Tuxtla Gutiérrez.— La disputa de los partidos políticos por las alcaldías en Chiapas tiene que ver con el manejo del presupuesto de cientos de miles de millones de pesos y su vinculación con las redes de criminalidad en las que están inmiscuidos “funcionarios de todos los niveles, desde agentes municipales, policías municipales, hasta los altos mandos”, asegura el investigador Arturo Lomelí González.
Autor de Los servidores de nuestros pueblos, donde describe las instituciones políticas-religiosas de Chiapas, recuerda que, aunque no es de ahora, porque siempre ha habido una violencia muy marcada, en este momento se le agrega el componente de la diversidad de opciones electorales de los distintos partidos.
“Por eso ahora vemos que hay tanta disputa, porque antes el conflicto era sólo al interior de un partido, donde los militantes o aspirantes a un cargo de elección popular hacían acuerdos con los líderes y se disciplinaban”, indica.
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Lomelí González, autor y coautor de libros y artículos sobre los pueblos indígenas de Chiapas y Guatemala, dice que la violencia por la disputa de cargos de elección municipal data desde hace 50 años. Es durante el gobierno de Juan Sabines Gutiérrez (1979-1982) que es cuando reciben recursos millonarios los ayuntamientos.
“Empiezan a manejar dinero y los programas sociales. Vemos que los alcaldes manejan mucho dinero y se han enriquecido con base al servicio público, sobre todo, grupos, élites y en todas las estructuras”, menciona.
Son los ayuntamientos quienes siguen manejando recursos de varios cientos de millones de pesos cada año. Por ejemplo, Ocosingo, que fue el municipio más grande de México (hoy de 9 mil 580 kilómetros cuadrados) y donde el EZLN tuvo fuerte presencia, maneja un presupuesto anual de casi 900 millones de pesos. San Cristóbal de las Casas, unos 600 millones. San Juan Chamula tiene 40% más que el de San Cristóbal, porque tienen otros programas, como el Ramo 33, infraestructura y otros. “Es un manejo muy alto de dinero”, explica.
Pero es desde los ayuntamientos donde se controla el manejo de los programas sociales.
“En Chamula, en Oxchuc, Pantelhó, los ayuntamientos llegan a tener en su nómina a agentes municipales, que son los que llevan el control de quiénes reciben los programas sociales, a quiénes se les da el recurso y hasta los controlan por quién tienen que votar. Siempre será un problema el manejo de los programas sociales”, expone el doctor en Ciencias Sociales y Humanísticas.
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Por ejemplo, en Oxchuc, donde existe un conflicto político-social desde 1997, los indígenas tzeltales se movilizan con bloqueos, tomas de alcaldías y protestas violentas para exigir el reparto de láminas de zinc.
“En Chenalhó ha sido el reparto de dinero entre los comuneros y ejidatarios, que son vistos como base social para apoyar a determinado candidato: Les damos, pero nos apoyan. En la zona norte está clarísimo que hay familias que controlan los programas sociales. ¿Por qué quieren estar ahí las dinastías que ya se han hecho millonarias? Porque quieren seguir teniendo el control de los recursos, sin que nadie los vigile; por la alta corrupción que hay”, afirma el investigador.
Se sabe que cuando un presidente municipal tiene algún familiar que es dueño de una tienda de materiales de construcción, se crea una red de corrupción y comercializa en sobreprecio el material.
Parte de los recursos millonarios que llegan a los ayuntamientos de Chiapas son usados para la compra de vehículos de lujo o para contratar agentes de seguridad para los alcaldes. “Ha habido presidentes municipales que han tenido un montón de guardaespaldas”.
“En 1996, el diputado federal y exalcalde de Oxchuc, Norberto Sántiz, y su esposa María Gloria Sánchez y todos sus familiares estaban bien cuidados. Andaban con sus pistoleros y así muchos alcaldes estaban armados, como son tan baratas las armas, pues se armaron”, comenta el investigador.
Lomelí González rememora que las organizaciones sociales que hace varias décadas luchaban por la tierra, como la OCEZ, OCEZ-CNPA y otras, ahora “se volvieron base social de los partidos. De la lucha social por la tierra, se convirtieron en base social de los partidos. De la lucha por la tierra, ahora luchan por el transporte y espacios en los mercados”.
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Pero además del manejo del presupuesto, los funcionarios municipales están vinculados a las redes de criminalidad. “Esas redes ya implican lo siguiente: Que se desenvuelven en un ambiente de corrupción e impunidad, en la cual no puede existir tal grado de acciones criminales, sino es por la relación de los funcionarios desde los distintos niveles: Desde los policías, los agentes de las comunidades, los policías municipales, hasta los altos mandos.
“No pudiera existir el tráfico de humanos, de drogas, si no es por la corrupción y la impunidad. Todo mundo sabe dónde viven los traficantes, en dónde están, dónde se juntan, por ejemplo, esas redes de trata, de tráfico de personas, son solapadas por funcionarios de diferentes escalas”, afirma.
En Chiapas hay familias que se han aferrado al poder de las alcaldías desde donde han saltado para ocupar cargos en varias dependencias. “Un caso es el de los Utrilla. La red de linaje de los Utrilla está en todos los ámbitos: Son rancheros, dueños de propiedades, jueces, ministerios públicos”.
Originaria de Yajalón, la familia Utrilla se ha rotado el poder municipal entre hermanos, primos, padres y otros parientes por muchos años.
Así, desde 1824, cuando se da la anexión de Chiapas a México, esas familias no han dejado de gobernar. “Controlan el poder económico y político”. puntualiza Lomelí González.