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El pasado 15 de noviembre en el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) presentamos el Reporte de Delitos de Alto Impacto referente al comportamiento de varios delitos (homicidios, secuestro, extorsión, robos y violación) en el mes de septiembre, con base en información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
En el Reporte dimos cuenta de que septiembre fue el mes con mayor número de víctimas desde enero de 2014 cuando se comenzó a contabilizar este dato; asimismo, fue el mes con más homicidios dolosos del actual sexenio; que el caso de septiembre no era aislado sino que se adscribía a un periodo de alta violencia ya que en su momento, julio y agosto de 2016 también fueron los meses respectivamente más violentos del sexenio, y aún más, agosto y septiembre habían sido los meses con más homicidios por armas de fuego desde 1997. En el Reporte también analizamos los problemas de incidencia delictiva local y la falta de rendición de cuentas por parte de entidades -Querétaro y San Luis Potosí- que modificaron sensiblemente información del número de eventos delictivos de 2015, sin explicar a la ciudadanía porqué, ni responder a cuestionamientos.
Obviamente el mensaje llegó y caló hondo; autoridades federales y locales manifestaron su desacuerdo, desestimaron el análisis, criticaron el tono y buscaron justificaciones. No obstante, no hubo un compromiso real por mejorar aspectos del panorama que nos tienen sumidos en esta crisis, nadie reconoció su incapacidad y peor aún, quienes pudieron haber aprovechado para explicar y rendir cuentas –Querétaro y San Luis Potosí- no se dieron por enterados.
Desde la federación se buscó minimizar la brutalidad de septiembre donde por lo menos 2 187 personas perdieron la vida en eventos dolosos. Presentaron datos de octubre –que en ese momento no eran públicos- y hablándonos de una disminución del 6% del homicidio doloso que corresponde a 1 860 carpetas de investigación y 2 090 víctimas, contra las 1974 carpetas de septiembre, e identificándolas como resultado de la estrategia de intervención de los 50 municipios con más homicidios.
Sin embargo, es sumamente difícil asegurar que el plan de intervención del gobierno federal esté ya, dando resultados, y aun queriendo ser optimista, octubre se posiciona como el 4o peor mes de la administración del Presidente Peña, con una distancia de apenas 6 carpetas de investigación y 8 víctimas menos respecto a julio.
El malestar principal de la autoridad respecto a las declaraciones del ONC, fue nuestra afirmación de que seguimos careciendo de una estrategia de largo respiro, con indicadores comprobables de reducción de la violencia e incidencia delictiva. Esta declaración no es aventurada, en el ONC estamos seguros que existe un firme compromiso de la autoridad por desarticular bandas y reducir el homicidio, sabemos y reconocemos que las fuerzas federales hacen un gran trabajo en favor de los mexicanos.
Sin embargo, hay muchos temas que no veo que estén en la agenda de prioridades que se deben atender y que deben ser clave si se busca reducir delitos y violencia, por ejemplo: combate a la corrupción; romper las redes de colusión de autoridades y delincuentes; fortalecer la actuación apegada a protocolos y derecho para que el esfuerzo de captura no se vuelva inútil frente a jueces que deben desestimar el caso por violaciones al debido proceso; hacer cumplir la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que obliga al Estado a un sistema de desarrollo de las policías del país; mejorar las capacidades de investigación de las procuradurías y fiscalías estatales, rebasadas desde muchas ópticas.
Podría seguir enumerando aspectos propios del tema social (economía, desigualdad, educación, etc.) que influyen en la crisis que vivimos, pero quiero cerrar haciendo énfasis en 3 aspectos puntuales de la agenda de seguridad y justicia, que deberían estar dentro de la actual estrategia:
1. Fortalecimiento de las capacidades forenses; en el trabajo de campo del ONC lo comprobamos, hay procuradurías y fiscalías que carecen de todo –incluido el compromiso necesario- para investigar el homicidio, por lo que una víctima indirecta de este delito, jamás obtendrá justicia.
2. No se debe minimizar la posible relación que existe entre la crisis de desapariciones y el homicidio. Actualmente en el ONC estamos desarrollando una investigación sobre este tema y, conectándolo con la debilidad forense, podemos suponer que el número de homicidios en el país quizás sea mayor al que conocemos debido a la falta de implementación de protocolos y unidades de búsqueda, así como de registros de hallazgos de fosas clandestinas. Este posible subregistro no es cosa menor si pensamos que se refiere a personas que están siendo buscadas por sus seres queridos y yacen en tierra de nadie sin que exista un compromiso del Estado, por lo menos, en que esta cifra no siga engrosándose.
3. Combate a los recursos de los criminales. Un delincuente puede seguir delinquiendo y comprando justicia aún desde la cárcel porque cuenta con los recursos económicos que se lo permiten. Actualmente parece marginal el esfuerzo que se hace para golpear el principal recurso que le permite seguir delinquiendo a alguien, el dinero.
Es entendible que la autoridad busque dar una justificación a la falta de resultados de sus estrategias, planes y programas, sin embargo, no es justificable que la respuesta sea un mero discurso, sin acciones que lo acompañen.
México lleva una década en crisis y así seguirá si el dinero destinado a gobernar termina en departamentos y lujos de autoridades corruptas; si se sigue negando el problema y trabajando con base en diagnósticos incompletos o superficiales, o si seguimos revictimizando a las víctimas con declaraciones como las del gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez, quien exhibe insensibilidad y falta de respeto por las personas e instituciones de seguridad y justicia diciendo que "el 90% de los homicidios es de personas que andaban en malos pasos". México requiere instituciones sólidas, políticas públicas eficaces y autoridades capaces de rendir cuentas y es tarea de la ciudadanía vigilar que así sea.
Director general del Observatorio Nacional Ciudadano.
@frarivasCoL
