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Se cumplió un año de la terrible noche en la que el Estado mexicano fue cómplice y actor material en el caso de 42 personas desaparecidas, 6 homicidios y varios heridos.
A lo largo de este año quienes hemos dado seguimiento a la evolución de este caso hemos podido ver cómo, de manera un tanto aventurada, una tesis de un evento delictivo se convirtió en "verdad histórica” y cómo esa “verdad” debía ser el punto final de este caso. Todo esto como si la investigación judicial excluyese otros aspectos igualmente importantes; tales como el proceso de acceso a la justicia, de reparación del daño para las víctimas y de rendición de cuentas a la sociedad, casi como si haber emitido una tesis fuese un "ya explicamos, ya se cerró el asunto".
Sin embargo, el asunto no estaba cerrado, la tesis de la Procuraduría General de la República (PGR) dejó vacíos que a muchos nos hicieron dudar de la exhaustividad de la investigación que, según la misma PGR, fue la más profunda y profesional de su historia.
Una revisión más detallada y profunda sobre la presunta "verdad histórica" realizada por expertos internacionales en la materia dio cuenta de múltiples debilidades de la investigación realizada por las autoridades. Se trata de una serie de cuestionamientos expuestos con el interés de atender las legítimas demandas de justicia de las víctimas indirectas de este terrible acontecimiento para que puedan encontrar a sus hijos desaparecidos. ¿Quién no apelaría por el apoyo de expertos e instancias internacionales para tener certezas sobre el paradero y la suerte de un ser querido, para tener acceso a la justicia y la verdad? En un país en donde la rendición de cuentas es algo cotidiano, los cuestionamientos se desahogarían puntualmente. Sin embargo, en México se prefirió cuestionar y desacreditar a expertos y voces independientes que llamaron a una revisión del trabajo hecho, de los procesos judiciales, de acceso a la justicia. Esto resulta fundamental sobre todo si tomamos en cuenta que se trata de graves violaciones de derechos humanos.
Paralelamente la sociedad se ha polarizado en favor y en contra de este evento, lo que ha provocado tensiones en un clima complicado, en términos de cohesión social y capacidad de colaboración. Pareciera que en lugar de aprovechar la situación para buscar cómo mejorar al país y salir de la crisis en la cual nos encontramos, las personas cerramos filas a veces de manera acrítica, con uno u otro bando.
Sobre este caso, que sirve de símbolo para tantos otros que no llegan ni a la nota nacional, ni a la internacional y del que tanto se ha escrito, quiero destacar dos aspectos: la impunidad y la debilidad de nuestro Estado de Derecho. Quiero enfatizar estas cuestiones con el objetivo que entendamos la oportunidad que tenemos de resolver situaciones que nos afectan a todos en muchos otros contextos de nuestra vida.
La impunidad se cruza con la debilidad del Estado de Derecho toda vez que, quien debería responder por su responsabilidad en la comisión de un hecho delictivo, queda impune o bien cuando alguien inocente es procesado y sentenciado por un delito que no cometió. Estos casos que pudieran parecer situaciones individuales, de uno u otro modo nos afectan a todos, pues tan solo representan pequeños engranajes de una maquinaria mucho más grande
Más de 100 personas en la cárcel aguardan la resolución de un proceso penal que debería llevarse en pleno apego al debido proceso y a los derechos humanos, que garantice que quien resulte responsable, realmente lo sea. Quisiera ser optimista pero tengo amplias dudas de que esto suceda a razón de las múltiples experiencias que cada uno de nosotros ha tenido o que ha conocido.
Y así cómo lo ha evidenciado este caso, la ley no es igual para todos: mientras más de cien personas esperan la culminación de un proceso, hay quienes permanecen intocables. Intocables quienes apoyaron, irresponsablemente, la candidatura a alcalde de una persona vinculada a un grupo criminal que, encabezó una administración ligada al narcotráfico en Iguala y que la prueba fehaciente fue la desaparición y homicidio de estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos. Permanecen intocables quienes desde el gobierno federal supieron qué tipo de gobierno y negocios llevaba a cabo ese alcalde y no actuaron para frenarlo; intocables quienes desde gobiernos locales también supieron quienes eran los Abarca y prefirieron "llevar la fiesta en paz" en lugar de señalar con contundencia que había un gobierno en manos de la criminalidad organizada.
La impunidad se cruza con la debilidad del Estado de Derecho cuando, los juzgadores federales, siguen dictando autos de formal prisión por secuestro sin considerar la comisión de desapariciones forzadas, obviando que no sólo se trata de una privación ilegal de libertad a manos de servidores públicos sino que se trata del ocultamiento de las personas en vida o muerte. Es indudable que estamos en presencia de un caso de desaparición forzada y no de secuestro.
Parece que olvidamos que el ex Alcalde de Iguala y los ex policías de Iguala y Cocula, involucrados en este delitos, actuaron siendo servidores públicos que devengaban un sueldo que todos los mexicanos pagamos con esos impuestos que cada mes nos duele tanto pagar. Dicho de otra manera, actuaron siendo pagados con mi y con tu dinero.
La impunidad se cruza con la debilidad del Estado de Derecho cuando vemos que en los últimos días, diversas voces, se suman para descalificar las conclusiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que evidencian que en México hay una violación sistemática a los derechos humanos, en vez de preocuparnos por entender en qué sí tienen razón esas conclusiones y qué sí urge atender.
Personalmente no entiendo cómo hay quien puede negar el pobre respeto a los derechos humanos en nuestro país, toda vez que, bajo nuestro débil Estado de Derecho, nuestro sistema judicial sigue dejando libres a personas que abiertamente son responsables o corresponsables de delitos y transformando inocentes en culpables; sobre todo si vamos más allá y reflexionamos cómo en México nadie tenemos la garantía del respeto de nuestros derechos frente a nada o nadie o cómo los delitos se clasifican según criterios individuales y no según lo que establece la ley.
Todos los días me duele el caso Iguala y todos los casos similares, me duele cuando pienso en las víctimas, cuando me doy cuenta que yo podría ser una de ellas; me duele cuando reflexiono que el Estado no sabe brindar justicia a las víctimas y que cuando a mí me suceda un caso similar nada o nadie podrá reparar mi daño, ni hacer valer mis derechos. Me duele cuando pago el IVA, que sirve para mantener un aparato disfuncional que se concentra en proteger el poder, en vez de buscar generar igualdad de oportunidades para todas las personas; me duele cuando tengo que estirar mi sueldo hasta el fin de mes debido a que pago puntualmente mis impuestos y estos son usados para pagarle a funcionarios, jueces y servidores públicos corruptos que siguen de muchas maneras matando y lastimando a todos los mexicanos. Me duele que con mis impuestos se hayan desaparecido, lesionado y asesinado a personas. Me duele que cada uno de nosotros seamos corresponsables y que más allá de valorar esta cuestión haya quienes desprestigien manos que intentan apoyar y construir para salir de la crisis que nos aqueja. No hay pretextos, tenemos que asumir nuestra responsabilidad y llevar a cabo las acciones correspondientes para que lo sucedido no se vuelva a repetir, para que quienes son intocables dejen de serlo y que todos tengamos acceso a la justicia y a la verdad. Solo de esta manera podremos construir el país que nos merecemos.
Director general del Observatorio Nacional Ciudadano
