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Tras las elecciones de julio pasado, en las que el PRI se alzó con mayoría en la cámara de Diputados a partir de su alianza con el Partido Verde, el Secretario de Gobernación Miguel Angel Osorio Chong, hizo subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana a Arturo Escobar, el líder nacional de ese partido. El hecho marcaba el cinismo del gobierno de Peña Nieto; perdido todo escrúpulo, descontado el desprestigio que marca el desempeño de Osorio, se premiaba a quien no sólo en su conducta personal había acreditado hechos delictuosos, sino al que como jefe de la estrategia delictiva del pseudo partido verde había operado directamente la contumacia ilegal con la que se cometió todo tipo de trapacerías para conseguir votos, teniendo como base el fraude a la ley.
Pese a protestas de organizaciones dedicadas a la prevención del delito, el nombramiento de Escobar quedó firme; el mensaje era terrible: la impunidad como la regla intocada que explica la supervivencia del régimen corrupto; y el manto de protección que le brindó Osorio, la reafirmación de la cultura de la complicidad, ni mas ni menos, desde donde se supone que se combate al crimen organizado.
Por eso cuando el 25 de noviembre pasado, Santiago Nieto, fiscal para la Atención de Delitos Electorales solicitó a un juez girara orden de aprehensión en contra de Arturo Escobar, se estrujó el sistema caduco, pero vivo en sus resortes de colusión y defensa de sus intereses. Nieto tocó el pacto de impunidad que encabeza el Presidente de la República; lanzó una cuchillada al nudo gordiano donde se amarra el contubernio de delincuentes inescrupulosos y políticos corrompidos. Y por ello la reacción del gobierno, de su partido y varios medios de comunicación fue inmediata, de descalificación y linchamiento personal al reconocido abogado que el Senado hizo fiscal autónomo por 79 votos a favor, ninguno en contra y una sola abstención.
Para fortuna del fiscal especializado en la persecución de los delitos electorales, la contraofensiva priísta tomó el camino del ridículo pues resulta que el que delinquió a la vista de todos, ahora se dice perseguido político. La descalificación a Nieto que tiene como principal acusación haber sido asesor del grupo parlamentario del PRD y presumiblemente haber ocultado ese dato, es además de falsa, un tiro en el pie para el gobierno y sus legisladores, que han promovido en diversos órganos reguladores y tribunales a profesionistas que los han asesorado, e incluso salidos de las nóminas de las bancadas priístas en el Congreso.
Es cierto que no puso especificidades de todos los servicios prestados como asesor a instituciones, poderes y organismos privados, pero es injusto decir que lo ocultó como si eso fuera una mancha o la comisión de un delito. Al menos no fue ni privada, ni secreta su participación como asesor de la reforma político electoral; los senadores que intervenimos en la discusión de esa reforma por supuesto que tenemos presente la pública y vigorosa participación de Nieto en esa confección. El Presidente del Senado en aquel entonces, lo incluyó dentro de una lista de nombres a los que se les mencionó y agradeció públicamente su aportación.
Santiago Nieto cumplió con los requisitos señalados por la convocatoria en un proceso transparente en el que además, se incluyó el análisis de todas las fuerzas políticas sobre los elementos esenciales y necesarios de ese perfil: conocimiento y experiencia.
Resulta vergonzoso que la primera vez en la que un Fiscal se toma en serio su papel, le venga una andanada por parte del oficialismo, para desanimar el ejemplo. Defensa vulgar del pacto de impunidad que los une, rémora de un sistema de tapaderas en el que la ley es el valor negociable, y la mutua protección es el eje inalterable.
Paradójicamente en el Día Internacional contra la Corrupción la jueza federal Rosa María Cervantes Mejía, del juzgado décimo primero de procesos penales, ha buscado extender el manto de protección a Escobar que tendió el mismísimo Secretario de Gobernación; al negar la orden de aprehensión en contra de Escobar, el circulo vicioso se confirma perfecto y da cuenta de la profundidad del hoyo negro de la corrupción en México.
Santiago Nieto está obligado a echarse para adelante de lo contrario se derribará el mensaje toral que abrió la esperanza: el antecedente frente a los abusos, burlas y fraudes a la ley a la que se han acostumbrado los partidos y los gobiernos en las contiendas electorales.
Cabe mencionar que tampoco se ha violentado la confidencialidad de la averiguación; los hechos delictivos de Escobar son públicos, están ahí en los estrados del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TRIFE), pero sin que pase nada. Son hechos no sólo notorios, sino cínicamente defendidos por sus personeros. Sigue pendiente en el TRIFE el recurso para quitarle el registro al Verde. Frente a toda esa inacción, por supuesto que es de reconocer y solidarizarse con quien ha asumido la nada frecuente decisión de perseguir el delito.
Senador de la República
