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Los registros estadísticos disponibles sobre desapariciones en México no permiten contar con la información mínima necesaria para entender este fenómeno. Esto se debe a las inconsistencias entre las bases de datos y a la heterogeneidad de sus respectivos criterios de construcción. Estos factores no sólo evidencian que es imposible dimensionar su incidencia, sino que carecemos de las políticas públicas y del compromiso institucional necesario para garantizar el acceso a la justicia y la verdad a las víctimas.
Entender el fenómeno de la desaparición es un urgencia en nuestro país debido a que actualmente representa un grave problema en materia de derechos humanos, seguridad y Estado de Derecho. Negarle la justicia a las víctimas significa mantener vigente los actuales índices de impunidad, ignorar parte del fenómeno del homicidio, de la trata de personas, del secuestro y de otros delitos violentos. Negarle la verdad a las víctimas significa mantener vivo el dolor, generar desigualdad y condiciones de vulnerabilidad para los familiares de desaparecidos, así como debilitar las instituciones y el entramado social.
Por esta razón, hoy el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) presenta el 1er fascículo sobre este fenómeno, titulado El registro estadístico de la desaparición: ¿delito o circunstancia? (www.onc.org.mx). Éste es resultado de una amplia investigación que nos llevará a la publicación de otros ocho productos que van desde el análisis del marco normativo y políticas públicas, la atención a las víctimas y las capacidades institucionales, con la finalidad de culminar con 4 manuales de buenas prácticas.
Este fascículo busca impulsar un registro de gestión de información de personas desaparecidas en México que pueda ser utilizado como un instrumento de consulta y uso público, con niveles restringidos de acceso para información que requiera privacidad de manejo, dada la investigación de casos, que incluya datos ya existentes y permita cruces de información. Desde esta perspectiva sería necesario:
1.— Implementar plenamente el software donado por Cruz Roja Internacional ante mortem/post mortem (AM/PM) que concentra no sólo los datos de desaparecidos sino información sobre las personas encontradas sin vida.
2.—Incluir información de personas no identificadas en hospitales, albergues, entre otros.
3.— Incluir información sobre personas que se encuentran en centros de detención.
4.— Generar un registro de fosas comunes y clandestinas.
5.— Desagregar la información recabada de personas desaparecidas no solo para fines de su difusión, sino para entender las características de este fenómeno delincuencial partiendo de la identificación del sujeto activo.
Esto implica que la autoridad asuma el compromiso tanto de consensuar como de homologar qué y cómo se va a registrar: casos, personas desaparecidas, extraviadas, no localizadas o ausentes. Esto debe venir acompañado de un capacitación sustantiva para que el policía, ministerio público, perito, sean sensibles al fenómeno, lo conozcan y sepan usar las herramientas; a la par de sistemas de supervisión y rendición de cuentas.
En el ONC concluimos que es inútil tratar de subsanar las fallas estructurales del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) y que el fin no debe ser contar simplemente con una base estadística, sino con un sistema que facilite la búsqueda de personas desaparecidas y darle nombre a todas aquellas personas o restos sin identificar que han sido localizados.
Debemos ayudar a dar paz a quien busca a un ser querido, promover un Estado de Derecho, velar por el derecho a la justicia y la verdad. La complejidad del fenómeno criminal debe llevarnos a analizar sus diferentes aristas, en este sentido las desapariciones forzadas y aquellas cometidas por particulares son el insumo clave para reducir el poder de la delincuencia, las redes de corrupción de autoridades, la ineficacia institucional.
Director del Observatorio Nacional Ciudadano
@frarivasCoL
