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El pasado jueves 27 de febrero, 29 personas ligadas al crimen organizado fueron trasladadas de México a Estados Unidos. Entre ellas se encontraban capos históricos como Rafael Caro Quintero y líderes de organizaciones como el Cártel de Sinaloa, Del Golfo, Jalisco Nueva Generación, los Zetas, entre otros.
La Casa Banca describió la operación como una “extradición” llevada a cabo por instrucciones de Donald Trump al Departamento de Justicia estadounidense. Sin embargo, un día después, el fiscal general de la república, Alejandro Gertz Manero, aclaró que el traslado fue un “envío” realizado a solicitud de las autoridades de Estados Unidos.
El veloz traspaso de custodia de los narcotraficantes hacia Estados Unidos ha levantado dudas sobre su sustento legal. “Estamos ante un gobierno que hizo una excepción ignorando totalmente el marco normativo”, asevera en entrevista la abogada Cecilia Kalch, quien advierte que la medida del gobierno mexicano sienta un precedente peligroso para la aplicación de las leyes en México.
Te explicamos cómo funcionan los procesos de extradición en México y la controversia legal alrededor del envío de los 29 narcotraficantes al otro lado de la frontera.
¿Cómo funciona la extradición en México?
Los procesos de extradición en México están regulados por tratados internacionales que México establece con cada país. El tratado con los Estados Unidos fue firmado en 1978. También existe la Ley de Extradición Internacional, que establece las reglas y procedimientos para entregar a una persona acusada de un delito en el extranjero.
El proceso inicia con una solicitud formal a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) por parte del país que solicita la extradición, posteriormente un juez examina el caso, escucha a la persona acusada y emite opinión para conceder o no la extradición de acuerdo a los requisitos que indica la ley. La resolución final es decidida por la SRE y sólo puede ser impugnada a través de un amparo.
El fiscal Alejandro Gertz aseguró que el traslado de los capos se realizó en estricto apego a las leyes mexicanas y citó la Ley de Seguridad Nacional y el artículo 89 constitucional como las bases legales detrás del envío.
No obstante, las normas referidas por el funcionario no abordan procesos de extradición y, en cambio, señalan las situaciones consideradas como amenazas a la seguridad nacional de México, así como las facultades y obligaciones de la persona que ocupa la presidencia de la república. “No se está aplicando ninguna ley de extradición, esta es una solicitud de seguridad nacional”, aclaró el fiscal en conferencia de prensa el pasado 28 de febrero.
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Ven falta de fundamento legal
Para la abogada Cecilia Kalch, no hay un auténtico fundamento legal que autorice el traslado de las 29 personas ligadas al crimen organizado a Estados Unidos. “El problema de conceder este tipo de situaciones es que borran por completo la línea del límite de cómo se pueden trasgredir las leyes”, señala en entrevista.
Kalch explica que la decisión del gobierno mexicano establece un mal precedente, pues pasa por alto todo el marco normativo sobre la extradición, el cual no sólo apuntala las características de un debido proceso, sino que también marca límites para prevenir acciones arbitrarias por parte del Estado.
El Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ha justificado el envío de los líderes criminales a Estados Unidos señalando que existía el riesgo de que fueran liberados. “El Gabinete de Seguridad cuenta con información que existía un riesgo de que algunos de estos objetivos solicitados por el gobierno de Estados Unidos fueran liberados o siguieran atrasándose sus procesos de extradición, derivado de acuerdos con algunos jueces que buscaban favorecerlos”, señaló el funcionario.
“A mi parecer no hay ninguna prueba contundente de que lo que diga (Harfuch) sea real o no. Ahora, este ha sido el argumento central de desprestigio al poder judicial, pero si las carpetas de investigación o las solicitudes de extradición están mal hechas, entonces el poder judicial queda un poco amarrado de manos para conceder estas extradiciones”, sostiene Kalch.
La abogada admite que existe corrupción y vicios dentro del poder judicial, pero considera “una hipocresía brutal echarle la bolita al poder judicial, porque sabemos que la situación (del traslado de las 29 personas) no responde a una cuestión de seguridad nacional, sino a las amenazas de aranceles de Estados Unidos. Me parece esto gravísimo, porque en el contexto de la entrada de Donald Trump a la presidencia, deja a México en el yugo de su poder”, sentencia.
Kalch sostiene que esta medida plantea un escenario donde las amenazas del vecino del norte justifican violaciones al marco normativo de México. “Hoy es con personas vinculadas al narcotráfico, pero mañana puede ser con migrantes y pasado mañana con opositores al régimen. Si concedemos hoy, concedemos mañana”, advierte.
Pese a que el envío de los capos del narco se ha leído como una medida de persuasión frente a la amenaza de aranceles de Trump, el mandatario estadounidense confirmó la imposición de los impuestos al comercio a partir de este 4 de marzo.
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