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2017 no es 1993. El interés nacional de México no debe definirse como la conservación de los privilegios de las élites políticas y de las empresas oligopólicas.
La negociación del TLCAN en 1992-1993 fue presentada como un resonante éxito del dream team de negociadores.
Hace 25 años el panorama político era muy distinto al de hoy. Estábamos todavía en un régimen de partido prácticamente único, el Ejecutivo actuaba como si no tuviese contrapeso alguno, ni en el Legislativo o Judicial, ni en la sociedad civil.
Carlos Salinas de Gortari, quien llegó fraudulentamente a la Presidencia, se pavoneaba de nuestro ingreso al primer mundo. Para el registro, presento cinco errores que se cometieron entonces:
1. Sobrevender al TLCAN: la propaganda presentaba al pacto comercial como la panacea: un sol radiante por acá, otro por allá, etcétera.
2. Considerar al tratado como un punto de llegada, más que como un punto de partida: ya la hicimos, ya ingresamos al primer mundo, no hay más que poner la economía en piloto automático;
3. Definir el interés nacional exclusivamente con la cúpula del sector privado y con la élite política. Cuando en 1993 un grupo de sindicalistas, académicos y activistas ambientales fuimos a hacer preguntas a la Secretaría de Comercio, un subsecretario nos espetó: ¿y ustedes qué exportan? Nuestra respuesta: ‘un chingo de mexicanos’;
4. Excluir la voz de los trabajadores y de los migrantes mexicanos en Estados Unidos, pretendiendo que la gerontocracia cetemista habla por ellos;
5. Firmar lo que sea, al cabo el papel resiste todo y a cada queja respondimos con que haríamos una nueva ley o hasta cambiaríamos la Constitución.
Casi un cuarto de siglo después, ¿qué hemos aprendido?, ¿cuáles son las principales asignaturas pendientes?
Primero, que el estatus de ‘intocable’ del TLCAN desapareció en cuanto Donald Trump dijo que podría salirse. Pasamos del ‘ni le muevas’ al ‘después de 23 años sí necesita modernización.’
Segundo, el gobierno federal se ha cuidado de echar las campanas al vuelo; dice cautelosamente que el éxito de la renegociación no está asegurado. Sabe que con Trump en la Casa Blanca y con el calendario político para 2018 en ambos países prevalece la incertidumbre.
Tercero, la renegociación no es un proceso técnico, sino fundamentalmente político. La medida de su éxito debería ser qué tanto contribuye al crecimiento económico (muy bajo en los 23 años del TLCAN) y al desarrollo que mejore las condiciones de vida de los mexicanos.
Cuarto, los salarios manufactureros muestran un fuerte rezago respecto al incremento en la productividad, lo que es visto como ‘dumping social’ para subsidiar nuestras exportaciones. En México 16.6 millones de asalariados trabajan sin contrato escrito y carecen de estabilidad laboral. La mayor parte de los contratos son de protección patronal.
Hoy existe libre flujo de mercancías, capitales e inversiones; está en el interés tanto de México como de EU buscar la movilidad laboral regulada y la protección de los derechos de las personas independientemente de su estatus migratorio. Digamos no a los muros, sí a los puentes de cooperación laboral sustentados en intereses compartidos para un beneficio conjunto.
Quinto, es positivo que se incluyan capítulos de competencia económica, transparencia y anti-corrupción; hará falta una disciplina externa para que el gobierno mexicano deje de socavar nuestro Sistema Nacional Anticorrupción.
El dilema de 2017 no es librecambismo vs. proteccionismo, sino cómo se distribuyen los beneficios de la expansión comercial. Ojalá aprendamos que está en el interés nacional fortalecer nuestra competitividad por la vía de multiplicar vínculos a las cadenas productivas e invertir en nuestra propia gente, en vez de apostarle a los bajos salarios y a la supresión de derechos laborales.
Profesor asociado en el CIDE.
@ Carlos_Tampico
