ello quieren decidir sobre el ejercicio del presupuesto y la asignación de plazas, sin control institucional alguno, salvo el que les permite seguir creando clientelas, que no son las que buscan mejorar el estado de las cosas, ni el derecho a que las niñas y niños tengan mejores opciones de desarrollo, como producto de un mejor modelo educativo.
En el comunicado que presentó la CNTE ante las autoridades federales para llevar a cabo un dialogo abierto, con el fin de encontrar soluciones a sus demandas, es claro que la principal petición que tienen es la derogación de toda la reforma educativa. El gobierno a cambio ha ofrecido interlocución con la SEP para discutir el modelo educativo y, en adición, ha demostrado disposición para hacer ajustes a ciertos temas, como es el caso de la evaluación de los profesores, pero no veo que acepten la derogación de la reforma, para que todo vuelva al mismo lugar de antes.
ventualmente el diálogo, se convertirá en una plática de sordos, porque ambas partes buscan atender el tema por medios y fines diferentes. Si acaso se puede ganar tiempo, pero el resultado es muy predecible y las consecuencias también.
Sin un sistema educativo de calidad, no habrá futuro alguno para el país, ni expectativas para que nuestra realidad presente pueda cambiar.
