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El cuento que hace dos meses se armó en nombre de los más pobres de México porque se quedarían sin ver Televisión debido al supuesto incumplimiento del gobierno en la entrega de televisores digitales, está clarificado por estos días. Aquel intento de reformar la Constitución para posponer un año más el apagón analógico no era un problema de falta de cobertura en la recepción digital, sino en la transmisión digital: las dos grandes empresas de televisión dejaron de invertir en la conversión de sus equipos transmisores en las zonas más marginadas del país, ahí donde irradian las señales complementarias de sus estaciones principales. Es absolutamente falso que las empresas de Televisión afiliadas a la CIRT tienen digitalizadas todas sus señales.
Según datos de la Unidad de Medios y Contenidos Audiovisuales del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) publicados en octubre de 2015, del total de las 460 estaciones principales que existen en el país, ya están operando 445, 14 en instalación y una sola en proceso de autorización. De las señales complementarias existen 907, de las cuales 846 son concesiones y 67 son permisos. El 92% de las concesiones complementarias pertenecen al duopolio de la TV comercial. Sólo 67 están digitalizadas, 313 tienen solicitud de migración pero ninguna se ha convertido al sistema digital y mas de la mitad, 466, ni siquiera cuentan con una solicitud de migración ante la autoridad. El incumplimiento es la muestra de la hipocresía en su prioridad por los pobres, pues lo que mandó fueron los intereses mercantiles, ya que las ganancias de las concesionarias son marginales en las zonas alejadas a las estaciones principales.
Al no ser rentable, no asignaron los recursos para adecuar la infraestructura necesaria de las antenas para las estaciones de señales complementarias e incluirlas en el nuevo modelo de migración de la TDT.
A partir del 1 de enero del año que entra, al ser apagado el sistema analógico de transmisión televisiva, dejarán de transmitir en esas señales complementarias, sin poder invocar alguna de las causas justificadas que contempla el artículo 157 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Por lo tanto se harán acreedores a las sanciones contempladas en el artículo 299 de la misma ley, específicamente el inciso E, que establece una multa del 6 al 10 % de sus ingresos a quien interrumpa el servicio de radiodifusión. En 2014, Grupo Televisa tuvo ingresos por 6,659 millones de pesos; en la proporción que la TV abierta contribuye a esos ingresos totales, se deberá cuantificar la multa.
Pero ahora han encontrado otro señuelo para lograr la posposición del apagón en sus señales complementarias, y por supuesto, evitar la multa. Están muy preocupados por los medios públicos y abominan que el Estado se vaya a quedar mudo al apagar varios de sus sistemas de televisión en las entidades federativas. Así es, la misma confabulación de empresarios y legisladores que invariablemente se han opuesto al desarrollo, crecimiento, garantías de independencia y mecanismos de financiamiento para los medios públicos - entre ellos la posibilidad de la publicidad -, ahora se han vuelto alemanes en el tema.
Poniendo por delante el beneficio para el 6,4% de los permisos complementarios que ocupan los medios públicos, trataron de esconder lo que en realidad buscan: extender la condonación para un número mucho mayor de concesiones complementarias en manos de las dos televisoras y darles otro año más de gracia, haber si así se deciden "meterle dinero bueno al malo" como conciben la inversión en las zonas grises de la radiodifusión los jerarcas de la CIRT.
A estos intereses sirve la iniciativa que presentó, sin anunciarla, el Senador Roberto Gil Zuarth, Presidente del Senado de la República. Difícilmente podríamos oponernos a que no les sean retirados los permisos a las Televisoras educativas y culturales de México por su falta de conversión digital y darles otro año para que en cuanto los Gobernadores se dignen otorgarles los recursos suficientes, éstas vuelvan a encenderse.
Lo inadmisible es el engaño. Intento tramposo como lo llamó la Asociación Mexicana de Derecho a la Información a través de un pronunciamiento de su nueva directiva y los Presidentes del Consejo Directivo y del Consejo Consultivo, Jorge Fernando Negrete y Raúl Trejo Delarbre: Sin técnica legislativa, el senador menciona “operadores”, en lugar de concesionarios o permisionarios, como define la ley a quienes utilizan el espectro radioeléctrico para brindar el servicio público de radiodifusión, pero esa es precisamente la trampa de la iniciativa, sustituir la palabra “permisionarios” (es decir, medios públicos, culturales, educativos) por la palabra “operadores”, que se refiere a los concesionarios privados de televisión abierta (operadores), cuyas estaciones complementarias de televisión se encuentran en los rangos de potencia radiada aparente menor o igual a 1 kW para canales de VHF y 10 kW para canales de UHF.
Es el contubernio de los negociantes de la política con el poder de la Televisión. El ciclo recurrente de las conveniencias electorales en colusión con los intereses mercantiles del duopolio, trenzados de nuevo para tratar de mantener el status quo hacia el 2018. La cascada de regalos a las Teles ha empezado de nuevo.
Senador por el PAN
