Cinco años después de que dos organizaciones sociales solicitaran al gobierno federal la declaración de “alerta de violencia de género” en 11 municipios del Estado de México, finalmente, el 28 de julio pasado, el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, de la Segob, aprobó el mecanismo de emergencia.
Los datos que sustentan la declaración son espeluznantes. De acuerdo con los solicitantes, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, entre 2005 y 2010 se registraron 992 homicidios dolosos contra mujeres en el Estado de México y en el 51% de los casos no se ha formulado imputación alguna, es decir, hay total impunidad. A tales cifras, hay que agregar que el informe entregado por la Procuraduría General de Justicia del estado al Observatorio Ciudadano, muestra que entre 2011 y 2013 ocurrieron 840 asesinatos de mujeres y mil 258 más desaparecieron, la mayoría de las cuales (el 53%) tenía entre 10 y 17 años de edad.
Es alarmante también que los 11 municipios referidos (Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco Solidaridad, Cuautitlán Izcalli y Chalco) concentren el 55% de los delitos cometidos en contra de mujeres en el estado en los últimos lustros. Ese solo hecho debería haber activado la “alerta” en la zona con mucha mayor celeridad, si de verdad se quería atajar la agraviante violencia feminicida.
De acuerdo con el Observatorio Ciudadano, la “alerta” es un hecho histórico porque se logró eliminar los obstáculos para activarla. A pesar de que hay focos rojos de violencia contra las mujeres en Guanajuato, Morelos, Michoacán, Baja California y Colima, es la primera vez que se emite la declaratoria desde que en febrero de 2007, se promulgó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que la contempla como conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para erradicar la violencia de género en cierto territorio. Es un reconocimiento de parte del Estado mexicano de que hay una situación de violencia sistemática en contra de las mujeres que se traduce en delitos del orden común, es decir, es una aceptación de su responsabilidad en la persistente violación a los derechos humanos de las mujeres.
El procedimiento para emitir la “alerta”, que fija la Ley y su Reglamento, es complejo, porque implica desarrollar una serie de pasos que involucran a varios actores, tanto civiles como institucionales. Participan desde las organizaciones civiles y/o comisiones de derechos humanos, que pueden solicitarla; se crea un grupo interinstitucional y multidisciplinario para analizar las circunstancias específicas y elaborar un informe con propuestas de solución para que la Segob lo entregue al gobierno estatal, y si éste no cumple, se declara la “alerta”.
La declaración subraya que buena parte del problema es la falta de información sistemática sobre la violencia de género, pues no hay un banco de datos bien diseñado para evitar vacíos de información y contradicciones en las cifras. Ello impide conocer a profundidad el contexto de violencia que existe para generar acciones focalizadas que ataquen frontalmente el problema. Además, las autoridades ministeriales no investigan con diligencia, por lo que hay que implementar medidas de revisión y sanción a tales servidores públicos.
Llama la atención que el gobernador Eruviel Ávila intentara presumir de haber demandado, él mismo, la emisión de la “alerta”, pues está claro que es suya la mayor responsabilidad por la suma de delitos en contra de las mujeres en la entidad. Esta “alerta de violencia de género” en el Estado de México es una evidencia más de la fractura del Estado de derecho en esa entidad.
Académica de la UNAM.
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