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Una procuración de justicia tardía y sesgada, que no trata por igual a poderosos y a ciudadanos en general, es uno de los efectos más agraviantes de nuestro desfigurado Estado de derecho. El Estado de derecho en su sentido más fuerte y sustantivo implica no sólo el imperio de la ley, sino garantizar que los poderes públicos y las élites estén sujetos y limitados por ella y hay muchos ejemplos de los déficits que tenemos en nuestro país. La complicidad entre autoridades y criminales, la falta de garantías para que los periodistas ejerzan su función de informar y ejercer su libertad de expresión, la incapacidad de las autoridades para frenar los feminicidios en varios estados del país, el muy escaso nivel de consignación de delincuentes ante la autoridad judicial y las deficientes investigaciones ministeriales sobre violaciones a derechos humanos son parte de la lista de fracturas del Estado de derecho.
Un nuevo acontecimiento que ilustra estas fracturas es el de las recientes órdenes de aprehensión de la PGR en contra de empleadas de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, por el incendio del 5 de junio de 2009 que mató a 49 niños y dejó 70 heridos con secuelas de gravedad. En días pasados, la delegación de la PGR en Sonora solicitó a un juez de distrito que detuviera a 22 personas, entre maestras, señoras de limpieza, la directora, e incluso a una empleada que es madre de una de las niñas que sufrió quemaduras severas. Esta orden deriva de un amparo interpuesto por Manos Unidas por Nuestros Niños, la organización de los padres de las víctimas, que demandaba que se investigara a funcionarios de los tres órdenes de gobierno por su responsabilidad en la tragedia, al haber permitido que la estancia infantil funcionara sin las indispensables medidas de seguridad. La PGR tardó seis años en investigar, pero para pedir el arresto por lesiones y “actos de negligencia” de quienes estaban en el lugar de los hechos, dejando en la impunidad a los eventuales responsables del terrible drama, es decir, a dueños de la guardería y ex funcionarios. ¿Cómo confiar en que las reformas legales a las procuradurías puedan traducirse en eliminar los sesgos en las indagatorias ministeriales?
Muy pocos se atreverían a negar que es urgente regenerar nuestro desfigurado Estado de derecho, si no queremos destruir los cimientos de nuestras incipientes instituciones democráticas y seguir fomentando la desconfianza de la población en nuestras autoridades y nuestras leyes. El problema de la falta de un Estado de derecho robusto es que imprime su huella corrosiva de manera transversal sobre todos los problemas sociales, económicos y políticos que nos aquejan, haciéndolos cada vez más difíciles de resolver, justamente porque carecemos del marco normativo y de la fortaleza institucional necesarios para lograrlo.
Por ello, cada nuevo evento que pone en evidencia la erosión de nuestro Estado de derecho, nos aleja progresivamente de la idea de que a través de las leyes podemos introducir los cambios institucionales y de comportamiento en las autoridades para construir una sociedad más justa, que es a lo que aspira el Estado de derecho.
Son muchos los obstáculos que existen para emprender la tarea de regenerar un marco de garantías y derechos para todos, que esté asegurado por un Estado plenamente sometido a la ley. Sin duda, la desigualdad y la exclusión son las palancas más resistentes en contra de un Estado de derecho vigente y garantista. Y es que sin una sociedad capaz de contar con los recursos y herramientas básicas para que todos se erijan en sujetos activos de sus derechos y libertades, difícilmente se podrá incidir en los contenidos específicos de las leyes para que éstas atiendan las necesidades y satisfagan las demandas de todos y no sólo de los ricos y poderosos.
Académica de la UNAM.
peschardjacqueline@gmail.com
