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¿Qué sucedería si algún fiscal en Illinois o California afirmase que se construyen culpables y pruebas al interior de dicha institución de justicia? ¿Hasta dónde llegaría el escándalo en torno a los falsos positivos y la creación de pruebas ad hoc? ¿Cuántas liberaciones de personas detenidas se solicitarían y se ejecutarían? ¿Cuántos funcionarios renunciarían y cuántos de ellos serían detenidos y sancionados? Me gustaría pensar e imaginarme qué sucedería ante tal atropello del debido proceso y de los derechos humanos. Quizás ante la dimensión del problema, inclusive el presidente emitiría algún pronunciamiento oficial y con mayor razón si esto sucediese en la entidad de la que el fue senador o incluso gobernó previamente.
Estoy seguro que una noticia de este tipo en cualquier país con un verdadero Estado de derecho sería un escándalo y a la vez una oportunidad. Sería un escándalo porque pondría en tela de juicio todo el sistema de justicia de un país, desde los casos más conocidos y relevantes, hasta las sanciones y condenas más pequeñas. Sería una oportunidad porque llevaría a una profunda revisión del proceso de acceso a la justicia con miras a garantizar que el sistema correspondiente se encuentre apegado a derecho y sea respetuoso de los derechos humanos.
Me gusta imaginarme qué pasaría en cualquier país con un verdadero Estado de derecho, porque en México ante un caso similar parece que nada pasa ni pasará.
Al ejemplo que me refiero es a lo sucedido el pasado 25 de abril en el Estado de México. Fernando Ulises Cárdenas, Director de Litigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), apareció en un video en el cual regaña a colaboradores de la procuraduría por el bajo porcentaje de sentencias condenatorias de imputados en la entidad. En dicho video el funcionario estatal insiste en que lo importante para la PGJEM es la "estadística de efectividad", es decir, cuántos casos se ganan en el poder judicial, que la excusa no puede ser que los agentes del ministerio público no pueden fabricar culpables, cuando eso es algo que siempre ha sucedido en la institución. Incluso para que no quedara duda alguna respecto a dicha aseveración, Fernando Ulises Cárdenas citó casos ocurridos de 2009 a 2014.
Estas afirmaciones, que debieron de haber levantado un sinnúmero de quejas de todas las instituciones de procuración y administración de justicia, que debería haber ameritado declaraciones oficiales del procurador del estado, Alejandro Gómez; del gobernador, Eruviel Ávila; y del mismo presidente Enrique Peña Nieto -quien gobernó la entidad de 2005 a 2011- pasaron casi desapercibidas. ¿Acaso no les parece preocupante que se aplique la justicia a modo, que cientos de personas estén purgando penas por delitos que no cometieron sólo porque los funcionarios optaron por tratar de aparentar que la PGJEM es eficiente y para ello construyeron pruebas?
Esto nos lleva a pensar que difícilmente veremos esa profunda reestructuración del sistema de procuración de justicia que tanto necesitamos en nuestro país, puesto que las declaraciones emitidas por este funcionario del Estado de México sólo fueron publicadas en breves notas informativas. Ninguna autoridad local o federal comentó nada al respecto, al grado que parece que esto nunca sucedió.
Indudablemente es importante reconocer que las declaraciones de Fernando Ulises Cárdenas no deben ser consideradas como irrefutables, que muy probablemente muchos ministerios públicos y policías ministeriales de la entidad han hecho y hacen un trabajo exhaustivo en tratar de brindar acceso a la justicia a las víctimas. Sin embargo, estas declaraciones sí deben ser tomadas como un asunto de suma trascendencia y preocupación, ya que muestran cómo se percibe el proceso de justicia por parte de algunos funcionarios y qué tipo de presión ejercen los mandos sobre los colaboradores de la institución.
Desde esta perspectiva, irremediablemente se pueden considerar las afirmaciones de Fernando Ulises Cárdenas como la cristalización del por qué los ciudadanos no confiamos en los procesos de justicia; del por qué tenemos una cifra negra promedio de 92.8% de 2010 a 2014 de todos los delitos cometidos; del por qué participamos, toleramos o justificamos la corrupción como forma de enfrentar los procesos judiciales, de por qué afirmamos que en México no hay justicia. Finalmente, las aseveraciones de este funcionario estatal evidencian por qué en nuestro país no existe un verdadero Estado de Derecho.
Las autoridades del Estado de México y las de procuración de justicia de todo el país deben aprovechar este momento para relanzar una campaña de sensibilización acerca de la importancia del debido proceso y el respeto a los derechos humanos; capacitar y profesionalizar a los servidores públicos entorno a los protocolos de actuación y las normas en cada una de las materias; generar espacios de observación y supervisión ciudadana en los procesos de acceso a la justicia; generar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas para que la sociedad cuente con una explicación respecto a cómo y por qué el Estado responde de determinada manera frente a los retos en materia de seguridad y justicia.
Mientras que para la sociedad, lo sucedido en el Estado de México, debe considerarse como una oportunidad para discutir y acordar cuál debe ser el indicador para evaluar una procuraduría, la labor de una agencia o de un ministerio público; cómo trascender la mera evaluación cuantitativa que incentiva que las autoridades prefieran bajo cualquier circunstancia las sentencias condenatorias por encima de los debidos procesos. Ante la situación por la cual atraviesa nuestro país es fundamental que trabajemos para que cada una de las personas que vive en este país comprenda que una autoridad que viola los derechos humanos y el debido proceso, no respeta nada y no permite el acceso a la justicia.
Asimismo debemos exigir no sólo una sanción para aquellos funcionarios que han fabricado culpables y para quienes sabiendo de la existencia de estas prácticas, toleraron la situación y callaron, sino que también debe prevalecer una investigación profunda apegada a derecho. Se necesita tener plena certeza sobre todos aquellos inocentes que se encuentran presos debido a las pruebas construidas por los funcionarios de la PGJEM y tratarles de reparar el daño correspondiente. Si este video es la evidencia de la crisis en el sistema de justicia del país y la violación sistemática a los derechos humanos, la respuesta oficial y social debe ir encaminada a mostrar cómo el apego a derecho y el debido proceso son la clave para generar seguridad y justicia.
Ante lo sucedido sólo me queda darle nuevamente las gracias a las autoridades del Estado de México por convocarnos en favor del debido proceso. Gracias por evidenciar que el debido proceso y los derechos humanos no son prioridades para diversas autoridades de procuración de justicia en México ¡no me sorprende que esta situación se haya presentado en la PGJEM, una institución en la cual se ha rechazado la colaboración constructiva con la sociedad civil para fortalecer la procuración de justicia, el registro y sistematización de información estadística así como la cultura de la legalidad!
Espero que este llamado de atención sirva para entender que urge un cambio, que con sistemas de transparencia y cooperación con la ciudadanía, es posible erradicar la corrupción y el abuso. Espero que cada una de las autoridades aprenda que los tiempos han cambiado, que hay una sociedad civil atenta que no permitirá que haya más inocentes purgando sentencias, actos de tortura, denigración de la persona, sea esta quien sea.
Director general del Observatorio Nacional Ciudadano
@FrarivasCoL
@ObsNalCiudadano
