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El acceso a la justicia para las mujeres es tortuoso y esta situación se agrava si se encuentran en condiciones de pobreza; porque enfrentan una doble vulnerabilidad. Si una mujer de escasos recursos presenta una denuncia, son pocas las posibilidades de que se investigue el hecho, haya un proceso legal y obtenga una sentencia favorable.
México es un país donde el efectivo acceso a la justicia para todos los ciudadanos está lejos de ser una realidad. De acuerdo con el Índice de Inseguridad Ciudadana y Violencia construido por México Evalúa, la impunidad en México llega a más de 98% de las denuncias reportadas a las autoridades y dichas denuncias sólo corresponden aproximadamente a 22% de los delitos que se cometen. Las mujeres, en especial las que se encuentran en condiciones de pobreza, enfrentan dificultades adicionales para acceder a los mecanismos para ejercer sus derechos. La discriminación en este caso es económica y socio cultural, una combinación fatídica.
Los principales obstáculos son la falta de información, los costos asociados con la contratación de un representante legal, el poco conocimiento de sus derechos y del proceso legal, el pago de las tasas judiciales y el acceso físico a los tribunales. En algunos casos también son víctimas de una violencia institucional pues los operadores del sistema están sesgados con estereotipos de género falsos que influyen de manera negativa en el acceso a la justicia para las mujeres, sobretodo en temas de carácter familiar y violencia en todas sus expresiones.
Tomando en cuenta la situación de desventaja histórica en la que se encuentran la mujeres, los órganos jurisdiccionales deben impartir justicia con perspectiva de género para respetar el principio de igualdad y el mandato de no discriminación. Juzgar con perspectiva de género implica considerar las situaciones de desventaja, las relaciones asimétricas de poder basadas en el género, cuestionar los estereotipos culturales y eliminar estos obstáculos con el objetivo de asegurar que no entorpezcan el acceso a la justicia.
En México, existe un protocolo para juzgar con perspectiva de género como una herramienta metodológica para disminuir la discriminación hacia las mujeres en materia de justicia. No se trata de favorecer a las mujeres, sino de alcanzar un justo medio con el hombre. La justicia con perspectiva de género pretende detectar y eliminar las barreras que discriminan a las personas por su género. Sin embargo, hacen falta mecanismos coercitivos para exigir el pleno acceso a la justicia de las mujeres.
En el fortalecimiento de una sociedad democrática es imperativo el acceso a la justicia sin importar el género o la condición económica. Hay que reconocer la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, pero también asegurarse que todos conozcan sus derechos y puedan utilizar los mecanismos institucionales para hacer que se cumplan.
Fundadora de Angelíssima, FAF y FoCo
