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La justicia mexicana muchas veces existe al margen de la realidad. Los corruptos siguen libres, los inocentes están presos y la influencia y riqueza son mejores argumentos para evitar el castigo que las pruebas. En una conferencia dictada en el Colegio Nacional, Lydia Cacho recordó la historia de los jueces que ordenaron la libertad del presunto asesino de la hija de Marisela Escobedo. El escándalo mediático que suscitó la liberación del presunto asesino puso a los jueces que ordenaron la liberación en el ojo público. Ante un posible juicio a los jueces, estos pidieron asilo en los Estados Unidos. Su argumento era sencillo: Como en México la justicia está sometida a la voluntad del poder, no confiaban en el sistema de justicia mexicano. Pocas historias son más ilustrativas del sistema de justicia en México: El juez que no confía en el propio sistema de justicia que representa y encarna.
Tradicionalmente la justicia ha sido representada como una mujer con un antifaz sobre los ojos, para denotar imparcialidad, y una balanza y una espada en las manos. Más que una mujer representando la justicia ciega, en México la justicia es el niño con el antifaz que está tratando de pegarle a la piñata; pretende no poder ver, pero por el resquicio de la tela observa su objetivo. Esto ocurre debido a que la justicia se somete a la voluntad política y, por ello, obedece a intereses de esa índole. En 2004, el Presidente Vicente Fox quiso allanar el camino para la continuidad del PAN en la presidencia. Para ello era necesario eliminar al político más popular de aquel momento: el jefe de gobierno del Distrito Federal. Para ello, el presidente inventó un caso, generó presión, y buscó que se desaforara y enjuiciara a Andrés Manuel López Obrador. El objetivo era que López Obrador acabara en la cárcel, anulando así sus aspiraciones presidenciales. No fue la justicia lo que impidió este arrebato presidencial sino la indignación ciudadana.
De manera un tanto similar, desde hace algunos meses se lleva a cabo una investigación minuciosa e inquisidora alrededor de la figura del ex jefe de gobierno Marcelo Ebrard. Pocas veces se ha visto tanta enjundia en una pesquisa hacia un político de ese nivel. Más que centrarse en el escándalo de la línea 12, el caso parece estar centrado en la figura de Marcelo Ebrard y en la sucesión presidencial del 2018. Solo así se explican los diferentes frentes de investigación que se han abierto en torno al ex-alcalde. Aunque no existe ninguna acusación formal contra Ebrard, en el proceso han salido reportes de intentos de extorsión y de soborno para conseguir declaraciones contra el jefe de gobierno.
El tema de la línea 12 del metro debe quedar resuelto. Es claro que existieron irregularidades o negligencias en la construcción de la nueva línea de la ciudad. Sin embargo, da la impresión de que la motivación que mueve a las autoridades no es la de resolver este caso, sino la de acabar con la carrera política de Ebrard. Si el ex-jefe de gobierno cometió actos ilegales debe ser sometido a un juicio para determinar la validez de las acusaciones. Pero lo mismo debe suceder con todos los políticos que están bajo sospecha de haber cometido actos ilícitos.
Mientras que el gobierno concentra su energía en Ebrard, no ha habido ninguna resolución sobre el caso de la casa blanca. Tampoco parece haber el mismo interés en investigar a Humberto Moreira. Si la justicia es ciega y se aplica de igual forma a todos los mexicanos, ¿cómo explicar este desbalance? Resulta sospechoso que, como en el caso de López Obrador, las instituciones de procuración de la justicia concentren su atención en políticos de oposición y no en los afines al sistema. La justicia usada discrecionalmente, sesgadamente o como venganza política de quienes controlan las instituciones supuestamente democráticas es propio de los estados autoritarios.
La justicia en México trae flojo el antifaz. Escrutinar a los políticos y funcionarios públicos es un gran paso en la creación del Estado de Derecho, pero hacerlo discrecionalmente es perjuicioso para la democracia. La justicia no debe convertirse en un instrumento para eliminar a los enemigos políticos. Con el mismo ahínco con el que se revisa el caso de Ebrard deben revisarse los casos de un gran número de funcionarios públicos mexicanos. La justicia mexicana debe abandonar su afán de piñata y regresar a ser el juez imparcial que debería ser.
