Gran reto para México es brindar educación a toda la población, de acuerdo con lo establecido por la Constitución. Sin embargo, es necesario fortalecer las inversiones públicas en infraestructura educativa y formación docente, pues han sido insuficientes para solventar las carencias educativas y, lo más grave, la exclusión de sectores de la población que aún persiste. Esta problemática responde también a la desigualdad, inseguridad social y discriminación, que representan la privación de un derecho fundamental, tutelados en instrumentos jurídicos nacionales e internacionales. Entre los grupos privados de su derecho a la educación están los pueblos originarios y el afromexicano.

Gobiernos e instituciones de educación superior deben saldar esta deuda histórica aún pendiente para con estos pueblos. Varios instrumentos jurídicos respaldan su acceso a diferentes niveles de educación y ya desde los años 80 del siglo pasado han propiciado que gobiernos, universidades, organismos nacionales e internacionales y fundaciones apliquen políticas, programas y estrategias que posibiliten el acceso efectivo de personas de pueblos originarios y del afromexicano a la educación superior. Algunos mecanismos legales, más allá de haber sido gestionados e instrumentados por los Estados nacionales, representan la vía de reivindicación a sus demandas y el producto de sus luchas y movimientos sociales. Destacan el Convenio Número 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

La existencia de estos marcos jurídicos ha repercutido en las políticas y estrategias educativas de los gobiernos y son parte de sus principios rectores. En la unam adquiere un carácter orgánico el impulsar iniciativas a través del Programa Universitario México Nación Multicultural (pumc), hoy Programa Universitario de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad (puic), como El Pacto del Pedregal (signado en octubre de 2004 por el rector Juan Ramón de la Fuente y 25 de los más importantes líderes y lideresas de pueblos originarios del continente); los proyectos Estado del Desarrollo Económico y Social de los Pueblos Indígenas de México para Guerrero, Michoacán, Chiapas y Veracruz; la Evaluación del Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo; Medio Siglo de Movimientos y Organizaciones Indígenas en América Latina; Impacto de los Megaproyectos de Desarrollo en Zonas Indígenas y Negras de América Latina; así como el programa docente transversal México Nación Multicultural y el Sistema de Becas para Estudiantes Indígenas y Afromexicanos.

Así, creando organismos y espacios para el encuentro y el diálogo intercultural, la unam atiende las demandas educativas de personas de pueblos originarios y del afromexicano. Sin embargo, el reto es continuar fortaleciendo la concurrencia de perspectivas y concepciones en un contexto universitario para desvanecer resabios monoculturales, discriminación y racismo, y que emerjan con mayor fuerza los embates de renovación e innovación intercultural en la academia, la investigación, la docencia y la formación docente que le permiten generar a la unam espacios de creación y aplicación de conocimientos, con una sólida aspiración de alcanzar altos niveles de calidad académica y de pertinencia social y cultural. De aquí la relevancia de Fundación unam y su Foro 20.20, espacio de diálogo e intercambio académico sobre temas de relevancia social, como la educación superior inclusiva, que incide en la construcción de relaciones de equidad. Por ello, me complace ser parte de esta iniciativa. Felicito a la Fundación por sus 30 años de trabajo y su importante labor a través de becas y otras actividades, que contribuyen a cumplir con los objetivos de la unam.

Directora del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad (PUIC) de la UNAM.

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