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En la vida contemporánea, la solidez de las instituciones públicas juega un papel fundamental para preservar la armonía social cuando hay vaivenes políticos o ideológicos. Basta ver lo que ocurre en los Estados Unidos ante la llegada de Donald Trump a la presidencia. Ante sus abusos, ocurrencias y decisiones disparatadas, parece que el único freno eficaz es el trabajo de las instituciones. Tal fue el caso del poder judicial cuando rechazó la prohibición de que ingresaran a los Estados Unidos personas de siete países predominantemente musulmanes. Gracias al trabajo de un juez federal valiente y decidido, y del respaldo que luego tuvo en el tribunal revisor, fue posible detener esa decisión autoritaria. No obstante, esperaríamos mayor oposición de otras instituciones supuestamente sólidas, pero cuyas cabezas se han doblado ante el embate de Trump al guardar un vergonzante silencio. Me llama la atención, por ejemplo, que los rectores de las principales universidades norteamericanas no se hayan pronunciado, como grupo, en contra de políticas y retórica que van en contra de los principios de cualquier universidad en el mundo; a saber, la tolerancia, el respeto, la no discriminación, el valor de la unidad dentro de la diversidad. Parece que les ha faltado el liderazgo y la valentía que se requiere para defender los principios de instituciones tan sólidas y con cientos de años de historia.
El poder intenta imponerse ante personas e instituciones. Por ello, estas últimas se diseñan precisamente para enfrentar amenazas que intenten socavarlas para beneficio político o económico de unos cuantos. Si las instituciones públicas están bien diseñadas, entonces el poderoso, sea el presidente del país o un millonario, intentarán influir en el desempeño institucional vía el nombramiento de las personas que las encabecen. Si se controla a la cabeza, será posible influir en lo que produzcan las instituciones. A continuación un ejemplo: el gobierno de la República nominó a quien debiera ocupar la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia Administrativa, y fue aprobado sin mayor trámite por el Senado. Se trata de un puesto fundamental, pues en ese tribunal se juzgarán los casos que lleguen al nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. Estamos frente a una institución a la cual se le dio recién la autonomía. El diseño institucional es correcto; sin embargo, quien encabeza el Tribunal, aunque sí cumple con los requisitos de ley, ha sido más que cuestionado por sus antecedentes partidistas. Lamentablemente, el filtro del Senado no funcionó.
En esta semana hubo otro caso: el nombramiento de un vicepresidente del INEGI que dejó vacante el Mtro. Félix Vélez, de amplia y exitosa trayectoria en la academia y el servicio público. La persona nominada por el Ejecutivo Federal es Paloma Merodio Gómez. Se trata de una alta funcionaria de la Sedesol que por desgracia y a pesar de sus propios méritos, no cumple con los requisitos marcados por el apartado II del artículo 69 de la Ley del Sistema Nacional de Estadística y Geografía: “Ser profesional distinguido en materias relacionadas con la estadística, la geografía o la economía, así como haber ocupado, por lo menos durante cinco años, algún cargo de alto nivel en los sectores público o privado, o ser un académico de reconocido prestigio en las materias mencionadas”.
Un amplio grupo de instituciones civiles y de académicos reconocidos de muy diversas orientaciones políticas e ideológicas hemos rechazado esa nominación, simplemente porque NO CUMPLE con los requisitos de ley (http://www.ceey.org.mx/sites/default/files/adjuntos/candidata_inegi_ecs-rdt_4.pdf). Hemos pedido al Senado de la República que no apruebe dicha nominación para asegurar la idoneidad de las personas que formen parte de la Junta de Gobierno del INEGI. Es una gran responsabilidad que, además de los requisitos formales mencionados, requiere de experiencia, capacidad técnica e independencia para realizar su trabajo en la institución que produce los datos que necesitamos todos para conocer nuestro país y para nuestro trabajo especializado. Por ello, la ley exige que, si bien la nominación proviene del Ejecutivo, debe ser ratificada por el Senado. Se necesita ese filtro por la importancia de sus funciones.
A pesar de lo anterior, el Ejecutivo ya envió esta nominación. Ahora bien, dado que no cumple con lo marcado en la ley, puede retirarla y enviar el nombre de otra candidata (ojalá sea mujer) al puesto de Vicepresidente del INEGI. De no hacerlo, el Senado tendrá que decidir y, en nuestra opinión, deberá rechazar la nominación. Si se ratifica a la Mtra. Merodio, el Senado estará violando el espíritu y la letra de la ley. Sería un despropósito de gran magnitud.
Sí, la solidez de las instituciones es clave, pero también lo son los nombramientos: éstos requieren legalidad y legitimidad. De nuevo el INEGI sale a la discusión pública… como si alguien quisiera socavar su autonomía e independencia. Cuidemos todos al INEGI, una gran institución nacional.
Enrique Cárdenas Sánchez
Centro de Estudios Espinosa Yglesias, A.C.
ecardenas@ceey.org.mx
@ecardenasCEEY
