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La anulación de los comicios a gobernador en Colima —por segunda ocasión en 12 años— arroja dos lecturas. Por un lado, que aún se puede confiar en las instituciones de impartición de justicia (electoral, en este caso) y que los gobiernos locales se inmiscuyen en las elecciones con el fin de influir en el resultado, y en ocasiones lo consiguen.
No es la primera vez que se anulan elecciones en una entidad. Colima en 2003 y Tabasco en 2000 son ejemplos previos. Y a pesar de ello los vicios se mantienen: apoyos disfrazados, o descarados, para favorecer a algún candidato.
El debate que se dio ayer en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, difundido vía internet, demuestra que en el país puede prevalecer el Estado de derecho. Aunque haya opiniones encontradas sobre un mismo tema, al final lo que importa es la decisión de la mayoría, como suele ocurrir en cualquier democracia.
Desde el miércoles, el Trife se disponía a emitir una resolución sobre el caso Colima, pero nuevas pruebas presentadas antes de que se cerrara la instrucción obligaron a aplazar el fallo.
Hasta la noche de ese día el proyecto de sentencia del magistrado Manuel González Oropeza planteaba mantener el triunfo del priísta José Ignacio Peralta Sánchez, sentido que se modificó ayer.
Este jueves los magistrados del tribunal difundieron la grabación en la cual el secretario de Desarrollo Social de Colima, Rigoberto Salazar Velasco, pide apoyos en favor del candidato priísta. Debido a que el funcionario había reconocido ante el Congreso del estado que era su voz, los integrantes del TEPJF dieron valor probatorio pleno al audio.
En una elección tan cerrada como fue la de Colima, donde la diferencia entre el primer y segundo lugar fue de poco más de 500 votos, era esencial no dejar dudas sobre la limpieza del proceso electoral. En comicios basta un voto de diferencia para definir al ganador, pero la contienda debe ser en igualdad de circunstancias para los participantes. Aquel que haya jugado sucio, debe tener una consecuencia.
El caso Colima debe obligar a los gobiernos locales a actuar de manera imparcial en los procesos electorales y a los partidos a presentar pruebas documentales y no sólo dichos cuando se acusa a autoridades de intervenir en elecciones.
Toca ahora el turno al Congreso local para llamar a nuevos comicios y al Instituto Nacional Electoral organizarlos. A todos los jugadores (gobierno, candidatos y partidos, principalmente) sólo se les pedirá algo elemental: cumplir la ley.
