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Es fácil olvidar que la violencia tiene un rostro humano de dolor, que un homicidio significa truncar los sueños y oportunidades de mejorar -por lo menos una parte- de la comunidad en la que vivimos.
Entre las más de veinte mil víctimas de homicidio doloso que este año se sumarán a la violencia que vivimos en México, se encuentra la pequeña Valeria, una joven estudiante, hija de una familia tradicional mexicana, a la que difícilmente una autoridad podrá catalogar como una joven involucrada en la delincuencia o de la que podrá señalar su estilo de vida como causa de su propia muerte, como acostumbran hacer.
Si acaso podrán decir que el único gran error que Valeria y su familia cometieron fue confiar en el transporte público y en que las autoridades de esa entidad, una entidad sumida en la corrupción y la violencia, fuesen capaces de proveer seguridad a sus ciudadanos.
Nuevamente las autoridades del Estado de México están bajo la lupa, debido a este caso llueven las críticas, al tiempo en que estas tratan de minimizar la innegable verdad que muestra lo incapaces que son de mantener el Estado de Derecho en su entidad.
A través del Secretario General de Gobierno, la autoridad estatal admite que existe violencia en la entidad, pero subraya avances en materia de seguridad. El licenciado José Sergio Manzur Quiroga olvida que el Estado de México, cerró el 2016 logrando el 6º lugar nacional en tasas por cada 100 mil habitantes en secuestro, 8º en extorsión, 6º en robo con violencia y 2º en robo de vehículo, comparado con las otras 31 entidades.
En este caso en particular todo falló y todo sigue fallando: un padre solicita apoyo tras la desaparición de su hija y las autoridades simplemente lo ignoraron; tras la detención del presunto culpable por homicidio doloso y violación, el victimario aparece muerto en una celda del penal Neza-Bordo; ante las dudas que el caso levanta, las autoridades insisten en que el presunto culpable se suicidó y omiten explicar de dónde salió la cuerda con la que el presunto culpable ejecutó el suicidio y por qué nadie se dio cuenta de lo que estaba haciendo.
Por si fuera poco, por mientras, los padres se quedaron sin acceso a la justicia y viven las amenazas y agresiones de los transportistas de la ruta en cuestión.
Ante el peligro que viven los padres, el secretario general del Estado de México deflecta la crítica e insiste en mejoras de seguridad en la entidad y justifica la falta de protección de los padres de Valeria bajo el argumento de "si no tenemos denuncia no tenemos delito", así como declaró en medios nacionales.
Dicho sea de paso, lamento recordarle al secretario Manzur, que, según el Art. 256 del Código Penal de la entidad, podría ser señalado de la comisión del delito de omisión de auxilio ya que el artículo señala que "al que omita auxiliar a una persona que por cualquier circunstancia, estuviese amenazada de un peligro, cuando pudiera hacerlo sin riesgo alguno, o al que no estando en condiciones de llevarlo a cabo, no diere inmediato aviso a la autoridad, se le impondrán de tres a seis meses de prisión y de treinta a sesenta días multa.
Los padres de la niña Valeria, mostrando una dignidad de la que las autoridades evidentemente carecen, reclaman la muerte del victimario, reconocen lo que a muchos no les queda claro, con más violencia no se repara el daño, privando de la vida a un presunto culpable, no hay justicia.
Como si esto no fuera poco, los medios de comunicación dan cuenta de hechos que desnudan la debilidad del Estado de Derecho en la entidad, la incapacidad de una autoridad de hacer cumplir la ley, dado que, tanto el vehículo como el chofer de la unidad (y victimario), carecían de ciertos requisitos y permisos para operar.
No se trata de hacer del Estado de México leña del árbol caído, ya que el Estado de México es un árbol que cayó hace mucho tiempo sin que exista rendición de cuentas ni avances. Se trata de visualizar problemas que todos conocemos y de los que nadie parece querer responsabilizarse o resolver:
• Carecemos, en la mayor parte del país, de un transporte público mínimamente suficiente, digno y de calidad que dé servicio a una población que sigue creciendo, que no puede acceder al transporte privado, en un contexto donde el desarrollo urbano está en manos de intereses corruptos que sólo agravan los conflictos y problemas sociales que vivimos.
• El gremio del transporte público, a lo largo del país, está en manos a hampones que imponen su voluntad y beneficio por encima de los derechos laborales de los choferes, los beneficios sociales y los mínimos impuestos por la ley. Donde los choferes y las autoridades terminan siendo cómplices del daño a la sociedad.
• La autoridad es negligente y omisa en hacer cumplir la ley en general.
• Carecemos de sensibilidad, capacitación y recursos para enfrentar el fenómeno de las desapariciones. Sin importar lo que la ley obligue al Estado o lo que las autoridades acuerden entre sí, los protocolos, la capacitación, los insumos para apoyar a una víctima de desaparición son una mera aspiración para declaraciones y fotos; y no para atender un grave fenómeno del cual desconocemos su verdadera dimensión.
• Las autoridades siguen simulando compromiso con la sociedad, aún ante la inexistencia de las unidades de búsqueda o de un Sistema de Gestión de Información para atender el tema ¿Cómo alguien pudo omitir la búsqueda de una pequeña? ¿Qué nivel de insensibilidad o incapacidad se necesita para no ser empático con el dolor y miedo de una víctima? ¿Cómo puede argumentar un licenciado en derecho, como es el secretario general de Gobierno del Estado de México, que no puede actuar sin una denuncia, aun cuando tiene conocimiento y evidencia de un hecho que atenta contra la integridad física y patrimonial de una familia?
• Una vez más, se hace evidente, que en la mayor parte de los penales del país hay autogobierno, que están sumidos en la corrupción, sin lo mínimo para que cumplan con su función que consiste en ser un centro de readaptación social y no una escuela de la delincuencia.
Precisamente es oportuno analizar estos puntos para dar soluciones, ya que lo que observamos y decimos del Estado de México, lo podríamos afirmar de por lo menos la mitad de las entidades del país, en especial estados como Guerrero, Tamaulipas, Baja California, Colima, Tabasco y Nayarit
Sin embargo, lo cierto es que, por lo que a este caso se refiere, una vez más tenemos la evidencia de la insensibilidad e incompetencia de las autoridades de esa entidad ante la crisis de seguridad y justici
Mi más sentido pésame va con las víctimas de este caso, los papás de Valeria, así como para todas las víctimas que se suman, día a día, en el país.
¿Qué tan grave debe ser la falla para que alguna autoridad reconozca su incompetencia y renuncie? Me queda claro que si alguien tuviera dignidad lo haría.
Estas renuncias deberían empezar por el fiscal general de justicia del Estado de México y el secretario general de Gobierno, hasta las demás autoridades de seguridad y justicia, tanto estatales como municipales, que una vez más, ponen en evidencia que ni pueden, ni les interesa garantizar seguridad para sus ciudadanos.
Director general del Observatorio Nacional Ciudadano
@frarivasCoL
