Resultó sorpresiva la decisión del juez Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional española, de liberar a Humberto Moreira, porque la Fiscalía Anticorrupción que solicitó la orden de su detención llevaba más de un año investigándolo por delitos graves de lavado de dinero, malversación de recursos públicos, cohecho y organización criminal. La resolución del juez fue parte del proceso judicial regular, y el ex presidente del PRI salió de prisión, aunque se le retuvo el pasaporte y deberá permanecer en España hasta que la justicia de ese país termine las indagatorias en su contra y quede firme la sentencia.
Más allá de cómo se desarrollen los siguientes pasos del proceso judicial español, es decir, de si la Fiscalía Anticorrupción impugna o no la resolución del juez en los próximos días, el caso Moreira es una evidencia más de nuestra debilidad institucional, y no sólo en el plano de la procuración de justicia, sino de todo el entramado de controles administrativos y políticos que existen para frenar y castigar actos de corrupción de los altos funcionarios públicos.
Una primera expresión de debilidad institucional se ubica en el plano local, donde la falta de independencia de los distintos órganos de vigilancia del gobierno estatal, desde el propio Congreso, hasta los órganos de transparencia, por ejemplo, explica la impunidad con la que suelen conducirse algunos gobernadores.
Hay que recordar que el origen del expediente que existe en México en contra de Humberto Moreira está en su responsabilidad por el incremento excesivo de la deuda de Coahuila que durante su administración como gobernador creció de 323 millones de pesos a 36,676 millones. Asociado a la deuda, se le acusó de malversación de fondos públicos por cerca de 200 millones de dólares y se sabe que hay una investigación abierta en Estados Unidos por una red de lavado de dinero en Coahuila.
La falta de mecanismos institucionales de control estatal se mostró, en primer lugar, por la falta de vigilancia del Congreso de Coahuila sobre la contratación de la deuda, los compromisos para su pago y sobre la utilización de los recursos derivados de la misma. Adicionalmente, cuando el gobierno de Coahuila se negó a difundir la información sobre la deuda a solicitud de un particular, con el argumento de que darla a conocer afectaría la estabilidad financiera del estado, el órgano de transparencia del estado confirmó la negativa, evidenciando su subordinación a los dictados del gobernador. En el plano federal, la SHCP también se rehusó a dar la información sobre la deuda que habría de pagarse con las transferencias federales, con el mismo argumento, sin embargo, el Ifai (hoy Inai) instruyó la entrega de la documentación por tratarse de dinero público que, por principio es transparente.
Quizás nuestra más agraviante debilidad institucional atañe a la ineficaz estructura de procuración de justicia que, de nueva cuenta, adolece de la autonomía necesaria para investigar y perseguir con diligencia la corrupción de los funcionarios de gobierno.
La falta de una capacitación sólida de los agentes del ministerio público y la subordinación de sus decisiones a los gobiernos impide que se pueda consignar eficazmente a un posible culpable ante el juez. En el caso de actos de corrupción, la falta de autonomía de los órganos encargados, hasta ahora, de hacer las indagatorias para sancionar a un servidor público por delitos de desviación de recursos, sigue fomentando la impunidad.
El caso Moreira debe servir para urgir a nuestros legisladores a concretar el trayecto normativo del Sistema Nacional Anticorrupción. Hay que avanzar en la construcción de una red con la fuerza institucional suficiente para que las cúpulas del poder no puedan evitar que se investiguen y sancionen actos de corrupción y para que exista una plataforma que los inhiba.
Académica de la UNAM
peschardjacqueline@gmail.com
