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La Ley General de Bibliotecas entró en vigor al día siguiente de su publicación el pasado 1 de junio en el Diario Oficial de la Federación (DOF); sin embargo, no fue discutida y consensuada entre libreros, bibliotecarios, editores y editoriales, y actualmente no cuenta con un reglamento, lo que ha desembocado en una serie de problemas legales, que fueron analizados durante la mesa “El futuro de las bibliotecas, a debate” , organizada por EL UNIVERSAL y Periódicos Asociados en Red.
En el encuentro participaro n Tomás Granados , director de la editorial Grano de sal; Quetzalli de la Concha, abogada experta en derechos de autor y presidenta del Centro Mexicano de Protección y Fomento de los Derechos de Autor (CeMPro); Juan Luis Arzoz, Presidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (CANIEM), y Gerardo Jaramillo, Consejero del Comité de Cultura de EL UNIVERSAL.
Uno de los principales problemas, dijo Arzoz, es que la Ley General de Bibliotecas ya está en vigor: “Como todo mundo, en la Cámara nos enteramos el día que salió” y ante esa situación, la Caniem, CeMPro y otras agrupaciones, han entablado reuniones, la más reciente fue una que mantuvieron con la Dirección General de Bibliotecas, la subsecretaria Marina Núñez Bespalova y el jurídico de la Secretaría de Cultura, esto con miras para trabajar en el contenido del reglamento que aún está pendiente.
“Nosotros como Cámara aplaudimos la Ley siempre y cuando funcione como tiene que funcionar. Por otro lado, estamos viendo algunas reformas a la ley”, indicó Arzoz, quien también enfatizó que “la ley entró en vigor y así nos los han hecho saber. (Nos dicen) que el reglamento se elaborará y demás, pero la ley ya está en vigor, entonces es una situación un poco rara”.
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La publicación de esta ley implicó la abrogación de la Ley General de Bibliotecas publicada el 21 de enero de 1988. En su contenido, plantea que las editoriales podrán deducir impuestos a través de las donaciones en especie a la Dirección General de Bibliotecas y que las productoras de materiales culturales, impresos y digitales están obligadas a entregar copia en depósito legal a la Biblioteca del Congreso de la Unión, la Biblioteca Nacional de México y desde ahora a la Biblioteca de México, en caso de no hacerlo deberán pagar “una multa equivalente a cincuenta veces el precio de venta al público de los materiales no entregados”.
En su intervención, Tomás Granados señaló que sí hay aciertos en la nueva Ley: "En general los editores celebramos una Ley General de Bibliotecas como una herramienta que en teoría debería estimular la producción, la creación y el acceso a los libros. Hay ese ánimo central, en estos tres años del gobierno actual donde ha habido una ausencia casi absoluta de política pública a favor de los libros, lectores y autores. Esto fue una pequeña luz"
Entre los puntos a favor, enlistó Granados, está el “ánimo de fortalecer” a la Red Nacional de Bibliotecas. “El lugar que ocupan los bibliotecarios, de pronto está teñido de una retórica grandilocuente y un poco hueca, como el Manifiesto de Bibliotecas que publicó el entonces director de Publicaciones. El ánimo me parece correcto, quizá la enunciación y el aterrizaje no tanto”.
Otro punto que se ha pasado por alto es la propuesta de crear el “Sistema Nacional de Bibliotecas”, incluidas las más de 7 mil públicas, con aquellas de corte privado, universitario y social: “Ojalá que no se quede en un ‘elefante blanco’ o en un membrete sin sustancia”.
Sin embargo, lamentó Granados, la Ley tiene muchos otros elementos negativos y ausentes: “Ya tenemos una Biblioteca Nacional en resguardo de la UNAM y en vez de fortalecerla, se crea un espacio alternativo. Ahí hay un error, el camino natural era fortalecerla y darle el lugar que necesita, darle presupuesto y no esperar que sea a través de la Universidad Nacional que se mantenga en marcha”.
Quetzali de la Concha resaltó que discutir y analizar a la Ley es de suma importancia, pues involucra a las industrias generadoras de contenidos artísticos y creativos y una trascendencia en cuestión de la divulgación de la lectura, cultura y educación.
“Esta ley es bastante controvertida. Uno de los términos controvertidos es la preservación, ¿cuál es su función? El recoger, guardar y proteger la memoria histórica cultural de un país, estado o población. Esto debería estar revestido por otra parte que fue ignorada en esta nueva ley, que es el Derecho de Autor”, dijo la abogada.
Los especialistas coincidieron en que hubiera sido mejor consultar a los involucrados en la creación del libro antes de publicar la Ley: “Me parece muy triste y lamentable que esta conversación, esta discusión pública, ocurra en los tribunales, mediante juicios de amparo. Los editores queremos leer originales y no leyes, lo que queremos es producir libros y no solicitudes de amparo. Me parece una oportunidad desaprovechada con un resultado triste que ojalá luego sea benéfico. Me temo que lo sustancial no se puede corregir en el reglamento y en consecuencia hay que apuntar a una modificación legislativa”, dijo Tomás Granados.
Gerardo Jaramillo también dijo que algunos vacíos podrían enmendarse en el Reglamento, pero para ello, “hay que hacer conciencia que los legisladores deben acercarse a los gremios”.
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