Toluca, Méx.- Sólo 20% de los 125 ayuntamientos mexiquenses están en condiciones de ejercer la Ley de Justicia Cívica, destinando recursos humanos, infraestructura y procedimientos normativos para garantizar la presunción de inocencia, priorizar la mediación y actuar en estricto apego a los derechos humanos, informó la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), Myrna Araceli García Morón.
En entrevista, dio a conocer que 25 municipios ya se encuentran en condiciones de operar la ley, entre ellos Tecámac, quien cuenta con mejores condiciones de cumplimiento, además de Chapultepec, San Mateo Atenco, Teoloyucan, Toluca, Xonacatlán, Acolman, San Antonio la Isla, Tultitlán, Tejupilco, Lerma, Atizapán de Zaragoza, Otumba, Aculco, Chiautla, Acambay, Papalotla, Texcoco, Tlalnepantla, Huixquilucan, Xalatlaco, Almoloya del Río, Ecatzingo, Temoaya y Villa del Carbón.
Condiciones de los municipios para acatar el mandato
Como parte de un diagnóstico sobre las condiciones de los municipios para acatar el mandato, explicó que, sin previo aviso, la CODHEM realizó visitas a galeras municipales y otras instalaciones para constatar su ambiente y sus procedimientos, pudiendo detectar el cumplimiento de algunos, pero también irregularidades en otros, donde persisten violaciones a los derechos humanos e incluso la comisión de algún delito o falta administrativa.
“Actualmente lo que prevé la ley es que se privilegien los medios alternos, es decir, la mediación, que haya incluso un trabajo comunitario y que la última alternativa de sanción por parte de los jueces calificadores sean los arrestos en el máximo de las 36 horas que se prevé”, comentó.
A lo largo de las visitas que realizó la CODHEM, junto con la aplicación de cuestionarios a personal de los ayuntamientos, usuarios de galeras y policías, la presidenta señaló que vigilaron que cuenten con el recurso humano establecido entre jueces, secretarios, psicólogos, médicos, facilitadores y policías de custodia; en caso de establecer el arresto, garantizar condiciones decorosas, dignas, limpias y ordenadas, previendo el suministro de alimentos y que no se encuentren incomunicados los detenidos.
Con estas acciones señaló que lo que se busca es poner fin a la discrecionalidad en la que se infraccionan conductas que implican una falla administrativa de manera arbitraria e injustificada.
“La ley busca salvar la convivencia comunitaria a través del respeto y el orden, entonces creo que todas las autoridades tendrían que estar interesadas en ello. Vamos a emitir el diagnóstico, ya tenemos incluso algunas recomendaciones para los municipios que las estaremos dando a conocer en breve”, agregó.
vcr
