En México, 32 personas son extorsionadas cada 24 horas. De enero a mayo de 2025, se registran al menos 4 mil 588 carpetas de investigación por extorsión, de acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Cuando se habla de este delito, comúnmente se relaciona con llamadas telefónicas, sin embargo, existen otros tipos de extorsión, como el cobro de piso a comerciantes. “Las personas que son extorsionadas, también son amenazadas, incluso, pueden ser torturadas o desaparecidas”, explica Francisco Rivas Rodríguez, Director General del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC).
“Todos los delitos van a la baja, pero la extorsión va en aumento”, reconoció la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 8 de julio durante su conferencia de prensa matutina. Para atender esta alza, el Ejecutivo presentó una nueva Ley General Contra la Extorsión. La estrategia promete combatir al delito y proteger a la ciudadanía, sin embargo, especialistas en seguridad advierten que su funcionamiento no dependerá solamente de la norma, sino de su implementación efectiva.
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Los puntos clave de la estrategia contra la extorsión
“La extorsión ha aumentado porque se dejó de combatir durante un sexenio. Hoy, México se encuentra en una situación crítica. Si a lo largo de los últimos seis años el gobierno hubiera tenido acciones responsables, efectivas y contundentes contra el delito, otra situación sería en el país”, asevera Francisco Rivas.
Esencialmente, la ley propuesta por Sheinbaum plantea que la denuncia por extorsión no recaiga sólo en la víctima, sino también en el Estado mexicano, es decir, permitirá perseguir de oficio este delito y obligará al Estado a asumirse como una víctima más.
“La ley, como tal, ya protege a las víctimas, lo que necesitamos es que se aplique correctamente”, considera Leonel Fernández, director de Incidencia en Política Pública del ONC.
Además de la implementación de herramientas legales para identificar, investigar y sancionar a los responsables de este delito, incluidos aquellos que operan desde centros penitenciarios, estos son algunos de los puntos clave de la nueva Ley contra la Extorsión.
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- Cuando las unidades especiales para atender la extorsión reciban denuncias, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Secretaría de Seguridad tendrán la capacidad de pedir a las empresas telefónicas la inhabilitación inmediata del número de teléfono integrado en la incidencia. “Esto se puede hacer gracias a la (nueva) Ley Nacional del Sistema de Inteligencia e Investigación”, explicó Sheinbaum Pardo.
- Con apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el CNI también podrá bloquear cuentas bancarias ligadas al delito. “La UIF cuenta con los recursos y capacidades para hacer bien este trabajo, si no lo ha hecho es porque estaba más enfocada en realizar acciones más políticas que en priorizar actividades específicas de combate a los delitos”, asegura Rivas Rodríguez.
- Implementa la marcación 089 como línea telefónica especial para atender este delito. Las personas operadoras de este servicio estarán capacitadas para enfrentar estos casos y las víctimas podrán comunicarse de manera anónima. “Llamar al 089 no es una denuncia formal, no abrirá una carpeta de investigación, solamente se dictarán instrucciones de qué hacer en caso de extorsión”, puntualiza Leonel.
- Plantea un programa de operativos en centros penitenciarios a lo largo del territorio mexicano para el aseguramiento de equipos de comunicación.
- Permite la solicitud de órdenes judiciales para el bloqueo de líneas telefónicas y equipos celulares utilizados en centros penitenciarios para realizar llamadas de extorsión.
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Cabe destacar que, especialistas afirman que los puntos centrales de la estrategia se centran en atender a la extorsión telefónica y carecen de diferenciación de los tipos del delito. “Si bien todos caben dentro del mismo tipo penal porque todos se basan en la amenaza o la fuerza para hacer que alguien haga algo o entregue algo en perjuicio propio, son delitos diferentes”, dice el analista de datos de crimen.
El modus operandi, el impacto que tiene en la víctima, la probabilidad de la violencia y los propios resultados del delito, diferencian a la incidencia. “La probabilidad de que una llamada de extorsión aleatoria acabe en violencia es muy baja, mientras que, casos de extorsión como el cobro de piso a locales de comerciantes, tienen una probabilidad muy alta desde el día uno; por ello deberían atacarse con estrategias distintas”, señala Leonel.
El mapa de la extorsión en México
Con Sheinbaum, el homicidio doloso va a la baja, pero la extorsión aumenta. Durante esta administración, el registro del promedio diario de homicidios dolosos ha disminuido casi un 26%, informó el Gabinete de Seguridad, pese a este avance, la presidenta admitió que “es necesario erradicar la extorsión porque la sufren muchas personas en nuestro país”.
De acuerdo a datos del SESNSP, los casos de extorsión han mantenido una alza durante los últimos años. No obstante, existe una “cifra negra” de los casos que ocurren, pero que nunca son denunciados.
“La existencia de la cifra negra es la razón de la estrategia, pues si no sabemos dónde, cómo y cuándo ocurre, no se pueden plantear soluciones. La iniciativa también busca impulsar a la ciudadanía a denunciar”, destaca en entrevista Irene Tello Arista, Directora Ejecutiva de Impunidad Cero.
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Durante los primeros cinco meses de este año, se registraron 4 mil 882 casos, mientras que, en el mismo periodo del año anterior, se contabilizaron 4 mil 644 registros, por lo que este delito aumentó un 4.8% de 2024 a 2025.
Entre enero y mayo de 2025, los estados que registraron más casos de extorsión fueron el Estado de México, Guanajuato, Ciudad de México, Nuevo León y Veracruz. Con base en estos registros, la estrategia contempla ocho estados prioritarios en donde se concentra el 66% de los casos, sumando entidades como: Jalisco, Guerrero y Michoacán.
“Es poco acertado elegir sólo a ocho entidades para iniciar la estrategia. Existen otros estados en los que la extorsión presencial es grave y la gente no denuncia por temor como Baja California, Quintana Roo, Tamaulipas o Sonora. Es injusto que no los tomen en cuenta porque no aparecen en las denuncias”, considera Rivas Rodríguez.
¿Una promesa difícil de cumplir?
“Es positivo que una autoridad reconozca que no ha dado resultados en una materia y que por ello esté dispuesta a hacer una política específica, sin embargo, la estrategia, en realidad, no es nueva”, destaca el director del ONC respecto a la implementación de la ley.
Los especialistas consultados consideran como aciertos la creación de unidades especializadas en el delito, el reconocimiento de las víctimas y el llamado a la ciudadanía para incentivar las denuncias por extorsión.
Como deficiencias, exponen la gran inversión financiera que necesitará la estrategia, la poca claridad respecto al uso de la línea 089 para evitar denuncias falsas, el intento de “depuración” de corrupción en los penales y la ausencia de las fiscalías en la iniciativa; “no se mencionan a las fiscalías y esa es la debilidad más fuerte. Si no se investiga el delito desde la fiscalía no hay forma de que esto avance”, asegura Fernández.
Tello Arista también resalta que la estrategia de este gobierno se diferencia de otras anteriores por la cercanía que plantea tener con la sociedad, “de nada sirve que tengamos un esfuerzo para centralizar los mecanismos de denuncias si no se hace un verdadero esfuerzo por investigar y sancionar estos casos de la mano de la ciudadanía”.
“Quizá en los primeros meses se pueda registrar una disminución del delito, sin embargo, para afirmar que está siendo efectiva deberá aumentar el número de carpetas de investigación abiertas por extorsión, de lo contrario, no será sostenible”, afirma Leonel Fernández.
Para Francisco Rivas Rodríguez, el éxito o fracaso de la estrategia radicará en el número de bandas desarticuladas o el dinero recuperado del daño integral pagado a las víctimas que anuncie el gobierno federal. “Decir que bajó la estadística no significa que sea un buen resultado, deberán sustentar acciones”, señala.
