Los priístas pugnamos por la integralidad de un sistema nacional de transparencia y rendición de cuentas que abata la corrupción. Por eso, en ambas cámaras votamos a favor de reformar 14 artículos de la Constitución, aprobamos la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de Transparencia, que es una legislación de profundo contenido democrático, pues fortalece al ciudadano en relación con el servidor público, en la medida que garantiza plenamente su derecho humano de acceso a información pública conforme a los más altos estándares en la materia, pues provee lo necesario en el ámbito federal para garantizar el derecho de acceso a la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos; así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos federales o realice actos de autoridad.
Y en breve reformaremos otras más, postulando ideas con la misma fuerza y disposición con las que habremos de transigir.
Sin duda, acabar con esa conducta antisocial exige atacarla en todos sus aspectos, en sus causas y en sus consecuencias, y castigar a todos los responsables, no sólo a los servidores públicos. Se precisa, pues, una acción legal e institucional, es decir, integral.
Legal, que derive de reformas y adiciones, al menos a las leyes Orgánica de la Administración Pública, para dar más atribuciones a la Secretaría de la Función Pública; Orgánica de la Procuraduría General de la República, para crear la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción; General de Responsabilidades Administrativas, para establecer las faltas y determinar las responsabilidades de los servidores públicos; General de Fiscalización y Rendición de Cuentas, para precisar la revisión de la gestión financiera de los recursos públicos; y la que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción.
Institucional, que fortalezca; es decir, que refuerce o restablezca la confianza de los ciudadanos en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y la Fiscalía Anticorrupción. Evitar el falso dilema que supone que robustecer a la autoridad implica debilitar al ciudadano, y viceversa; pues al contrario, sólo con instituciones democráticas fuertes la sociedad es realmente libre.
Siendo legal e institucional, la batalla contra la corrupción será integral. Más allá de controlar, vigilar, investigar y, eventualmente, encarcelar, destituir o inhabilitar servidores públicos, es indispensable corregir las fallas estructurales del fenómeno de la corrupción.
Es necesario, además, obligar a la transparencia a muchos más sujetos físicos o morales, del sector público o privado, a los sindicatos y todos aquellos que reciban recursos del Estado, asignar más y mejores facultades a las autoridades para que combatan acciones que incidan en corrupción, precisar mecanismos de trabajo, equiparlas —en todos los sentidos— para que cumplan sus nuevas encomiendas, acordar un catálogo de conductas o tipos básicos de corrupción, proteger a testigos y denunciantes de probables actos de corrupción y otorgarles recompensas, y establecer amplios espacios de participación ciudadana, entre muchas cosas más que dotan de integralidad al sistema.
Coordinador del PRI en la Cámara de Diputados.
@CCQ_PRI
