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Hoy, al igual que muchas otras personas, no encuentro un partido por cual votar, pero estoy convencida de que un voto útil y razonado es mejor que dar rienda suelta a nuestro enojo y desaliento frente a partidos tan desprestigiados.
El reciente trabajo de María Amparo Casar, del CIDE, “Anatomía de la corrupción”, que se centra en demostrar el altísimo costo económico que la corrupción tiene en nuestro país, recoge el dato del Barómetro Global de la Corrupción que señala que 91% de los mexicanos considera que dicha práctica ilegal es cotidiana en los partidos. El dato ya lo conocíamos, pero no sabíamos que hubiera alcanzado niveles tan críticos.
En este contexto, al igual que hace seis años, el repudio hacia los partidos políticos ha desatado un movimiento anulista, promovido por importantes líderes de opinión, que rechaza cualquier opción a votar por el partido o candidato “menos peor”, porque ven en ello una visión conformista, mientras que anular es un rechazo activo al sistema de partidos.
El voto es, antes que nada, un derecho de los ciudadanos y cada cual debe decidir libremente, pero el voto es también un acto con un significado social. En cada coyuntura electoral, se generan agendas específicas sobre lo que está en juego y éstas pueden ser una guía para que la decisión individual cobre una dimensión de mayor alcance.
El voto útil quiere impedir que gane el partido o coalición que considera más nociva y para ello hay que impulsar a aquél que pueda lograr mejor dicho propósito. Es más un voto en contra que uno a favor, pero demanda que el elector haga un análisis puntual sobre la oferta existente y no puede reducirse a rechazar a todos por igual.
En una elección intermedia como ésta, lo primero que está en juego es si queremos que el partido en el gobierno obtenga mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, o si, como lo hemos hecho desde 1997, optamos por un contrapeso que obligue al gobierno a negociar, al menos, con alguno de los partidos grandes. Hay que considerar que la coalición del PRI con el PVEM se ha afianzado y en esta ocasión abarca a 250 de las 300 candidaturas de mayoría. Un voto a favor de un gobierno dividido implicaría ubicar bien quién puede contrarrestar con mayor eficacia a la alianza gubernamental.
En este 2015, hay un movimiento novedoso que busca elevar la exigencia sobre los candidatos para que informen a la población sobre sus perfiles y preferencias, que se ha expresado en tres grandes iniciativas: “Conócelos”, del INE; “Voto Informado”, de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, y “Candidato transparente #3de3”, de IMCO y Transparencia Mexicana. Hasta ahora, las respectivas bases de datos revelan que sólo 35% de los candidatos a diputados federales han dado a conocer sus currícula y, aunque 54% ya ha contestado la encuesta de “Voto informado” sobre temas de la agenda nacional, apenas 6.6% ha hecho públicas sus tres declaraciones patrimoniales, de intereses y de impuestos.
Con todo y la baja respuesta, los datos ofrecen una herramienta útil para construir nuestra decisión sobre por quién votar. ¿Quiénes ponen a disposición sus trayectorias profesionales y políticas, sin importar que se revele qué tanto han saltado de un partido a otro?, ¿quiénes se toman el tiempo de contestar un cuestionario para que los electores sepan sus posiciones frente a un listado de temas? y ¿quiénes no temen dar a conocer su información patrimonial? es información útil para orientar eficazmente nuestro voto.
No podemos conformarnos con un voto genérico antisistema, debemos buscar una decisión más elaborada para reforzar su impacto sobre la integración del Congreso. Ya no hay marcha atrás en la demanda social de mayor información sobre quiénes quieren representarnos. ¡Hay que utilizarla!
Académica de la UNAM.
peschardjacqueline@gmail.com
