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En Oaxaca hablar de educación ha sido, en los últimos diez años, sinónimo de movilizaciones de la CNTE, suspensión de clases, deficiencias educativas y tener que buscar alternativas para que los menores terminen el nivel básico.
Paradójicamente, con la bandera de la defensa de la educación contra la privatización, el movimiento magisterial ha ocasionado, en varios estados de la República, precisamente eso, la demanda creciente de más y más escuelas privadas, como respuesta a la constante interrupción de clases que ocasionan las recurrentes movilizaciones de la CNTE.
Como revela hoy una investigación realizada por esta casa editorial, en la última década los conflictos magisteriales detonaron el negocio de las escuelas privadas en estados en los que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación tiene su bastión. En Oaxaca, por ejemplo, de 2005 a la fecha aumentó 74% el número de estos planteles, que hoy atienden a más de 35 mil estudiantes de formación básica; en Michoacán, en el mismo periodo, hay 30% más instituciones de este tipo, para 11 mil alumnos. En Guerrero, el otro estado en el que la disidencia magisterial tiene presencia importante y donde la deserción escolar alcanza casi el 5% en nivel básico, las autoridades escolares no tienen estadísticas de cuántas escuelas privadas existen.
Lo que prueban estos datos es que son los menores y los padres de familia quienes han tenido que pagar los costos del conflicto magisterial. Los primeros, al ver vulnerado su derecho a la educación pública de calidad, y los segundos, por el hecho de que tener a sus hijos en escuelas privadas representa un gasto doble para su bolsillo: pagan los impuestos que mantienen los gastos de la educación pública, y costean las colegiaturas para que sus hijos puedan tener una educación “de calidad”, pero esto como una imposición, a causa de la ausencia de otras alternativas. Y esto sólo para aquellos que pueden, con gran esfuerzo, costear una escuela privada que, por otra parte, no garantiza el nivel educativo de excelencia.
Un aspecto especialmente preocupante de este boom de instituciones educativas privadas es que algunas de éstas no cuentan con los registros para operar, por lo que los cursos que toman los niños que acuden a ellas no tiene ninguna validez oficial. Esto evidencia, además, una mala regulación por parte de las autoridades educativas, y hace urgente poner en regla a aquellas instituciones privadas que se encuentran fuera del marco de la ley.
Es curioso que durante años la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ha hecho énfasis en que la educación no debe privatizarse. No obstante ello, los resultados de su movimiento han ido justo en esa dirección y han propiciado que cada vez se privatice más la educación al no ofrecer opciones para una mejora en la calidad en beneficio de los alumnos. Por eso no está de más recordarles que la educación es un derecho y que ningún ente, y menos uno que viola la ley, puede restringirlo.
