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El miércoles 29 de diciembre se cumplió un mes de la toma de instalaciones del Centro de Investigación y Docencia Económicas ( CIDE ) por parte de miembros de la comunidad estudiantil que cuestionan la designación de José Antonio Romero Tellaeche como director de la institución; cuestionan tanto el proceso por el cual llegó a ocupar el cargo, como las acciones que llevó a cabo antes en calidad de director interino.
El diálogo entre las partes no ha sido posible, y aunque los estudiantes incluso se han manifestado en las instalaciones del Conacyt –cabeza del sector científico— la institución anunció que desde el 1 de enero la vigilancia del CIDE, sede Santa Fe, estará a cargo del Servicio de Protección Federal (SPF). Romero Tellaeche dio a conocer que decidió contratar al SPF como “producto de la necesidad de mantener servicios de vigilancia y resguardo”.
El sitio web publicó esta semana que el CIDE pagará siete millones de pesos por el Servicio de Protección Federal, que estará activo a partir del 1 de enero de 2022. Esto representa, según ese medio, un incremento de 40% con relación a 2021.
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Aunque este servicio se ha contratado en años anteriores, anunciar que se tendrá desde el 1 de enero (en 2021 fue entre marzo y diciembre) en medio de este conflicto, y en un contexto de supuesta austeridad, resulta más cuestionable para la comunidad. Por ejemplo, en redes sociales, un estudiante de la maestría en Métodos para el Análisis de Políticas Públicas señaló respecto a este contrato por siete millones pesos: “La austeridad republicana dura hasta que hay que desembolsar en personal armado. Conacyt le pagará más dinero para ‘vigilar’ la sede Santa Fe del CIDE a personal de la SPF... para intimidar a los estudiantes y tratar de sofocar otra protesta”. El mensaje fue retuiteado por otros miembros de la comunidad del CIDE.
El Conacyt no reconocido la protesta y menos a quienes se manifiestan. Habla de “un grupo de personas que se refieren como estudiantes” que tomaron las instalaciones del CIDE. Así se lee en el contrato de cancelación del 2 de diciembre de la licitación del Servicio de Seguridad y Vigilancia intramuros para el CIDE.
En respuestas a los cuestionamientos que respecto a la contratación del Servicio de Protección Federal hizo Amnistía Internacional, Romero Tellaeche argumentó que “el contrato contraído con el Servicio de Protección Federal es producto de la necesidad de mantener servicios de vigilancia y resguardo”. Añadió que se hizo porque se “busca mantener las condiciones existentes de seguridad y resguardo, que mantienen similitud con las condiciones actuales, así mismo busca que los elementos sean principalmente femeninos y que dicho personal no se encuentre armado”.
Las instalaciones de la institución, en la Carretera México-Toluca 3655, fueron tomadas el 29 de noviembre, después de que la doctora María Elena Álvarez-Buylla , directora del CONACYT, informara que había tomado la decisión de designar a Romero Tellaeche como director general del CIDE, para el periodo 2021-2026.
Sin embargo, el conflicto comenzó antes y se dejó escalar sin que las autoridades escucharan las demandas de la comunidad. Mientras ocupaba la dirección interina, Romero Tellaeche destituyó a dos académicos de sus puestos administrativos: Catherine Andrews , de la Secretaría Académica; y Alejandro Madrazo Lajous , de la dirección del CIDE región Centro, en Aguascalientes.
El viernes 19 de noviembre, la comunidad estudiantil se manifestó afuera del Conacyt, en Insurgentes Sur 1582. La protesta duró más de tres horas y ninguna autoridad del Consejo les abrió las puertas para recibir un pliego petitorio en el que, entre otras cosas, solicitaban que Romero Tellaeche no fuera designado como director general del CIDE.
El descontento aumentó y las instalaciones del Centro en Aguascalientes también fueron tomadas –el 18 de diciembre la comunidad liberó esas instalaciones--. El 2 de diciembre, la Asamblea Permanente del CIDE convocó a la directora del Conacyt a una sesión abierta y el 3, la invitación la hizo la Asamblea General de Estudiantes. En ninguna de esas dos ocasiones hubo respuesta por parte de la funcionaria y para el sábado 4 de diciembre se llevó a cabo una manifestación en el Parque Hundido hasta las instalaciones del Conacyt.
El primer acercamiento entre las autoridades y la comunidad cideita se dio el 7 de diciembre, cuando Romero Tellaeche envió correos electrónicos a algunos estudiantes de nivel licenciatura, a las 14 horas, en los que les invitó a una reunión virtual. Los estudiantes se organizaron y comenzaron a retransmitir la reunión en la que participó Álvarez-Buylla, quien, sin éxito, intentó convencer a la comunidad de que su decisión había sido la correcta y que todo el proceso era legal. Ahí, la funcionaria dijo: “¿Por qué no acudí a estas convocatorias (del 2 y 3 de diciembre)? Porque las citas fueron así, como imposición y no hubo un acuerdo. Tengo una cantidad tremenda de obligaciones aquí y en todo el territorio nacional, tengo una agenda muy fuerte”.
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Tras ese primer encuentro acordaron tener una reunión el jueves 9 de diciembre, a las 16 horas, en el CIDE, misma que se pospuso para el viernes 10 porque aunque nunca quedó pactado entre ambas partes, la funcionaria pretendía que, a cambio de firmar una carta de no represalias, los estudiantes entregaran las instalaciones.
El viernes tampoco se dio el encuentro, de hecho, Conacyt dijo que el diálogo con los cideitas quedaba cancelado hasta nuevo aviso. Los alumnos señalaron falta de condiciones y por otro lado, el Conacyt los acusó no acudir a una reunión en la que se iban a tratar cuestiones de logística.
Sin embargo, Álvarez-Buylla dio una entrevista a la periodista Carmen Aristegui y ahí dijo que estaba abierta al diálogo. Por esas declaraciones, los estudiantes se instalaron afuera del Conacyt entre las 11 y 16 horas, pero la funcionaria tampoco acudió al llamado.
El 13 de diciembre, la posibilidad de diálogo que se manejó el fin de semana no se concretó tampoco. La directora dijo en una entrevista con Ciro Gómez Leyva Grupo Fórmula que era “totalmente improcedente desde el punto de vista legal” la renuncia de Romero Tellaeche e insinuó que el movimiento estudiantil se había politizado.
El 14 de diciembre, estudiantes, profesores y otros miembros de la comunidad, así como personal de otras instituciones educativas, participaron en una marcha hacia el Senado donde los estudiantes fueron recibidos por senadores de diversos partidos y pidieron que se discuta en la futura Ley de Ciencia la autonomía de los Centros Públicos de Investigación. Una de las respuestas es que la directora del Conacyt será llamada a comparecer; está por definirse cuándo se realizará.
Los manifestantes llegaron al Senado al grito de “Álvarez-Buylla, la ciencia no es tuya”, “La educación no se negocia”, “Más ciencia menos obediencia”, “Ciencia libre educación pública” y “autonomía para aprender” para exigir la destitución del director José Antonio Romero Tellaeche, pero, sobre todo, para pedir que en la discusión de la Ley de Ciencia se incluya la autonomía de los 26 Centros Públicos de Investigación en lo general, y del CIDE en lo particular.
melc
