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Si algo debemos agradecer al señor Trump, es que al posicionar de manera descarnada su política migratoria como parte de la seguridad de su país, logró lo que no pudo la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Human Right Watch, y diversas organizaciones de migrantes en nuestro país durante los últimos años: colocar en la agenda pública de México, el tema de la migración internacional.
No nos engañemos, la política migratoria de Estados Unidos, poco o nada tiene que ver con los Derechos Humanos. La premisa estadunidense encabezada por su Departamento de Seguridad Interna para abordar esta problemática parte de dos prioridades: la seguridad del Estado, y el aspecto económico.
La ampliación de expulsiones inmediatas, la devolución automática de los mexicanos sorprendidos en la frontera, y la potencial persecución penal de los padres que traigan a sus hijos, evidencian que la nueva política fronteriza estadunidense en el tema es unilateral, y poco podrá hacerse al respecto.
Ante este hecho contundente, se debe analizar en lo inmediato las repercusiones sociales y económicas en nuestro territorio ante dichas medidas. Cuando el vecino del norte amenaza con un plan de acción de deportaciones masivas contra “los sin papeles”, como suele llamarles, resulta indispensable revisar los datos duros que informes especializados han hecho en la materia.
Lo primero es el cambio de enfoque para abordar el fenómeno. La migración hoy en día no se reduce sólo al cambio de residencia. Ahora la movilidad incluye desplazamientos de corta o larga duración que no necesariamente incluye un cambio de residencia, y que abarca personas que se desplazan desde, hacia y a través de México, como lo consignan los estudios sobre Movilidad y Migración internacional, publicado en 2016 por la Secretaría de Gobernación.
En este supuesto se encuentran, por ejemplo, un gran número de niños migrantes que viajan desde América Central a México, ya sea por su cuenta o acompañados de sus familias. En conjunto, las autoridades mexicanas y estadunidenses detuvieron en 2014 a casi 75,000 niños, y en 2015 a casi 68,000. Todos ellos de los tres países del llamado “Triángulo del Norte”, formado por el Salvador, Guatemala y Honduras, según datos publicados por Human Rights Watch.
Por otro lado, llama la atención que, de acuerdo a los datos de diversas fuentes integrados en el Prontuario de Migración de la SEGOB, en el caso de los mexicanos se observa una disminución en el número de emigrantes desde 1992, en que se pasó de 2 millones en ese año, a 719 mil en el periodo de 2009-2014.
Sin embargo, la emigración de mujeres mexicanas hacia EU se incrementó, de 14.8% en 2009, a 35% en 2014, grupo que suele hacerlo de manera legal en mayor porcentaje que los hombres. En 2014 el 74.6% de las mujeres contaban con documentos, contra 25.4% de los hombres que los llevaban, lo que nos permite suponer que serán éstos últimos, los que más rápidamente y en mayor cantidad sean deportados.
Sigue siendo la búsqueda de trabajo o trabajar el principal motivo de la emigración. Y el segundo, la reunificación con la familia, lo que nos obliga a pensar en estrategias para abordar el problema de la desintegración familiar, pues los procesos de reintegración, ya no serán posibles en la mayoría de los casos.
Tres entidades federativas representan el mayor porcentaje de emigrantes sin documentos que ingresan a EU. Oaxaca con 89.4%, contra 75% en Guerrero y 73.8% de Chiapas. Sabemos que son de las entidades más pobres y con grandes rezagos educativos, razón de más para que ameriten mayor atención por parte del gobierno federal y local, en aras de frenar los desplazamientos de su población y brindar alternativas a quienes retornen.
Los datos visualizan la dimensión del problema. El ideal discursivo de responsabilidad compartida para una política migratoria integral quedó hecho añicos con las acciones recientes del gobierno norteamericano. El vecino país no atenderá la migración que los gobiernos latinoamericanos, no sólo no han atendido, sino promovido, al ser omisos en su responsabilidad política con sus ciudadanos, incluso México.
Cumplir dos de los objetivos del Programa Especial de Migración 2014-2018 del gobierno mexicano podrían ser metas modestas pero un buen principio: Incorporar el tema migratorio en las estrategias de desarrollo regional y local; y consolidar una gestión migratoria eficaz fundamentada en criterios de facilitación, corresponsabilidad internacional, seguridad fronteriza y seguridad humana.
Hasta ahora fuimos un brazo ejecutor de las políticas migratorias promovidas por Estados Unidos. Rediseñar la atención a esta problemática, implica que México voltee hacia el sur, y active mecanismos de cooperación que se quedaron en el tintero cuando el secuestro de migrantes alcanzó cifras inimaginables. El letargo de las políticas migratorias, en especial con Centroamérica, ya no puede esperar más.
Estados Unidos está dispuesto a tipificar la calidad migratoria como un delito, ya está dando señales de ello. No puede seguir siendo el referente en la materia. Es momento de crear nuestras propias políticas, y los migrantes no pueden quedarse solos. Para ellos emigrar nunca fue una elección fue, tristemente…su única alternativa.
Analista.
@Biarritz3
