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El pasado 1 de octubre Tamaulipas renovó su gobierno constitucional para el periodo 2016-2022. Después de 86 años de gobierno priístas, por primera vez en su historia los tamaulipecos contarán con un gobierno emanado de la oposición, que en manos del panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, aspira “a cambiar las costumbres que mantuvieron al estado en un estancamiento general”, lo cual suena bien y hace albergar renovadas esperanzas para la población de la tan golpeada entidad del noreste del país.
Traigo a colación el tema, porque para nadie es desconocida la ola de terror y violencia criminal que azota a dicha entidad desde hace décadas y los efectos perniciosos que tal situación ha provocado en su desarrollo económico, político y social.
Como botón de muestra, basta con señalar que apenas en julio pasado, Tamaulipas encabezaba la lista de los diez estados con mayores problemas de inseguridad dentro de la República Mexicana, reportando una caída en las nuevas inversiones empresariales, debido a las actividades de la delincuencia organiza, de acuerdo con el informe “Seguridad Empresarial en México: retos y tendencias 2015-2016”, elaborado por la Cámara Americana del Comercio. (http://www.amcham.org.mx/cwt/external/wcpages/wcmedia/documents/InformeSeguridadEmpresarial.pdf)
Pero no sólo eso, Tamaulipas también encabeza la lista de los estados con mayor tasa de homicidios dolosos, desplazamiento de personas a causa de la violencia criminal y un permanente estado de inseguridad derivado de las extorsiones, secuestros, incendios, bloqueos, balaceras, heridos y muertos que han dejado las confrontaciones entre los cárteles de las drogas durante los últimos años y meses.
Por esta razón, se justifican las declaraciones y llamados emitidos por el gobernador García Cabeza de Vaca, quien durante la ceremonia de investidura refrendó su voluntad de impulsar medidas puntuales de seguridad para combatir el flagelo del crimen organizado y detonar una política de desarrollo sustentable, que incluyen la colaboración de los tres ordenes de gobierno, de sus homólogos de los estados de Nuevo León, San Luis Potosí y Veracruz para el fortalecimiento de sus fronteras y la participación activa de todos los tamaulipecos para el despliegue de métodos estratégicos anticrimen.
En este sentido, resulta oportuno reconocer los valientes esfuerzos que diversos grupos de ciudadanos tamaulipecos han venido realizando desde 2015 para impulsar acciones y mecanismos que contribuyan a abatir y erradicar el flagelo del delito y la violencia criminal en la entidad. Dichos esfuerzos han cristalizado en la formación de las Mesas de Seguridad y Justicia (MSJ) en los municipios de Reynosa, Nuevo Laredo, Ciudad Mante y la regional de Tampico-Madero-Altamira.
Las MSJ constituyen un espacio de trabajo colaborativo y coordinado corresponsablemente entre organizaciones de la sociedad civil, autoridades de los tres ordenes de gobierno y representantes populares, para integrar agendas locales de trabajo en materia de seguridad y justicia dentro de los municipios y ciudades donde se asientan y desarrollan su labor.
Las MSJ tamaulipecas forman parte de la Red Nacional que coordina la Fundación México SOS y, en mayo del año en curso, en el marco de las campañas electorales, presentaron a los candidatos a la gubernatura de todos los partidos la Agenda Tamaulipas 16.22, Seguridad y Justicia, que integra diez puntos encaminados a transformar y mejorar las condiciones de vida, de seguridad y justicia en la entidad, la cual fue signada por todos y cada uno de ellos asumiendo el compromiso de que quien resultara electo, la integraría e implementaría como parte de su programa de gobierno.
Importa señalar que horas antes de que el gobernador García Cabeza de Vaca presentara protesta como mandatario, dio a conocer una decálogo que incluye las principales acciones que realizará su gobierno para promover el bienestar de los tamaulipecos, dentro de las cuales se incluyen algunas medidas contempladas en la agenda que le presentaron las MSJ, particularmente en materia de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción.
Sin embargo, y amén de que pueda resultar precipitado señalarlo, no advertimos la inclusión de temas sobre la prevención social del delito. En este sentido, conviene hacer énfasis en que la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2016) da cuenta que durante 2015 se generaron 29.3 millones de delitos, de los cuales 28.2% fueron robos o asaltos en la calle o a transporte público y el 24.2% extorsiones, con el agravante de que de Tamaulipas salen prácticamente el 50% de las extorsiones telefónicas que se cometen en el país.
Peor aún, desde finales de 2014 el Observatorio Nacional Ciudadano denunció, en su Informe sobre Delitos de Extorsión, que 50% de las extorciones telefónicas que en la República se realizan desde el penal estatal de Altamira.
De forma tal que, muy respetuosamente señalamos, no sería mala idea solicitar al gobernador que pusiera particular cuidado en la situación que priva en los penales tamaulipecos bajo su responsabilidad, como una medida preventiva que contribuya a combatir la comisión de delitos en la entidad, pues desde 2012 el Diagnóstico Nacional del Sistema Penitenciario, elaborado por la CNDH, le ha otorgó a la entidad la calificación más baja por las condiciones de operación y administración de sus centros penitenciarios estatales.
Particularmente, desde 2010 el Centro de Ejecución de Sanciones de Altamira ha registrado altos niveles de violencia entre su comunidad de internos (destacándose el caso ocurrido en enero de 2012, donde 31 internos fueron asesinados), que existe un control operativo del penal por parte de los internos y la existencia de autogobierno en manos de los mismos, muchos de los cuales están vinculados con grupos de la delincuencia organizada; quienes controlan a la población penitenciaria, preparan y perpetran delitos desde el interior de las instalaciones, como también ocurre en los penales de Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo.
No tenemos duda que en el plan estatal de desarrollo de Don Francisco Javier García Cabeza de Vaca, se incluirán las acciones específicas para el combate a la inseguridad y contra el crimen organizado que signó en la Agenda Tamaulipas 16.22, Seguridad y Justicia, dentro de la cual esperamos ver acciones específicas encaminadas a promover la reforma integral del sistema penitenciario estatal.
Presidente de México SOS
