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Las agresiones y asesinatos cometidos contra políticos y candidatos son muestra de que el crimen organizado amenaza la estabilidad de las elecciones en algunas regiones del país y pone en evidencia la debilidad de las instituciones federales y locales encargadas de garantizar la seguridad, advierten expertos.
Los especialistas de la UNAM, Ulises Corona, Khemvirg Puente y Salvador Mora Velázquez, así como el analista y consultor político del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) Fernando Dworak Camargo explicaron que esta violencia es un llamado serio a las autoridades para voltear a ver las agendas de seguridad de los candidatos.
En entrevista con EL UNIVERSAL, coincidieron que con su poca capacidad de respuesta, la Procuraduría General de la República (PGR), las secretarias de Gobierno y las policías municipales quedan exhibidas como instituciones débiles.
Convergieron en que el hecho de ser principalmente contra candidatos y políticos a nivel municipal nos dice que la agresión es contra un espacio territorial expuesto a sufrir la violencia generalizada del país.
Khemvirg Puente advirtió que este problema de seguridad pone en riesgo a la elección misma, por lo que las autoridades deberían estar en máxima alerta para garantizar un proceso democrático.
Sobre los candidatos que decidieron llevar a cabo la campaña sin seguridad agregó que no están obligados, ya que los responsables de ofrecerla a todos los ciudadanos son los gobiernos federal y locales.
El analista político Fernando Dworak consideró que es lamentable que los candidatos a la Presidencia no hablen de estos sucesos ni de cómo combatirlos, lo que resultaría fundamental en la agenda, puesto que vivimos en un Estado débil para proveer seguridad a la población.
Detalló que el principal problema de la violencia es el narcotráfico, que provoca enfrentamientos entre grupos delictivos por una plaza, lo cual “no se va a resolver con amnistía”. Por otro lado, dijo, los candidatos deben trabajar en propuestas que fortalezcan la credibilidad de las instituciones de seguridad.
Agregó que aunque la seguridad debería existir para todos, los candidatos no deben ver la protección durante sus campañas como un privilegio porque es fundamental y evitarla sólo ha surgido de las gestiones que salen de falsos debates.
“Es lamentable que los tres niveles de gobierno se han pasado la bolita en temas de seguridad, pero es responsabilidad principalmente de los órganos federales crear convenios con los locales y trabajar en coordinación”, dijo.
Ulises Corona, politólogo de la UNAM, subrayó que la poca capacidad de respuesta de la PGR, las secretarías de Gobierno y las policías municipales es un tema grave.
Enfatizó que en el proceso 2015 se registraron prácticas violentas, pero no a tal grado: “Nunca había sucedido en procesos anteriores este ataque hacia los candidatos, no con esta numerosidad e impunidad”.
Es preocupante porque resulta ser “la antesala de la violencia generalizada, de un Estado salvaje”, dijo.
Salvador Mora, por su parte, añadió que la vida institucional del país está amenazada en regiones por actores que tratan de minimizar un problema evidentemente generalizado. Advirtió que los sucesos ocurridos son una amenaza real que muestra la incapacidad del Estado en materia de seguridad.
