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CDMX.- El Centro Católico Multimedial criticó la selección de aspirantes a un cargo público al considerar que los partidos no otorgan la seguridad y certeza de que quienes gobernarán servirán a los ciudadanos “y no intereses propios o están del lado de quienes se empeñan en destruir a México”.
Al hacer un recuento de los candidatos a cargos públicos, en el texto se expresó preocupación por aquellos candidatos que han sido señalados por delitos graves en esta campaña electoral . “En Morelos, un aspirante a la alcaldía de Amacuzac fue detenido por secuestro y delincuencia organizada; en Tamaulipas, otro político fue puesto ante las autoridades por acusaciones directas por sus vínculos con el crimen organizado. En Yucatán, uno más por la portación de arma prohibida y de grandes cantidades de dinero en efectivo”.
Se detalló que a casi un mes de las elecciones , en donde están en juego 3 mil 400 cargos de elección popular , los ciudadanos no conocen de los candidatos que compiten por curules locales, una regiduría o aspiran concejalías, además de las presidencias municipales.
“Aspirantes con el uso de recursos públicos que impactarán directamente la forma de vida de comunidades urgidas de propuestas y soluciones efectivas más que de enconos entre partidos multicolores o de candidatos independientes”.
El artículo refiere que según el Instituto Nacional Electoral, no sólo están en disputa 500 curules y 128 escaños del Poder Legislativo Federal; sino que hay más de mil 500 ayuntamientos en juego y cerca de mil diputaciones de mayoría relativa y representación proporcional en los Estados donde se renueva el Poder Legislativo.
“Pero el electorado no tiene la certeza razonable para conocer cuál es la probidad moral o la impecabilidad de un aspirante al gozar de un expediente limpio, íntegro y libre de sospechas, dudas o de cualquier implicación en materia penal”.
En este proceso destacó el caso de Chiapas Hidalgo, Jalisco y Estado de México. “En el primer estado apostaron contra candidatos reciclados en partidos sobre los que pesan delitos de privación ilegal de la libertad, robo agravado, asociación delictuosa, tortura o secuestro; en el segundo; otros aspirantes fueron exhibidos por la comisión de fraude o peculado mientras que en el tercer estado se dio una lucha judicial a fin de destruir los antecedentes penales de un candidato acusado del delito de portación de arma prohibida, en la última entidad se apuntó hacia aspirantes quienes tendrían relaciones familiares o de negocios con presuntos líderes del crimen”.
Al final, el centro religioso concluye que ante un panorama “convulso y con crisis por inseguridad”, el proceso electoral debería contar con los más altos estándares a la hora de seleccionar aspirantes para que ocupen un cargo público. “No se trata de que la autoridad electoral funja como ministerio público pero sí que otorguen certezas de quienes nos van a gobernar”.
