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La reforma constitucional del 11 de junio de 2011 ha obligado a cambios paulatinos y graduales en toda la política. El impacto ha llegado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y aunque no todo lo resuelto por este tribunal constitucional gusta a todos —recordemos su resolución contra la consulta popular en materia de privatización de Pemex y CFE— hay cambios que no se hubiesen concebido, como los derechos a favor de personas de la diversidad sexual. Por eso no es cualquier cosa pensar que ya no estarán ni la ministra Olga Sánchez Cordero ni el ministro Juan Silva Meza, y la verdad de solo pensar que no estarán a partir de diciembre, nos entra añoranza.
Por eso también preocupa que puedan ser ciertos los rumores sobre supuestos acuerdos políticos para que sean designados dos ministros con una clara militancia partidista, trastocando las virtudes que deben caracterizar a quienes ocupen este alto honor.
Diversas personalidades de la sociedad civil han llamado al debate sobre la metodología para elegir a los integrantes de la SCJN. Han emitido 10 preguntas al presidente Peña Nieto, a propósito de la potestad que le confiere la Constitución para emitir al Senado una terna por cada nombramiento para que el pleno del mismo opte por cualquiera de estas personas, la misma que debe votarse por dos terceras partes.
Es imprescindible que en el Senado de la República escuchemos la alerta que nos está enviando la opinión ciudadana sobre este procedimiento, el cual pareciera haber caído en una dinámica de cuotas y cálculo político entre una mayoría conformada por los grupos parlamentarios del PRI, PVEM y PAN.
Pero esta situación se puede prevenir. Si el presidente Peña envía ternas confirmadas por personalidades doctas, no tendríamos por qué preocuparnos, sin embargo prevalecen desconfianzas por decisiones no certeras como fue el caso del señor Medina Mora.
La SCJN tiene retos esenciales para lograr un tránsito hacia la protección de los derechos humanos, sustituir a quienes se van no será fácil, sobre todo para lograr una Suprema Corte independiente que permita consolidar nuestra incipiente democracia, que sea un contrapeso al Poder Ejecutivo y a los poderes fácticos; una instancia garante de la justicia frente a la política y el abuso de poder y garantice una correcta aplicación del marco jurídico.
La solicitud planteada debiera ser suficiente para que el interés superior de la nación prevalezca en la decisión del presidente de la República al integrar las ternas y en el Senado de la República al hacer las designaciones, aunque también pienso que debiésemos lograr en serio la independencia de éste, uno de los 3 poderes de la Unión y fortalecerlo.
Para transitar hacia este propósito he presentado una iniciativa con los siguientes objetivos: a) que el Ejecutivo federal no participe más en proponer las ternas y sean los tribunales superiores de los estados y los colegios de abogados quienes envíen las ternas; b) que el presidente de la SCJN no sea quien presida el Consejo de la Judicatura Federal (CJF); c) promover la igualdad sustantiva en la carrera judicial; d) eliminar pensiones y prebendas vitalicias que no sean más que las de la seguridad social.
La viabilidad del Estado mexicano radica en la confianza de la sociedad en sus instituciones, debiésemos escuchar lo que nos exige la gente.
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República
@ angelicadelap
