Desde el inicio de su mandato, la presidenta Claudia Sheinbaum dejó clara su intención de realizar una reforma electoral. El pasado 4 de agosto, la mandataria dio el primer paso formal mediante un decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que creó una comisión especial para realizar los cambios a las leyes.
La Comisión Presidencial para la Reforma Electoral dependerá directamente de la Presidencia y estará dirigida por el economista y político mexicano Pablo Gómez Álvarez, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
El nuevo órgano elaborará propuestas legales que, de acuerdo a especialistas consultados por EL UNIVERSAL, podrían incluir la reducción del financiamiento público a partidos, la eliminación de diputados y senadores plurinominales y la creación de mecanismos ampliados de participación ciudadana.
Lee también Sheinbaum pide cerrar filas y evitar división interna en Morena; "hay que cuidarnos y procurarnos", dice
¿Qué funciones tendrá la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral?
De acuerdo a lo publicado en el DOF, la Comisión será la encargada de redactar una reforma electoral, para esto, evaluará el sistema político-electoral actual del país mediante diagnósticos técnicos. Además, deberá escribir y expedir un reglamento interno.
El organismo operará hasta el 30 de septiembre de 2030, salvo que la Presidencia decida su disolución anticipada y deberá instalarse dentro de los diez días hábiles siguientes a la entrada en vigor del decreto.
“Vemos una Comisión con representantes del gobierno, pero lo que se debería hacer es un consenso de todas las fuerzas electorales con grupos de la sociedad civil, académicos, intelectuales y expertos en materia electoral”, expone en entrevista Arturo Sánchez Gutiérrez, exconsejero del Instituto Nacional Electoral (INE).
“Desde 1977 las reformas electorales se han construido con la oposición sentada en la mesa, su ausencia en la Comisión Presidencial es un primer mal mensaje. El segundo peor mensaje es que no hay expertos en el sistema electoral del país”, dice en entrevista Javier Martín Reyes, abogado constitucionalista y politólogo.
Lee también “En la reforma electoral podrán participar la oposición y todos”
Pablo Gómez: de la UIF a liderar la reforma
Pablo Gómez Álvarez cuenta con experiencia en la tarea que le ha sido encomendada por Sheinbaum. El exdirector de la UIF fue representante del PRD ante el INE y en 2009 ejerció como consejero del Poder Legislativo ante el organismo electoral.
“Pablo es un hombre preparado para el puesto, conoce de estos temas, sin embargo, va a coordinar una Comisión en la que la Presidenta marcará la pauta de lo que se realizará y lo que no. Se limitará a seguir los señalamientos presidenciales”, prevé Sánchez Gutiérrez.
Pablo Gómez volvió en 2014 para representar al PRD ante el Consejo General del INE, cargo donde estuvo hasta 2016, antes de abandonar el partido. Durante estos años, Gómez fue sumamente cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador, con quien intentó impulsar el “Plan A” que consistió en el primer intento de la 4T para aprobar una reforma electoral.
Aquel proyecto tenía como objetivos principales la reducción en el número de diputados, diputados plurinominales y senadores, la disminución del financiamiento a partidos políticos y disminuir el tiempo para sus promocionales en medios de comunicación.
La propuesta no prosperó debido a que, en aquel momento, los votos del oficialismo eran insuficientes para aprobar la reforma. Hoy, con la mayoría calificada de Morena en ambas cámaras del Congreso, el panorama es distinto.
“Está dispuesto a defender lo indefendible. Las declaraciones recientes que ha realizado en donde afirma que para hacer la reforma no es necesario consensuar con la oposición son una traición al pasado del propio Pablo Gómez, está ignorando sus ideales que tanto defendió durante su trayectoria en el INE”, considera Martín Reyes.
De Pepe Merino a Arturo Zaldívar; así se integra la Comisión
Además de la titularidad de Gómez Álvarez, el decreto dicta que la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral estará integrada por las personas titulares de las siguientes dependencias y unidades:
- Rosa Icela Rodríguez, secretaría de Gobernación. Fue la primera mujer secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana con Andrés Manuel López Obrador.
- José Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Director de la Agencia Digital de Innovación Pública durante la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México de Sheinbaum Pardo.
- Ernestina Godoy Ramos, Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal. Exfiscal General de Justicia de la Ciudad de México.
- Arturo Zaldívar, Coordinador General de Política y Gobierno de la Oficina de la Presidencia de la República. Jurista, académico, funcionario mexicano y ministro en retiro de la SCJN.
- Lázaro Cárdenas Batel, titular de la Oficina de la Presidencia de la República. Fue gobernador de Michoacán de 2002 a 2008 y fue el asesor principal del expresidente López Obrador durante su mandato.
- Jesús Ramírez Cuevas, Coordinador de Asesores de la Presidencia de la República. En el sexenio pasado, fue Coordinador General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República.
“Son perfiles competentes. Rosa Icela tenía que integrar la Comisión porque es titular de Gobernación. Godoy y Zaldívar podrán ser las voces de derecho para la redacción de la propuesta y Lázaro y Jesús son personas cercanas a Presidencia que conocen el tema. José Merino es quien resalta en el grupo porque su Agencia no tiene relación con la reforma, habrá que ver qué función tendrá”, expone Arturo Sánchez.
En contraste, Javier Martín Reyes considera que la Comisión Presidencial carece de pluralidad de formaciones, visiones y experiencias, “quienes la integran son personas muy cercanas a la Presidenta, si terminan proponiendo algo que sólo favorece a Morena, me temo que veremos que la función de la Comisión será una simulación”.
Ambos especialistas coinciden en que en la Comisión deberían de incluirse también representantes del INE o del Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJF). “En esa mesa, también tendrían que estar sentadas las Fiscalías, pues uno de los grandes pendientes en México es que, en el país, los delitos electorales gozan de una impunidad brutal”, destaca Reyes.
Quienes integran la Comisión podrán designar a una persona servidora pública como suplente permanente para cubrir sus ausencias, quien deberá tener un nivel mínimo de director general u homólogo, mientras que, la suplencia de la persona titular del Ejecutivo Federal recaerá en la Presidencia Ejecutiva de la Comisión.
La Comisión podrá invitar a representantes de dependencias, entidades, instituciones públicas o privadas de los tres órdenes de gobierno, organismos autónomos, academia y sociedad civil, quienes podrán participar con derecho a voz, pero sin voto.
“México es un país con muchos pendientes en el sistema electoral. Hoy, con esta Comisión, es claro que el gobierno no está interesado en generar consenso y sin él, podríamos perder la legitimidad de los procesos electorales, y eso, sería un retroceso genuinamente histórico”, advierte Javier Martín Reyes.
