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Desde que Donald Trump llegó a la Presidencia, e incluso desde su campaña, ha amenazado a instituciones, ciudades y hasta estados: les retirará dinero federal si no se pliegan a sus órdenes. Desde la fallida conferencia en la Universidad de Berkeley, hasta la negativa de los alcaldes de Nueva York, Chicago, Los Ángeles, Seattle y hasta Laredo de colaborar con las autoridades federales de ICE para la deportación de migrantes indocumentados, la administración Trump no ha dejado de amenazarlos.
Y cuando un poder diferente al Ejecutivo se le enfrentó—como fue el caso de la prohibición migratoria que detuvo un juez de Seattle—Donald Trump y su administración criticaron a los jueces y en general al Poder Judicial. Cuando el grupo de senadores demócratas se oponen al nombramiento de algún alto funcionario del gobierno, los republicanos optan por cambiar las reglas del Senado para ratificar la nominación propuesta de Donald Trump. El Vicepresidente Pence mismo,entró a desempatar la votación en la nominación de la Secretaria de Educación cuando dos senadoras republicanas se opusieron, junto con los senadores demócratas.
La decisión de Donald Trump se ha impuesto tantas veces como ha podido: sólo falta que convierta en hecho la amenaza de retiro de fondos. El alcalde de Nueva York fijó ya postura: soportará el retiro de fondos federales, pero no dejará de defender a los migrantes. Así de sencillo. Se opone a la fuerza federal… es seguro que se materializarán las amenazas, pero el alcalde De Blassio se mantiene firme en contra de una decisión racista, que viola los derechos humanos y los principios norteamericanos más elementales. Las ciudades santuario son un emblema de la resistencia ante las políticas xenófobas y racistas de Trump. Se trata de ejemplos de consistencia con principios fundamentales de libertad, de tolerancia y de apertura intelectual y racial. Esta situación se parece a otra que vivimos en México.
Hace ya un mes que el Ejecutivo Federal envió la nominación de la C. Paloma Merodio Gómez para integrar la Junta de Gobierno del INEGI al Senado de la República para su ratificación. Días después, varias organizaciones de la sociedad civil y académicos mostramos nuestra objeción al nombramiento: su trayectoria laboral y académica había sido al menos inexacta y más bien exagerada y falseada en lo que presentó. Por ese solo hecho, aunado al de su trayectoria y falta de autonomía, su nombramiento no debe ser ratificado por el Senado. A mi juicio, se trata de argumentos suficientes para rechazar el nombramiento. Por ello pedimos al Presidente Peña Nieto que envíe una nueva nominación. No sería la primera vez que eso ocurriera. Ya sucedió con la nominación de Carlos Hurtado al Banco de México hace algunos años.
La reacción del gobierno de Peña Nieto ante la oposición de algunas partes de la sociedad civil ha sido de empecinamiento. El Ejecutivo no ha escuchado razones y existe una insistencia sorda (o muda) para que Paloma Merodio se integre a la Junta de Gobierno del INEGI a como dé lugar. Y no sólo eso. Este miércoles, las organizaciones civiles tuvimos la oportunidad de presentar nuestros argumentos a las mesas directivas de las comisiones correspondientes (yo no pude estar presente por un asunto familiar ineludible). Agradezco a la senadora Cristina Díaz Salazar y al senador Armando Ríos Piter por esa oportunidad. Al finalizar, el senador Carlos Puente del PVEM afirmó que el CEEY operaba en la ilegalidad pues el sueldo de su director general sobrepasaba el monto autorizado para el gasto administrativo. Y amenazó con solicitar al SAT quitar la calidad de donataria a la Asociación Civil.
Independientemente del CEEY—que como cualquier otra donataria es estrechamente monitoreada por el SAT—lo que resalta es la misma política que ha utilizado Donald Trump en sus acciones ejecutivas y en políticas específicas: amenazar so pena de imponer sanciones económicas. Amenazar a organizaciones que como la nuestra cuestionan la legalidad de nombramientos del Ejecutivo y utilizar, en este caso, a un senador para ser el mensajero de la amenaza. Y por si fuera poco, no se trata de amenazar solamente al CEEY, sino también a cualquier otra organización de la sociedad civil, o incluso persona, por opinar (con argumentos) de manera diferente.
Hoy en la comparecencia de Paloma Merodio, los senadores de oposición Juan Carlos Romero Hicks, Héctor Larios y el mismo Ríos Piter cuestionaron realmente a la candidata a vicepresidenta del INEGI. La mayoría del PRI y del PVEM avalaron su curriculum e idoneidad.
¿Por qué esta insistencia en colocar a una persona cuestionada con razones, sin prejuicios de género (aunque eso se ha tratado de decir a la opinión pública) ni otro interés más allá que la defensa de una institución que debe ser autónoma en los hechos y no solamente en su naturaleza jurídica? ¿Por qué llegar al extremo de amenazar a organizaciones civiles? Se parece a las amenazas a las ciudades santuario.
Sigo sin entender. Sólo veo una aplanadora de poder.
Enrique Cárdenas Sánchez
Centro de Estudios Espinosa Yglesias, A.C.
ecardenas@ceey.org.mx
@ecardenasCEEY
