El pasado 6 de marzo, un grupo de buscadores de personas desaparecidas reportó el hallazgo de un campo de exterminio del crimen organizado en un rancho de Teuchitlán, Jalisco. Pesé a que el lugar, ubicado a poco más de una hora de Guadalajara, ya había sido asegurado por la Guardia Nacional el pasado 18 de septiembre, fue hasta este 11 de marzo que las autoridades locales y federales, obligadas por la presión social, aseguraron e inspeccionaron el lugar.
Desde diciembre, el colectivo de Madres Buscadoras de Jalisco encontró en el rancho Izaguirre los crematorios y las pertenencias de cientos de personas. Sin embargo, la atención mediática se detonó el jueves 6 de marzo, cuando el colectivo Guerreros Buscadores difundió la foto de cientos de zapatos abandonados. El viernes todo estalló.
No es la primera vez que la intervención de las autoridades llega hasta después de la denuncia de organizaciones de la sociedad civil. Durante las últimas décadas, los colectivos de buscadores de personas desaparecidas han tomado un papel indispensable en la localización de fosas y crematorios clandestinos, por ello El UNI Explica recapitula algunos de los casos más emblemáticos de los últimos años.
Las masacres de San Fernando, Tamaulipas
En agosto de 2010, la Secretaría de Marina reportó el hallazgo de 72 cadáveres en una bodega ubicada en un rancho del municipio de San Fernando, Tamaulipas. Se trataba de los cuerpos de migrantes asesinados por el grupo criminal Los Zetas.
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Las víctimas, provenientes de países como Honduras, El Salvador, Guatemala y Ecuador, fueron presuntamente ejecutadas después de negarse a colaborar con los delincuentes. Al año siguiente, se encontraron más de 190 cuerpos en fosas clandestinas en diversos puntos del municipio. Los cadáveres correspondían al de personas desaparecidas mientras viajaban en autobús hacia la frontera norte.
Pese a la magnitud de los descubrimientos, la actuación de las autoridades fue lenta y opaca. La organización Periodistas de a Pie documentó diversas irregularidades en las investigaciones oficiales, como contradicciones en las versiones descritas, colusión de policías con el crimen organizado y falta de protocolos adecuados en el manejo y repatriación de los cuerpos.
Por casi 15 años, diversas organizaciones de la sociedad civil y familiares de las personas desaparecidos en San Fernando ejercieron presión para esclarecer los hallazgos. Recién en 2023 se transparentó parte de la investigación oficial. Asimismo, entre 2024 y 2025 se sentenciaron a 14 integrantes de Los Zetas por las masacres y desapariciones en la localidad.
Tetelcingo, Morelos: la fosa donde el Estado enterró el olvido
En 2014, la familia del joven Oliver Wenceslao Navarrete Hernández descubrió que el cuerpo del joven fue inhumado de manera ilegal en una fosa operada por las propias autoridades estatales. El caso reveló que la Fiscalía de Morelos había enterrado más de 100 cadáveres en una fosa común irregular en el municipio de Tetelcingo, sin cumplir con protocolos de legales de identificación, notificación y resguardo.
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Con el respaldo de organizaciones civiles, académicos y colectivos de búsqueda, la familia evidenció el manejo negligente y revictimizante de la Fiscalía, lo que desató una crisis de credibilidad en las autoridades de Morelos. La familia de Oliver logró que las autoridades abrieran la fosa para exhumar y recuperar el cuerpo del joven.
Con el apoyo de organizaciones, la familia también logró que los demás cuerpos de la fosa fueran exhumados, identificados y entregados a sus familiares. Según un informe de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en Tetelcingo se encontraron 117, de los cuales, al menos 84 presentaban rastros de violencia.
En 2016 se descubrió una segunda fosa estatal en Jojutla, también con decenas de cadáveres inhumados de forma irregular.
Colinas de Santa Fe, “la mayor fosa del país”
En septiembre de 2016, integrantes del colectivo “Solecito de Veracruz” comenzaron a excavar en un predio del fraccionamiento Colinas de Santa Fe, en Veracruz. La organización de búsqueda de personas desaparecidas terminó por encontrar la fosa clandestina “más grande México”, como la describiría más tarde el exfiscal estatal Jorge Winckler.
En la megafosa se localizaron 298 cuerpos sepultados clandestinamente por integrantes del crimen organizado. Los propios integrantes del colectivo coordinaron los trabajos iniciales de exhumación, con apoyo de peritos independientes, y lograron abrir un camino que obligó al gobierno estatal a intervenir y reconocer la magnitud de la tragedia.
En agosto de 2019, concluyeron los trabajos de búsqueda restos humanos con un total de 22 mil 900 restos óseos hallados.
Las fosas de Salvatierra, Guanajuato
En octubre de 2020, colectivos de búsqueda de personas desaparecidas localizaron una serie de fosas clandestinas en un predio del barrio de San Juan, en Salvatierra, Guanajuato. Lo que empezó como una búsqueda motivada por la ausencia de respuesta institucional, terminó siendo el hallazgo de al menos 80 cuerpos, muchos de ellos desmembrados y con signos de tortura.
A raíz de esta tragedia, familiares de víctimas fundaron el colectivo “Ángeles de Pie por Ti”, que ha jugado un papel crucial en la memoria, exigencia de justicia y acompañamiento a otras familias. En 2024, impulsaron la creación del Memorial de Salvatierra, como un espacio para honrar a las víctimas y denunciar la omisión institucional.
De acuerdo con un reporte de Milenio de febrero de 2024, el predio donde fue localizada la fosa clandestina seguía siendo utilizado por grupos delictivos como un campo de exterminio, pues en el lugar se encontraron casquillos y pertenencias de un joven que fue asesinado aquel año y cuyo cuerpo apareció en un camino de terracería del municipio de Tarimoro.
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