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Fue una exageración que el INE pretendiera sancionar a Joaquín López Dóriga y a Javier Alatorre, entre otros, por haber expresado su abierta molestia frente a la instrucción de transmitir spots electorales durante la cobertura de la visita del Papa en febrero pasado. Así lo demostró la resolución unánime de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral que los exoneró, en virtud de que fue un ejercicio de libertad de expresión. El argumento fue que las duras críticas de los conductores antes y después de los spots del INE, no transgredieron la ley, porque los promocionales se difundieron sin alteración alguna y de forma completa. Sin embargo, no hay duda de que los comentarios tienen un impacto negativo sobre la autoridad electoral, porque la hacen parecer como insensible al interrumpir la transmisión de una visita tan relevante.
No son nuevos los intentos de voceros de medios de comunicación de denostar a la autoridad electoral por cumplir con su obligación de transmitir los mensajes publicitarios a que tienen derecho los partidos y el INE. En los últimos años, siempre amparados en la libertad de expresión, los concesionarios han venido desplegando una campaña para generar una opinión contraria al modelo de comunicación política existente que prohíbe que los partidos políticos o terceros puedan comprar espacios en medios electrónicos.
El año pasado, los concesionarios optaron por colocar “cortinillas” antes de los spots electorales, con la leyenda de que se transmitían por “órdenes del INE”. En aquella ocasión, la Sala Superior del Tribunal Electoral resolvió que dichas “cortinillas” sí alteraban el modelo de comunicación política establecido en la ley, por lo que fueron suspendidas. Tal parece que los medios están explorando distintas vías para abonar al desprestigio ganado de los partidos políticos y, a partir de ahí preparar el terreno para una modificación al modelo de comunicación política que sería una contrarreforma, porque volvería a hacer que las campañas electorales fueran la fuente de grandes ganancias de los concesionarios televisivos. Hay que recordar que antes de 2008, los medios electrónicos ganaban cifras superiores a los mil millones de pesos por la venta de spots de campaña de los partidos, que provenían básicamente de recursos públicos. Era el erario el que financiaba a los partidos y por esa vía a los concesionarios.
Lo más preocupante del asunto, hoy, es que ya hay dirigentes políticos, como Roberto Gil Zuarth, presidente de la Mesa Directiva del Senado, que se han pronunciado a favor de esta contrarreforma que quiere volver al viejo modelo de compra, argumentando que las campañas en medios son un fracaso porque no han servido para informar sobre la oferta política. Lo del fracaso es cierto, pero se debe a la mala calidad de los spots que producen los partidos y a la falta de contenidos programáticos de sus mensajes que más que suscitar el interés de la población, la alejan de la política. Las fallas de la comunicación político-electoral no tienen que ver con quiénes adquieren los espacios en radio y televisión, sino con la falta de creatividad y de sensibilidad política y social de quienes diseñan los mensajes de campaña.
La cercanía de los procesos electorales en 13 entidades federativas este 2016 deja fuera la posibilidad de que prospere una iniciativa de contrarreforma como esta, pero, una vez pasadas las elecciones de junio próximo, no es remoto que surjan iniciativas de modificaciones a la Constitución para volver a permitir la compra de spots de campaña, en beneficio de los concesionarios de medios. Los signos visibles anuncian que, de cara al 2018, los partidos se preparan para volver a sucumbir a los cantos de las sirenas de los dueños de las grandes cadenas de televisión.
Académica de la UNAM.
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