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Tlaxcala.-
La violencia postelectoral en Tlaxcala llegó al extremo de que pobladores del municipio de Españita , armados con machetes y un garrafón de gasolina, amenazaron con quemar a los integrantes del Consejo Electoral municipal sino entregaban la constancia de mayoría al candidato de su preferencia.
Presionados por una situación que puso en riesgo su vida, durante el cómputo final de los comicios locales del pasado domingo, los consejeros municipales cumplieron lo que la población pedía y, antes de ser quemados, huyeron del lugar.
Hasta ese momento, integrantes del Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) se pronunciaron en contra de la violencia poselectoral extrema y acusaron al gobierno del estado de haberlos dejado solos en una de las últimas etapas del proceso electoral para renovar la gubernatura, diputaciones locales, ayuntamientos y presidencias de comunidad.
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“Hablo a título personal, me siento sola, me siento sola en este proceso, no observo el acompañamiento de los cuerpos de seguridad de los que soy testigo, la consejera presidenta emitió oficios en los que solicitó resguardo de toda la ciudadanía que hace los cómputos con todo temor de ser agredidos”, expresó la consejera Dora Rodríguez Soriano.
En sesión permanente, dijo que la jornada para los cómputos inició con violencia en un municipio y de ahí se extendió hacia otras demarcaciones.
“El riesgo que esta escalada de violencia pueda extenderse a otros consejos; me pongo en el lugar de las consejeras y consejeros que en este momento están en lugares recónditos como Altzayanca, en la oscuridad, sin la seguridad que era necesaria”, señaló.
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Arguyó que el Consejo General hizo lo que le correspondía que era organizar la elección, pero a partir de ahí es corresponsable de lo que ocurra con los ciudadanos que tiene a su cargo el conteo de votos.
“Esto no se vale, la ley establece que debe haber una coordinación entre este consejo general y las autoridades del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo que no los veo sumando sus esfuerzos con nosotros para sacar adelante el proceso electoral”, remarcó.
El cómputo final de los comicios locales inició la mañana del miércoles con conflictos en los municipios de Zacatelco y Xicotzinco; en el primero, los pobladores quemaron las boletas electorales de la elección del Ayuntamiento, y en el segundo, retuvieron los paquetes para exigir la anulación.
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Al corte de las 20:00 horas ya había reportes de conflictos y violencia en los municipios de Totolac, Tepetitla, Ixtacuixtla, Chiautempan, Huamantla, Ixtenco, Zacatelco, Acuamanala, Terrenate, Muñoz de Domingo Arenas, Panotla, San Pablo del Monte, Españita y Tetlatlahuaca, donde electores inconformes con los resultados quemaron boletas, allanaron y tomaron los consejos municipales, destruyeron equipo de cómputo, amenazaron al personal responsable del conteo de votos y bloquearon carreteras.
“Es un saldo indeseado, pero puede ser peor. A mí no me gustaría que este saldo se manchara más de rojo porque ya lo está”, exclamó el consejero Juan Carlos Minor Márquez, al recordar el asesinato de un funcionario electoral del INE, ocurrido un día antes de los comicios, en el municipio de Tequexquitla.
Públicamente exigió al secretario de Seguridad, Eduardo Valiente, y a los directores de seguridad de los ayuntamientos asumir su responsabilidad para garantizar la paz social y salvaguardar al personal electoral.
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“Esta institución se ha comunicado con las instituciones de seguridad pública, ha habido comunicación, y lo que no ha habido es una respuesta adecuada, pronta, pediría que cumplan con su función y brinden la seguridad para los cómputos”, acotó.
Subrayó que, si el Gobierno estatal y las corporaciones municipales no pueden detener los “actos de violencia”, la quema y sustracción de paquetes electorales, entonces “se coordinen con instituciones que sí tengan esa capacidad” porque no se trata del triunfo de un candidato o candidata, sino de la vida de ciudadanos.
A este llamado y a la vez reclamo, se unieron las consejeras Erika Periañez Rodríguez y Denise Hernández Blas, quienes también apelaron a la intervención de los liderazgos políticos que participaron como candidatos y que están la frente de sus seguidores y protagonistas de los actos de violencia.
Precisó que en los consejos distritales y municipales hay un total de 450 personas, “con nombre y apellido”, a cargo del cómputo final quienes cumplen esa misión en medio de la presión de violencia y amenazas por quienes se niegan a aceptar los resultados electorales.
“Hay gente armada, hay gente con machetes, hay gente que les ha dicho que los va a quemar, en esas condiciones no se puede, y lo preocupante es que esto ha escalado. Y sí está llegando la seguridad, pero llega cuando la condición está fuera de control”, asentó Periañez Rodríguez.
En tanto, Hernández Blas, subrayó que está en manos de otra autoridad el disponer de la seguridad para el transcurso de los cómputos finales en los que tiene prioridad la vida del personal antes que un paquete electoral o un acta de escrutinio.
“Yo no me imagino estar aquí, que nos cierren la puerta y nos digan que nos van a echar gasolina, que nos van a quemar sino les damos los paquetes, que nos van a quemar sino les damos una constancia de mayoría que no va a tener valor, pero con eso los calmaron”.
om/rdmd